Pero de la mano con estas reformas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) requiere grandes cambios junto con enviar las señales correctas. Desde ahí el gobierno debe liderar una evaluación participativa a la actual Ley de Drogas, incluyendo la voz de usuarios, organizaciones no gubernamentales y especialmente jóvenes y mujeres.
No hay vuelta atrás. Tras miles de muertes, aumento en el consumo, gastos desmesurados y violaciones a los derechos humanos, la ola de consensos y reformas a las políticas de drogas en América Latina trae esperanza a una región donde los costos han sido ya demasiado altos. Por un lado, ex Presidentes de derecha, como César Gaviria y Vicente Fox, y de centro izquierda, como Ricardo Lagos y Fernando H. Cardoso, junto con organizaciones como el PNUD y la OEA, han llegado a consensos en que las políticas basadas primordialmente en la prohibición y la represión han generado más efectos negativos que positivos. Por otro lado, países como Colombia, Argentina y Uruguay han demostrado que, de menos a más, es posible iniciar procesos de reforma acordes a las realidades de cada país.
Chile tiene que tomar una decisión. Las más de 80 mil detenciones anuales que afectan en un 56% a jóvenes entre 18 y 29 años, que tienen como resultado que el 55% de las mujeres recluidas esté ahí por tráfico o tenencia de drogas y que se centren principalmente en los que menos tienen, hablan de una ley ineficiente y altamente discriminatoria. Sin ir mas lejos, el Capellán del Hogar de Cristo recientemente recalcó la importancia de despenalizar el consumo como forma de reparar. Por otro lado, las metas de reducción de consumo de drogas no se han logrado, llamando la atención especialmente los aumentos en jóvenes entre 12 y 18 años. En paralelo, el crimen organizado (y el no tanto) ha aumentado su disponibilidad de recursos, incluso demostrando inmunidad a millonarias inversiones en estrategias que han resultado cuestionadas, como el Plan Frontera Norte. Hoy, hay más detenciones, mayor consumo (especialmente desinformado) y la inversión de los recursos del Estado en esta materia no ha sido eficiente. Urgen cambios profundos en nuestra política de drogas.
[cita]Pero de la mano con estas reformas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) requiere grandes cambios junto con enviar las señales correctas. Desde ahí el gobierno debe liderar una evaluación participativa a la actual Ley de Drogas, incluyendo la voz de usuarios, organizaciones no gubernamentales y especialmente jóvenes y mujeres.[/cita]
La propuesta de política de drogas presentada por Michelle Bachelet es un paso. En ella está presente el reconocimiento a consensos internacionales que hablan de la necesidad de un nuevo enfoque en políticas de drogas basado en la salud y no meramente en la seguridad ciudadana. Es necesario avanzar hacia mayor responsabilidad fiscal, fundamentación en la evidencia, la salud y resguardo de los derechos humanos. Según un estudio de Asuntos del Sur/USACH 2013, más del 50% de los jóvenes chilenos entre 18 y 35 años considera las campañas del Gobierno enfocadas en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas como negativas, mientras un 30% las define como “positivas o totalmente positivas”. La comunidad internacional y la sociedad civil han demostrado su descontento.
La disposición a revaluar la presencia de la cannabis en la lista uno de drogas es un avance concreto en torno a la importancia de la evidencia en la correcta categorización de las drogas. Al mismo tiempo, la propuesta permite la creación de un reglamento que separe las cantidades para consumo y microtráfico. Esta medida es positiva al hacer el esfuerzo por separar, aunque requiere de una evaluación profunda, altamente técnica, pero por sobre todo que considere la experiencia internacional para así evitar efectos indeseados, criminalizando aún más a usuarios, principalmente jóvenes. Las hoy difusas diferencias son causales de detenciones innecesarias que se traducen en un alto gasto, estigmatización y marginación de usuarios problemáticos. La clave está en lograr que tanto fuerzas policiales como nuestro sistema de justicia puedan actuar con realismo y eficiencia.
El programa contempla la separación de las faltas de la justicia penal y la descongestión del sistema de justicia penal. Esta separación debe tener como fin que el sistema pueda enfocarse a perseguir a narcotraficantes y no a usuarios. Los llamados por parte de fiscales a avanzar en esta línea abundan. Pero también provienen de la ciudadanía: el 50% de los jóvenes chilenos piensa que la intervención policial y persecución hacia los consumidores como política para reducir el consumo de drogas “es una política que no es efectiva” y sólo un 8% afirma que “es la forma más efectiva para reducir el consumo de drogas”. Están en lo cierto, nadie puede ser castigado por consumir drogas.
Junto con políticas basadas en la evidencia, es importante entregar mayor énfasis a la prevención y rehabilitación. No es sólo mejor, sino que también más barato, prevenir que curar: la meta aquí debe ser la reducción de daños. La propuesta contiene una estrategia de prevención y rehabilitación. Integra –en vez de segregar a niños y jóvenes con consumo problemático– el aumento en cobertura de la prevención selectiva escolar y el énfasis en los tratamientos para población adolescente menor de 20 años, que el AUGE no cubre.
Finalmente, estas políticas deben ir acompañadas con mayor inteligencia para combatir el crimen organizado. Por esto es valorable la disposición a incrementar el uso de la inteligencia financiera en temas de lavado de activos, así como la cooperación internacional. La persecución ha demostrado no ser suficiente, es necesario mostrar mayor inteligencia que los mismos narcos, para eventualmente quitarles el negocio.
Pero de la mano con estas reformas, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) requiere grandes cambios junto con enviar las señales correctas. Desde ahí el gobierno debe liderar una evaluación participativa a la actual Ley de Drogas, incluyendo la voz de usuarios, organizaciones no gubernamentales y especialmente jóvenes y mujeres. De forma paralela, se requiere un rol más activo de diversas autoridades sanitarias y de las ciencias para convocar y ejecutar un gran Estudio Nacional Sobre Drogas basado en la evidencia, que entregue herramientas científicas, pero por sobre todo que se atreva a romper el statu quo, gatillando discusiones más libres. Ambos esfuerzos nos permitirán finalmente avanzar hacia una política de drogas con identidad nacional, pero por sobre todo acorde a los nuevos tiempos; más cercana a una política de regulación responsable donde nadie sea penalizado por consumir, sino que, por el contrario, quienes lo necesiten, puedan recibir ayuda y asistencia sanitaria y orientación; que respete las libertades individuales; pero por sobre todo que sea sensata y lejana de tabúes ideológicos, trabas morales y conveniencias políticas.
