Porque detrás de una mujer muerta, hay un hombre que siempre se sintió superior e impune mientras la sometió hasta matarla. Había también una sociedad cómplice, que no actúo oportunamente y que muchas veces, por prejuicios absurdos, naturalizó y justificó el abuso. Finalmente en esa mujer muerta, hubo una persona que confió en que el Estado cumpliría con su deber de protegerla.
De los últimos casos de femidicio públicamente conocidos en Chile, tres de ellos dan cuenta de lo desprotegidas que estamos las mujeres hoy en día de la violencia machista. Porque frente a nuestras demandas por el derecho a vivir una vida libre de violencia, no existen políticas potentes, integrales y sostenidas en el tiempo que promuevan una nueva forma de relacionamiento entre hombres y mujeres, y que busquen mitigar y erradicar la violencia contra las mujeres como un dispositivo de control y disciplinamiento ejercida por parte de los hombres hacia nosotras.
Alejandra y Mónica en Lumaco, Karla Adamen en Valparaíso y Nancy Torres en San Ramón, niñas y mujeres asesinadas, estaban sólo en apariencia protegidas de ser víctimas de un acto violento por parte de sus femicidas. En todos estos casos existían denuncias previas y órdenes de un tribunal que prohibían al femicida acercarse a las mujeres.
¿Cuántas muertas más tendremos que presenciar, esperando que los agentes auxiliares de la justicia hagan su trabajo de forma eficiente y eficaz?
[cita]Porque detrás de una mujer muerta, hay un hombre que siempre se sintió superior e impune mientras la sometió hasta matarla. Había también una sociedad cómplice, que no actúo oportunamente y que muchas veces, por prejuicios absurdos, naturalizó y justificó el abuso. Finalmente en esa mujer muerta, hubo una persona que confió en que el Estado cumpliría con su deber de protegerla.[/cita]
En el marco de la Sexta Conferencia sobre femicidio, realizada en Santiago de Chile el 23 de enero del 2013, diversas organizaciones de la sociedad civil chilenas e internacionales y expertas en la temática, realizaron recomendaciones a los Estados en el marco de la Cumbre UE-CELAC. Una de ellas fue implementar medidas de protección para las mujeres que viven violencia, no condicionadas a denuncias o procedimientos penales o de otro carácter, así como mecanismos efectivos para garantizar la seguridad de las mujeres protegidas por tales medidas.
Contrariamente, estas recomendaciones no se han asumido. Tenemos autoridades -cuya función es garantizar a través de políticas públicas y mejoramiento de la legislación nacional, la calidad y vida de las mujeres chilenas- que toman posiciones deplorables frente a la violencia y el femicidio y que trasladan la responsabilidad de los crímenes hacia las propias mujeres víctimas de los asesinatos: «Es importante denunciar para evitar que las situaciones lleguen al límite. También es fundamental que ratifiquen las denuncias porque de lo contrario es muy difícil protegerlas», (Loreto Seguel, Ministra del SERNAM).
¿Qué dirá ahora la Ministra del SERNAM frente a todas las víctimas de femicidio que denunciaron a sus agresores? ¿Insistirá en la idea que los Estados sólo pueden garantizar la vida de las mujeres si estas denuncian? ¿Qué dirá la Ministra Seguel respecto de las mujeres que, frente a un Estado negligente y sordo ante los gemidos desesperados de ayuda, resuelve el problema de la violencia a costa de sus vidas y su libertad?
Pareciera que nuestra clase política, en particular el SERNAM, no entienden y no tienen la voluntad de entender la gravedad de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y lo que está en la raíz de un femicidio. Insistir en la celebrar “avances” desde las cifras, da cuenta de ello. Que una mujer muera en manos de un femicida, es haber fallado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en el respeto irrestricto hacia los derechos humanos que debe imperar en un Estado, que se dice de derecho.
Porque detrás de una mujer muerta, hay un hombre que siempre se sintió superior e impune mientras la sometió hasta matarla. Había también una sociedad cómplice, que no actúo oportunamente y que muchas veces, por prejuicios absurdos, naturalizó y justificó el abuso. Finalmente en esa mujer muerta, hubo una persona que confió en que el Estado cumpliría con su deber de protegerla.
Urge entonces que el Estado de Chile cumpla, en la misma medida que están cumpliendo las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas. Porque erradicando Estados negligentes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, avanzamos en limitar el poder de hombres machistas y potenciales femicidas en nuestro país y avanzamos hacia la construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres.
