Si el Estado es el que vulnera los derechos, la solución no está estatizar el sistema, sino más bien crear controles independientes sobre su intervención y las de los organismos colaboradores. Se hace fundamental constituir un sistema coherente y descentralizado hasta el nivel local que asegure la provisión de servicios y protección a los niños y niñas.
El Informe de CIPER sobre la situación de los niños y niñas que viven en hogares residenciales de los organismos colaboradores de Sename ha sido chocante.
Las violaciones a los derechos de los niños y niñas no son sorprendentes. El impacto proviene de los datos concretos, su masividad, institucionalización y por quienes sustentan el estudio.
Cuando se ha señalado que los niños viven una violación a sus derechos de manera institucionalizada no se exageraba, ni se hacía una afirmación irresponsable. Muchas ONG han presentado hechos a la justicia, llevado casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han entregado informes al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas con antecedentes de vulneraciones a los derechos.
El mencionado Comité señalaba ya en 1994: “Recomienda que el Gobierno realice esfuerzos especiales para armonizar completamente la legislación vigente con las disposiciones de la Convención y también para garantizar, a la luz de los principios generales de ésta, como se establece en su artículo 3, que los mejores intereses del niño sean la consideración principal en todas las medidas que afecten a los niños, incluidas las que adopte el Parlamento”.
Hasta el día de hoy se han presentado 4 proyectos de ley para la protección integral de los derechos del niño, los que nunca fueron aprobados. Se puede agregar que se presentaron más de 6 iniciativas para tener un Defensor del Niño, recomendación reiterada por el Comité desde el 2002: “El Comité alienta al Estado Parte a que, de conformidad con los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (resolución 48/134 de la Asamblea General), establezca un mecanismo independiente y eficaz, dotado de recursos humanos y financieros suficientes y al que puedan acceder fácilmente los niños para que:
[cita]Si el Estado es el que vulnera los derechos, la solución no está estatizar el sistema, sino más bien crear controles independientes sobre su intervención y las de los organismos colaboradores. Se hace fundamental constituir un sistema coherente y descentralizado hasta el nivel local que asegure la provisión de servicios y protección a los niños y niñas.[/cita]
a) Vigile la aplicación de la Convención;
b) Resuelva de forma expedita y respetuosa para el niño las denuncias presentadas por los niños; y
c) Establezca recursos para hacer frente a las violaciones de los derechos que les correspondan en virtud de la Convención”.
Si nos detenemos en la violencia sobre los adolescentes privados de libertad un rápido resumen de prensa arroja desde 1988 la suma de 54 muertos en recintos financiados por Sename, mayoritariamente en incendios. El reporte del 2013 del Observatorio de Niñez y Adolescencia (www.observatorioniñez.cl) da cuenta de la violencia en que viven los niños y niñas.
Desde la perspectiva de la grave situación que viven los niños y niñas en hogares residenciales, esta realidad ya era estudiada en 1997 (informe Mideplan) y debatida como “desinstitucionalización” en el año 2003. Había 14.000 niños en hogares residenciales y la cifra no ha disminuido sustantivamente, ni tampoco se ha elevado la calidad de los servicios. Este tema volvió a estar en las recomendaciones: “Al Comité le preocupa profundamente el informe que ha recibido sobre la práctica generalizada del maltrato de los niños dentro de las familias y en las instituciones, incluidas las que administra el Sename. Le inquietan la falta de datos e información sobre el maltrato y la desatención de los niños, la escasez de medidas, mecanismos y recursos para prevenir y combatir los abusos físicos y sexuales y la desatención de los niños, incluido el internamiento en instituciones de los niños víctimas de malos tratos, y el hecho de que haya pocos servicios para atender a los niños víctimas de malos tratos, en particular en las zonas rurales (…) el Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Realice estudios sobre la violencia en el hogar, el maltrato y los abusos, en particular el abuso sexual, dentro de la familia y en las instituciones, a fin de evaluar la magnitud, el alcance y la naturaleza de estas prácticas (…)
c) Vele por que existan procedimientos claros y bien conocidos para que los niños puedan presentar quejas sobre el trato que reciben a un órgano independiente, con adecuadas facultades de investigación y actuación.
d) Investigue eficazmente los casos de violencia en el hogar y de malos tratos y abuso de los niños, incluido el abuso sexual, dentro de la familia y en las instituciones, en el marco de una investigación y un procedimiento judicial que tengan en cuenta los intereses del niño, a fin de garantizar una mejor protección de las víctimas infantiles, incluida la protección de su derecho a la vida privada.
e) Haga todo lo posible para evitar el internamiento en instituciones de los niños víctimas de malos tratos.
g) Teniendo presente el artículo 25 de la Convención, vele por que los niños internados en instituciones o sometidos a otras formas de tutela sean objeto de una vigilancia y supervisión regulares.
Como se aprecia, el Estado demoró en tomar medidas ante estas Recomendaciones reiteradas de Naciones Unidas y tampoco fueron oídas las instituciones que plantearon casos concretos. A la vez que no se escuchó a aquellas que solicitaban más recursos para superar las deficiencias de su atención hacia los niños y niñas. Expresión de esto es el informe de la Comisión CISCP de octubre del 2012, que describe las vulneraciones de derechos y la subvención precaria de $ 150.000 por niño en vez de los $ 450.000 que se ha establecido como lo necesario.
Lo anterior no exime a quienes son responsables institucionales directos de la vida de los niños en los hogares donde fueron violentados o abusados en sus derechos.
La reacción del Poder Judicial ha sido similar a la época de la dictadura, cuando no acogía los recursos de protección y prefirió protegerse a sí mismo. En este caso descalificó la investigación y no creyó en los datos, en vez de poner el interés superior del niño como principio básico de su acción. Sename no reaccionó con la urgencia que la información requería para poner fin a la situación. Con esta posición el Poder Judicial y Sename desvirtuaron su decisión de haber participado en una investigación tan relevante. El sólo hecho que estuvieran las opiniones de los niños en la investigación debería haber sido motivo suficiente para tomar medidas, en tanto son sujetos con el derecho a ser oídos.
Por su parte, unos diputados anuncian ahora la creación de una comisión investigadora. Es un paso mínimo, pues muchos parlamentarios han luchado por proteger los derechos de niños y niñas y presionado por reformas legales, sin embargo la mayoría parlamentaria se ha opuesto o ha terminado modificando los proyectos al punto de hacerlos un calco de lo que se buscaba derogar. El ejemplo es la supervivencia de 23 años de la Ley de Menores.
En este panorama, se puede afirmar que hay una violación sistemática de derechos de los niños por parte del Estado. La reacción de éste ha sido protegerse de las denuncias, actuar con anuncios de dudosa eficacia y en definitiva esperar que pase el vendaval.
Una respuesta seria es investigar los casos denunciados en vez de cuestionar las metodologías. Remover a los responsables que por acción u omisión desde el Estado —y no sólo del gobierno— negaron protección a los niños y niñas teniendo la información. El Congreso debiera aprobar sin dilaciones el proyecto de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes presentada por las ONG con respaldo de la mayoría de los senadores el año 2011; a la par que aprueba la figura del Defensor de la Niñez, pues con estos dos instrumentos se pueden hacer exigibles el ejercicio de los derechos por parte de los menores de 18 años y el Estado quedaría obligado a responder en casos como los denunciados.
La respuesta seria y consistente sería revisar las políticas de protección universal de derechos que por sus debilidades alimentan el sistema de niños que van a los hogares residenciales y los centros de detención. Es indispensable rediseñar las políticas de supervisión de Sename que se organizan sobre los procesos administrativos y formales, en vez de ser de soportes a una intervención de calidad. Se requiere también un cambio en la política de financiamiento por subvenciones niño-día, para establecer un sistema que financie los costos reales y no se pretenda complementarlo con ayudas filantrópicas. Si el Estado es el que vulnera los derechos, la solución no está estatizar el sistema, sino más bien crear controles independientes sobre su intervención y las de los organismos colaboradores. Se hace fundamental constituir un sistema coherente y descentralizado hasta el nivel local que asegure la provisión de servicios y protección a los niños y niñas, lo que requiere de una subsecretaría de protección de derechos que tenga autoridad para coordinar políticas y supervisar la implementación de los programas ministeriales; de otra forma la “división de Sename” será un incremento de la desarticulación existente.
Llegó la hora de tomarse en serio la situación, de otra manera se seguirá socavando la credibilidad en las instituciones del Estado; esta vez por contemplar o ser ejecutores de la violación a los derechos de los niños, más pobres, por supuesto.
