Señor Director:
En su artículo sobre la defensa que la gente de la «cota mil» haríamos sobre el Padre John Oreilly y que sería una presión de los poderosos quiero manifestar lo siguiente: Las que firmamos la carta la mayoría fuimos asistidas espiritualmente cuando niñas por el Padre John, y estimamos que no solo era un derecho sino un deber prestar nuestro testimonio de la actuación del sacerdote. La mayoría somos estudiantes universitarias o profesionales jóvenes que no se por donde tendríamos poder de presión.
En los casos de abusos deshonestos con niños, la conducta anterior del presunto victimario es fundamental, sobretodo que la declaración de los niños puede ser manipulada.
Resulta poco creíble que habiendo asistido a miles de niñitas solo hubiera abusado de dos que además son hermanas.
El cuestionamiento por más de un año sin proceso por un crimen atroz es el peor calvario que puede tener una persona.
Si el padre John hubiera sido párroco de La Legua y todos los pobladores hubieran salido a defenderlo lo hubieran encontrado natural, pero basta que seamos de la cota mil para que se nos cuestione, o es que ahora somos ciudadanos de segunda categoría.
Mariana Fernandez Alvarez
