Señor Director:
El Presidente Piñera anunció el domingo pasado un proyecto de ley para modernizar el Congreso Nacional con el propósito de adecuarlo a las realidades del siglo XXI. Una de las realidades de este nuevo siglo es que el Congreso chileno es una expresión jibarizada de facultades legislativas y fiscalizadoras como consecuencia de un sistema de presidencialismo “reforzado”, condición que probablemente se excluya de las adecuaciones presidenciales prometidas.
Otra de las realidades, en la Cámara de Diputados al menos, es que desde 1990 ha habido numerosas modernizaciones –a lo menos seis-, sin que ninguna de ellas hubiese concluido o se haya evaluado cabalmente para verificar si sus resultados coincidían o no con los propósitos originales.
Sin perjuicio de que estas iniciativas aisladas pudieran haber resuelto problemas coyunturales, en ellas predominó la modernización entendida como la adopción de nuevas tecnologías, sin que se hayan revisado ni la organización y gestión legislativa y de fiscalización -que llevan más de un siglo inalterables-, ni se haya considerado el aggiornamento como un proceso sistémico que debe incluir necesariamente la participación de quienes lo lleven a cabo como condición indispensable para su éxito.
Es, sin embargo, el anuncio presidencial de recursos de asesoría para una función más eficiente lo que insta, en esta oportunidad, a una reflexión: los montos individuales destinados a asesoría externa, los servicios de más de treinta expertos en la Biblioteca del Congreso (4.000 informes proporcionados durante 2012), los invitados a las Comisiones de la Cámara (2.987 entre ministros, expertos e interesados en el mismo período) y la asesoría técnica interna parecen ser contribuciones más que suficientes para la elaboración de proyectos de ley o mociones parlamentarias, pero no lo son, sin embargo, cuando se trata de contrarrestar el predominio del Ejecutivo en los recursos de información, asesoría y conocimiento experto que acompañan sus propios proyectos o mensajes.
Sin necesidad de enmiendas dramáticas, la posibilidad de que el Ejecutivo consulte a la ciudadanía y a sus organizaciones sobre sus intenciones legislativas (como ocurre en el sistema británico), la obligación de acompañar a los mensajes los antecedentes, informes y estudios propios o contratados externamente que los fundamentan, y una organización racional de la gestión del conocimiento al interior del Congreso podrían contribuir, en las condiciones actuales, a mejorar la eficiencia y la eficacia de las funciones que le son propias.
(*) Hernán Ampuero Villagrán. Profesor Adjunto, Función y Asesoría Parlamentaria. Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica.
