Mucho más al norte, en México, voces críticas vienen identificando a un grupo de legisladores que defienden, abierta o disimuladamente, los intereses de las grandes cadenas que controlan la televisión abierta. Es la Tele Bancada.
En nuestro Congreso, en tanto, no se ha descubierto alguna articulación de similar naturaleza, al menos no por el momento.
Pese a ello, hoy fuimos notificados de que la industria televisiva no necesita una Tele Bancada. Sólo un par de días demoró el Gobierno en vetar la franja electoral para las elecciones primarias presidenciales, accediendo de manera mecánica a la petición de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL). Los canales acusaron “discriminación” y “perjuicio económico” a raíz de la aprobación en el Senado de la franja televisiva propuesta por el senador José Antonio Gómez. En su declaración pública ANATEL sostiene, con singular desenfado, que “el compromiso de la televisión abierta con los chilenos es cotidiano y evidente”.
Como tantas veces se ha dicho, los canales sólo son titulares de una concesión sobre un bien público y por esa razón deben también prestar un servicio a la comunidad.
Las razones invocadas por el Gobierno son sorprendentes. Por una parte afirma que la franja es fundamental en los procesos electorales “dado que se funda en un motivo de interés general”. En cambio, según el Ejecutivo, las primarias serían “actos voluntarios” que no corresponden a “procesos generales” y en consecuencia no harían razonable la aplicación de la franja. Es decir, no serían de interés general. Esto carece de sentido desde el momento en que las primarias son reguladas por ley y que participan órganos públicos en su implementación. Además, la ley que establece las elecciones primarias expresamente dispone que el sufragio será secreto e informado.
Desde otro ángulo, no es esta la primera vez en que el Gobierno de Piñera sale a cautelar los intereses de grandes grupos mediáticos. Ya lo hizo al legitimar la posición del Grupo Prisa, conglomerado extranjero que controla más de 200 frecuencias de radio. Y, por supuesto, al decretar el cierre de La Nación, en indiscutible beneficio del duopolio de la prensa escrita.
Con todo, hay algo en el debate que se omite. Al fundar su propuesta, el Senador Gómez, indicó que “la concentración de los medios decomunicación en el ámbito político es evidente.” Es esa la verdadera razón que hace necesaria, en este caso, la intervención del poder público para garantizar un mínimo de información a los ciudadanos. Naturalmente, este déficit democrático no se remedia con una franja.
En este sentido, más allá de lo contingente, no se advierte en la discusión presidencial un ánimo de emprender reformas que terminen con la concentración mediática. Esto resulta preocupante, sobre todo de parte de sectores que pretenden construir una nueva mayoría. Al respecto, no está demás recordar que en la segunda vuelta presidencial de 2009, las fuerzas políticas que hoy conforman la oposición, expresaron su voluntad por democratizar los medios de comunicación, un compromiso que hoy parece olvidado.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
