Estas ideas no son rebuscadas ni añejas, de hecho, afloran recurrentemente en el debate público, como cuándo algunos defienden enérgicamente que la educación es un bien de consumo y no un derecho, aspirando a un sistema de educación completamente privado o justificando (con suerte) un sistema mínimo de educación pública solo por razones utilitarias. Asumir un sistema con una visión tan extrema y desconfiada del ser humano es preocupante. Ante esto, uno sólo podría, junto a Fito Páez, “declararse incompetente en todas las materias de mercado [o declarase] un inocente [o ser] abyecto y desalmado”.
El Otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público, es una obra escrita a “cincuenta dedos”, por Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignat; quienes se reunieron durante meses, luego de las movilizaciones sociales del 2011, para analizar la situación ocurrida en el país y trabajar en un libro que fuera una contribución a la discusión pública y una propuesta de proyecto político. La iniciativa nace como respuesta a El Ladrillo, aquél libro editado en 1992 y prologado por Sergio de Castro (ministro de Hacienda de Pinochet del 76 al 82) que reunió un conjunto de ideas y escritos desarrollaros a partir de los 70, y que buscaban sentar las bases ideológicas y económicas del modelo impuesto por la dictadura. Así, El Otro Modelo busca ser una alternativa al neoliberalismo hegemónicamente vigente en nuestro país desde hace algunas décadas.
Lo primero que hay que preguntarse al hablar de una alternativa a “el modelo” es ¿cuál es “el modelo”? Los autores no se tardan en responder señalando que el modelo actual es mucho más que una doctrina estrictamente económica, presentándolo en tres facetas (pág. 19 y ss.):
(1) Modelo Constitucional: caracterizado por buscar neutralizar cualquier cambio al proyecto político impuesto por Pinochet, por medio de (al menos) tres mecanismos, bastantemente discutidos desde hace un tiempo, consistentes en “reglas que exigen supermayorías en el Congreso para reformar la legislación que contiene los elementos centrales de ese programa”; un sistema electoral (Binominal) que hace imposible alcanzar esas supermayorías y un Tribunal Constitucional que funciona como un segundo control o veto.
(2) Modelo Político: la “cultura de los acuerdos”, entendidos no como “el libre y voluntario conceso entre sectores políticos (…) sino que como el intento de la Concertación de obtener graciosas concesiones por parte de quienes, en virtud de los vetos ya mencionados, siempre estaban en posición de negarse”. En nuestro país, desde la vuelta a la democracia, ha primado la lógica del co-gobierno. El rol de la oposición va mucho más allá de la fiscalización y del desarrollo de un proyecto de gobierno alternativo, transformándose en protagonista de las decisiones, atenuando la importancia de las elecciones e imposibilitando llevar a cabo los proyectos políticos deseados (y elegidos) por la mayoría.
(3) Modelo Económico-Social: el cual, “se caracterizó por la entronización del mercado como único asignador de los recursos productivos y la entrega al mismo de la gestión de buena parte de los servicios públicos (…); la supeditación del problema de la desigualdad al de la superación de la pobreza y el desprecio por los problemas distributivos; el rechazo de las políticas universalistas no contributivas; y una fuerte desconfianza hacia la sindicalización, la huelga, la negociación colectiva y, en general, a lo que fortaleciera la capacidad negociadora de los trabajadores”.
[cita]Estas ideas no son rebuscadas ni añejas, de hecho, afloran recurrentemente en el debate público, como cuándo algunos defienden enérgicamente que la educación es un bien de consumo y no un derecho, aspirando a un sistema de educación completamente privado o justificando (con suerte) un sistema mínimo de educación pública solo por razones utilitarias. Asumir un sistema con una visión tan extrema y desconfiada del ser humano es preocupante. Ante esto, uno sólo podría, junto a Fito Páez, “declararse incompetente en todas las materias de mercado [o declarase] un inocente [o ser] abyecto y desalmado”. [/cita]
El neoliberal ve la interacción entre individuos como una negociación entre intereses particulares donde cada uno busca maximizar sus utilidades y reducir los costos. Parten de la premisa de que el hombre es racional (económicamente) y egoísta. En el mercado, dadas ciertas circunstancias, lo anterior no parece problemático, sin embargo, cuando la lógica del mercado va más allá de sus límites, hacia ámbitos donde hay un interés público, reduce a los ciudadanos a sujetos de negociación “privatizando lo público”.
Para el neoliberal parece no haber problema en relación al interés público pues, como Margaret Thatcher dijo en los ’80 que no existe tal cosa como la “sociedad”, sino sólo individuos con intereses individuales. En una visión atomista de la sociedad, el bien común no es más que la suma de intereses individuales. Es por esto que Jaime Guzmán descartaba la idea de Estado redistributivo y de “justicia social”; siendo el aumento del PIB la clave para la lucha contra la pobreza (aunque hemos visto cómo el PIB sube y la pobreza se mantiene). El fanatismo ideológico del neoliberal es tal que, como señala Renato Cristi en La República de Chile (pág 187), a propósito de la influencia de von Mises sobre Guzmán, “para von Mises sólo las reglas morales designadas para proteger y preservar la propiedad privada son necesarias y suficientes para garantizar la operación de un sistema de economía de mercado libre. Para su funcionamiento resulta necesario, según Mises, incentivar motivaciones económicas como el egoísmo, la posesividad y la búsqueda de ganancias, y, por el contrario, desincentivar el altruismo, la caridad y el temor a Dios”. Y es que, mientras al liberal parece preocuparle la libertad, al neoliberal pareciera importarle principalmente la propiedad. Tal vez por eso muchos de la derecha conservadora se oponen a despenalizar el autocultivo de marihuana y rechazan el matrimonio homosexual, defendiendo, en cambio, acérrimamente la mantención de supuestos “espacios de libertad” como lucro o el copago en educación. El sistema educacional que tenemos hoy no aboga por la libertad: es evidente que en Chile hay libertad negativa en educación, toda persona puede (en teoría) matricular a sus hijos en el colegio que prefiera (y que lo acepten), ya que, no le está prohibido; mas, es igualmente evidente que la libertad de elección real está condicionada a la capacidad de pago de cada apoderado. Alguien con escasos recursos solo podrá elegir colegios municipales y no tendrá la capacidad de optar por colegios pagados, ergo, su libertad es menor que aquél con más recursos. Si es que realmente nos preocupa la libertad, problemas como este deben ser prioridad. Si la libertad importa es la libertad de todos la que importa.
Estas ideas no son rebuscadas ni añejas, de hecho, afloran recurrentemente en el debate público, como cuándo algunos defienden enérgicamente que la educación es un bien de consumo y no un derecho, aspirando a un sistema de educación completamente privado o justificando (con suerte) un sistema mínimo de educación pública solo por razones utilitarias. Asumir un sistema con una visión tan extrema y desconfiada del ser humano es preocupante. Ante esto, uno solo podría, junto a Fito Páez, “declararse incompetente en todas las materias de mercado [o declarase] un inocente [o ser] abyecto y desalmado”.
El neoliberalismo es la negación del interés general y ha primado en Chile durante más de 3 décadas, no por la superioridad de sus argumentos, sino por las trampas del sistema político. La hegemonía neoliberal nos privó de ver lo (que debió ser) evidente: en el mercado se negocia mientras que en política se delibera; en el mercado prima la racionalidad estratégica y en política (debería primar) la comunicativa. En el mercado el agente busca lograr un fin particular y obtener beneficio; en la política se (debe tender a) deliberar buscando el entendimiento. Como señala Fernando Atria en La Mala educación (pág. 23), “la política que es sólo presión y negociación no es política, es acción de mercado”.
Lo autores plantean que en la comunidad política, compuesta por ciudadanos y no individuos, no hay solo intereses particulares y sí existen intereses públicos. ¿Cuál es el contenido de la ciudadanía y en qué consisten esos intereses públicos? La respuesta a esta pregunta no es algo a lo que se llegue a través de la evidencia empírica, sino que debe ser descubierta, por lo cual, se construye y se aprende. Es por medio de las instituciones que el ciudadano desempeña ciertos roles, por lo que, “las condiciones bajo las cuales debemos relacionarnos tienen un impacto considerable en hacer más o menos difícil, y por consiguiente más o menos probable, la emergencia de intereses comunes” (pág. 61). La pregunta sobre los intereses comunes es política y se construye por medio del diálogo. Entonces, las instituciones deben construirse de tal forma que configuren la vida común porque ser ciudadano es ser parte de una comunidad política lo que implica la existencia de responsabilidades recíprocas. Lo anterior no significa que los individuos no actúen buscando sus intereses particulares, lo cual, es probable que ocurra. Se trata de buscar la forma en que las instituciones (sometidas al régimen de lo público) tiendan a hacer probable lo improbable, es decir, que los individuos actúen en aras del interés general. Los bienes públicos son más que fallas de mercado o bienes que por su naturaleza no pueden ser privatizados.
Los autores avanzan señalando que se debe entender lo público desde la lógica de la ciudadanía, es decir, que “hay ciertos intereses que son de todos: hay ciertos aspectos de mi vida que son responsabilidad de todos y ciertos aspectos de la vida de los demás por los que yo tengo responsabilidad” (pág. 171). Con ello, intereses comunes y responsabilidad recíproca se contrapone a interés privado y desinterés recíproco (propio del mercado). Aciertan al constatar que “el mercado constituye un espacio de libertad que es necesario preservar” (pág. 13). En otras palabras, es condición necesaria de libertad pero no condición suficiente, por lo que, no es que se deba suprimir, sino que debe ser superado.
Se supera la discusión sobre Estado o mercado y libertad o igualdad. Tradicionalmente se pensaba que el agente era lo determinante, de modo tal que el Estado era el agente sometido al régimen público que cumplía la función pública y el privado era el agente sometido al régimen privado que desarrollaba la función privada (pág. 141). Proponen pasar del agente a la función. En la función pública hay un deber de interés general, en tanto, en la función privada el interés privado es aceptable (pág. 155), siendo la naturaleza del agente irrelevante. De esta manera, la educación pública, por ejemplo, puede ser provista por privados, siempre y cuando cumplan los requisitos que exige el régimen de lo público (fin del lucro, de la selección y del copago), o sea, puede haber educación pública no estatal. Otro ejemplo, particularmente esclarecedor, propuesto en el libro es el caso de TVN. El canal de televisión es estatal pero en la práctica funciona como un canal privado, ya que, debe financiarse como cualquier otro canal privado (auspicio y rating). Al no tener financiamiento estatal debe competir en el mercado televisivo. Lo anterior deviene en que TVN no pueda cumplir una función pública, poniendo en duda la justificación de su existencia (si es que sigue sometido a este régimen) y generando situaciones lamentables como el final del programa de Cristián Warnken. Así, desprendiéndose del agente, las funciones serían dos: la pública (interés general), sometida al régimen de lo público y cuya contraparte es el ciudadano; y la privada (interés particular), sometida al régimen privado y cuya contraparte es el individuo.
El libro contiene una serie de propuestas en el ámbito político, social y económico, más o menos concretas, hechas a modo de sugerencia para orientar el debate. Una de las principales y más urgentes es el cambio de la Constitución. Es interesante entender que un cambio constitucional no es algo formal, sino algo sustancial, es decir, lo relevante es que la Constitución nueva pueda generar un espacio para una institucionalidad y desarrollo político diferente. Es por esto que las reformas realizadas por Ricardo Lagos no son suficientes para que podamos decir que “tenemos” una nueva Constitución. Del mismo modo, pierde sentido la pregunta de Cristián Bofill a Fernando Atria en Tolerancia Cero respecto a porqué debe haber una “nueva” Constitución y no basta con una reforma. Atria respondió que un cambio al sistema electoral, a los quórum especiales y al Tribunal Constitucional sería una nueva Constitución (en el sentido sustancial que importa).
Respecto del cambio constitucional vale destacar los señalado hace poco por Rodrigo Correa, decano de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Congreso Regional de Derecho organizado por la ACED, en una mesa sobre Asamblea Constituyente y Constitución Chilena. Correa afirmó que la derogabilidad es una condición básica para la legitimidad procedimental de una Constitución. No hay razones para creer que una mayoría, en determinado momento, tomará una decisión que sea considerara correcta para siempre. Por ejemplo, si hubiera habido una Asamblea Constituyente en 1925 es probable que no hubiera incluido a mujeres, lo cual, hoy sería inaceptable porque nuestra manera de entender qué es una Asamblea Constituyente ha cambiado. Entonces, los quórum “supramayoritarios” son en realidad “contramayoritarios”, ya que, buscan hacer que una decisión se mantenga pese a que la mayoría quiera cambiarla y eso es lo que hace la Constitución de 1980.
Un punto no tocado por el libro, quizás porque no lo consideraron relevante para la propuesta, es el problema del consumismo que me parece importante a la hora de pensar un nuevo modelo. Dicen que el argumento no es moral sino que buscan entender que no solo vivimos como individuos sino también como ciudadanos. El punto es que muchas veces los temas políticos son cuestiones morales. La idea de lo correcto o de lo justo implica consideraciones éticas. En este sentido parece relevante constatar que el mercado y el consumo tienen —a lo menos— dos problemas que deben ser atendidos: la escasez y su relación con la pobreza, y el medioambiente.
Dado que los recursos son escasos, la acumulación por unos implica la carencia de otros. Quizás esto puede no ser evidente si se analiza solo un país, pero se vuelve cierto cuando la consideración es global. No basta con impuestos progresivos, hay un problema ético y político cuando no es considerado problemático, por ejemplo, que alguien pueda tener independiente de si paga más o menos impuestos, 5 casas. En ese sentido, creo que el lujo debe (volver a) considerarse inmoral y negativo. Hay personas que sueñan con ser millonarios y tener una colección de autos o carteras de lujo. Un modelo que fomenta el consumo y vuelve irrelevante estas situaciones es preocupante. El segundo problema es el ambiental. Como dice José Mujica, el daño al medio ambiente es un problema político. Si es que India o China llegan a producir y consumir como Alemania o Estados Unidos la contaminación alcanzará niveles exorbitantes. No puede ser que todos los países busquen crecer y crecer para llegar al “desarrollo” y no nos detengamos a pensar qué podría ocurrir con el mundo. Si es que seguimos así, llegará un momento donde viviremos en ciudades con grandes rascacielos en las que no habrá más que metal y hormigón. No habrá ni un espacio verde que observar y viviremos en un mundo como aquellos mostrados en las peores películas de ciencia ficción.
Estas críticas no pueden ser atendidas sólo por románticos, poetas y Cristián Warnken. Debe comenzar a formar parte del debate público y deben ser consideradas a la hora de diseñar cualquier modelo político y económico. Quizás no sea tan bueno como creemos fomentar indiscriminadamente el consumo y la inversión. No por nada el decrecimiento, que busca regular la producción económica, ha ido cogiendo adherentes en varios países de Europa. De todos modos, es valorable subir el nivel de discusión pública y que no se centre sólo en índices de desempleo, cifras macroeconómicas, PIB, o descalificaciones varias. Debemos caminar hacia la construcción de otro modelo, uno mejor para todos.
