Opinión
La instalación del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se hizo con un procedimiento de “aprender en proceso”, que dejó en evidencia niveles de discrecionalidad reglamentaria, que parecen discutibles si se desea contar con un órgano de alta credibilidad y confianza ciudadana.
¿Con cuáles estándares de transparencia deberá actuar la nueva institucionalidad ambiental? La pregunta es pertinente pues dado el clima de desconfianza del país, la credibilidad de todos los tribunales y organismos regulatorios está afectada. No es sólo un problema de leyes o normas, sino de cultura cívica y organización. En materia de institucionalidad ambiental las cosas no parecen fluir en sentido positivo.
Luego del conflicto entre el Gobierno y la Corte Suprema, por la sentencia sobre la Termoeléctrica Castilla, la Superintendencia de Medio Ambiente, terminó con el desmantelamiento de todos sus altos cargos directivos, por decisión de la ministra María Ignacia Benítez.
La instalación del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se hizo con un procedimiento de “aprender en proceso”, que dejó en evidencia niveles de discrecionalidad reglamentaria, que parecen discutibles si se desea contar con un órgano de alta credibilidad y confianza ciudadana.
Ello no parecería tan ominoso si no existieran actuaciones y declaraciones previas de su Presidente, José Ignacio Vásquez, que generan aprensiones en el mundo profesional vinculado a los temas ambientales sobre los criterios que orientan la acción. En particular aquellas originadas en la controversia judicial por la marca “Pink Lady” de la empresa transnacional Apple and Pear Australia Limited (APAL), y cuya inscripción fuera negada por el Tribunal de Propiedad Industrial hace un tiempo.
[cita]La empresa Apeal trató de inhabilitar a Fernández en el TC a raíz de su reclamo, lo que no prosperó; y Vásquez declaró a un medio escrito que lo actuado por el ministro del Tribunal Constitucional se debía a un vínculo de amistad con una persona del Tribunal de Propiedad Intelectual.[/cita]
Antes de su nombramiento en el tribunal ambiental, Vásquez se desempeñó como Jefe de Estudios de la Corte Suprema de Justicia. El año 2011, Francisco Fernández, ministro del Tribunal Constitucional se percató que una causa que se alegaba ante el TC tenía como argumento principal un Informe en Derecho hecho por el Jefe de Estudios de la Corte Suprema, en circunstancias que esa misma Corte debía resolver posteriormente el fondo del problema.
En su opinión, eso constituía una lesión de los estándares de transparencia y probidad en materia de judicatura, pues podría interpretarse que el implicado estaba usando su cargo en la Corte —y la información privilegiada a la cual tenía acceso— para obtener contratos de clientes privados a los que proporcionaba informes en derecho. Por ello solicitó que el tema fuera puesto en conocimiento de la Corte Suprema.
En el Tribunal Constitucional el resto de los ministros miró al techo, y por insistencia de Fernández, el reclamo se fue como un acto individual suyo.
En la Suprema ocurrió algo similar, pese a que dos ministros —Pedro Pierry y Sonia Araneda— estuvieron por limitar las actuaciones del Jefe de Estudios. El Pleno de la Corte por unanimidad respondió que “Se tomó conocimiento de la información contenida en el documento de fojas 1” y punto. No fundamentó su resolución, no se explayó sobre el tema, y tampoco adoptó otra medida, al parecer porque el cargo de Jefe de Estudios no tiene impedimento legal de hacer informes en derecho para clientes privados. Independientemente si ellos son utilizados o no en causas sometidas jurisdiccionalmente al conocimiento de la Corte Suprema.
José Ignacio Vásquez sostuvo que no hubo ilícito en lo actuado por él, que se le solicitó su opinión “…en mi carácter de académico, sobre un tema de derecho y no en mi calidad de director de estudios”, añadiendo que no le pagó la empresa sino “la abogada que me contrató”.
Pero no todo quedó ahí. La empresa Apeal trató de inhabilitar a Fernández en el TC a raíz de su reclamo, lo que no prosperó; y Vásquez declaró a un medio escrito que lo actuado por el ministro del Tribunal Constitucional se debía a un vínculo de amistad con una persona del Tribunal de Propiedad Intelectual.
Esta última insinuación de conflicto de interés hecha por José Ignacio Vásquez molestó tanto como el hecho objetivo de su informe en derecho para un litigante ante el tribunal para el cual trabajaba. Pues en sus declaraciones omitió el hecho de que en la sala del Tribunal Constitucional donde se ventiló la causa, estaba integrada por su concuñado Enrique Navarro Beltrán, quien también fue su antecesor en la Jefatura de Estudios de la Corte Suprema. Eso, para hablar con claridad sobre conflictos de interés o inhabilidades.
La actitud del Tribunal Constitucional con el reclamo del ministro Fernández, lo resuelto por la Corte Suprema sobre él, o lo actuado por el propio José Ignacio Vásquez, está absolutamente fuera de los estándares éticos y de transparencia que se exige de cualquier tribunal, especialmente en aquellos de esa jerarquía. Todas esas conductas no hablan bien de una aplicación rigurosa de los controles y criterios sobre probidad y transparencia.
Si los mismos criterios se hubieren repetido en los procesos de selección de los funcionarios del nuevo tribunal ambiental, ameritaría que un control externo, tal vez la propia Contraloría General de la República certifique la transparencia del proceso, evitando que el tribunal tenga la sospecha de una mácula de ilegitimidad en su nacimiento.
