La opacidad de la relación entre el dinero y la política ha pasado de ser la excepción, a constituir la regla en muchos países. Recientemente por ejemplo, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, denunciaba cómo en ese país muchos Congresistas deben “mendigar” a poderosos intereses económicos para financiar sus campañas políticas. En Corea del Sur, el máximo ejecutivo de Samsung consiguió un “perdón presidencial” no obstante haber cometido graves delitos financieros en ese país.
En el contexto de las movilizaciones sociales y generalizado “descrédito” que han alcanzado nuestras instituciones en los últimos años, y ahora que entramos en plena campaña presidencial, vuelven a surgir voces que plantean la necesidad de un nuevo período de “grandes acuerdos transversales” para enfrentar los actuales y futuros desafíos de nuestro país. Y en efecto, la “política” sí juega un rol central en las estrategias de desarrollo nacional de los países. Como lo han señalado diversos estudios, y como lo muestran los casos de países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, la calidad de la política, de las instituciones públicas, y la capacidad para generar acuerdos de largo plazo, son aspectos esenciales para asegurar sociedades más cohesionadas y un progreso sostenido en el tiempo.
Ahora, la política de los acuerdos que se impulsó al inicio de la democracia en nuestro país, respondió a otro contexto internacional, y escenario político y social internos. A nivel global imperaba sin contrapesos la visión “neoliberal” de la sociedad y economía, y esta ideología fue muy funcional a los intereses de grandes grupos empresariales (y sus representantes políticos) cuya incidencia desmedida en las políticas de la transición, explican (entre otros) la gran desigualdad y concentración del poder que existe hoy en nuestro país. En otras palabras, aquellas sociedades más prósperas e inclusivas que hoy existen a nivel global, han sido posibles no sólo porque ha habido políticas que fomentan el crecimiento, la innovación y la productividad (requisitos por cierto indispensables), sino porque sectores generalmente postergados han tenido el poder necesario para asegurar acuerdos y legislaciones que conllevan una distribución más equitativa de los beneficios obtenidos por ese crecimiento económico.
[cita]La opacidad de la relación entre el dinero y la política ha pasado de ser la excepción, a constituir la regla en muchos países. Recientemente por ejemplo, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, denunciaba cómo en ese país muchos Congresistas deben “mendigar” a poderosos intereses económicos para financiar sus campañas políticas. En Corea del Sur, el máximo ejecutivo de Samsung consiguió un “perdón presidencial” no obstante haber cometido graves delitos financieros en ese país.[/cita]
Es el caso de países nórdicos de Europa, donde el peso de los sindicatos y las organizaciones sociales es un pilar esencial para asegurar políticas que permiten una alta calidad de vida para toda la población. Por el contrario, en países con una “civilidad” débil y fragmentada, es posible observar altos índices de desigualdad y abusos, pues generalmente en tales casos una buena parte de la “clase política” se encuentra “capturada” y actúa en connivencia con grandes intereses económicos, abdicando así de su función primaría de proteger al ciudadano común. Sobre esto hay evidencias de sobra en la época actual, donde además, la opacidad de la relación entre el dinero y la política ha pasado de ser la excepción, a constituir la regla en muchos países. Recientemente por ejemplo, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, denunciaba cómo en ese país muchos Congresistas deben “mendigar” a poderosos intereses económicos para financiar sus campañas políticas. En Corea del Sur, el máximo ejecutivo de Samsung consiguió un “perdón presidencial” no obstante haber cometido graves delitos financieros en ese país.
El escritor español, Antonio Baños, ha descrito este período global como la posteconomía, “una forma de dominio absoluto basado en el miedo y el endeudamiento, que genera obediencia servil a un nuevo estamento señorial (las élites financieras y empresariales) que rige por encima de la geografía, el Estado y la ley”. Y hay datos duros para respaldar interpretaciones como esta: hoy el 2 % más rico tiene la mitad de la renta del planeta. O como dice uno de los grandes millonarios estadounidenses, Warren Buffet: “Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y la vamos ganando”.
En este mismo país, el presidente Obama ha tenido que apelar varias veces a la “acción ciudadana” para enfrentar lo que el mismo ha llamado “voces poderosas” que paralizan o desvirtúan proyectos importantes, como una nueva ley de control de armas, el pago de impuestos más altos por parte de los ricos, o la reforma migratoria que permitiría regular la situación de cerca de 12 millones de inmigrantes ilegales. En definitiva, esta excesiva concentración del poder económico que hoy vemos en el mundo (y en Chile) está socavando la esencia misma de la democracia y sus instituciones, pues crecientemente “el voto del poder económico” tiene una primacía incontrarrestable sobre el de los ciudadanos comunes. Por esto es que en Chile hay que consolidar primero una “nueva mayoría social y política”, donde deben converger los partidos de la centro-izquierda y las organizaciones ciudadanas, y una vez alcanzado este objetivo, entonces sentarse nuevamente a la mesa para buscar grandes acuerdos, pero que deberán reflejar ahora esta nueva relación de fuerzas a partir de una ciudadanía organizada y vigilante, que fue el gran pilar ausente de la anterior “política de los consensos”.
