Opinión
Es probable que, como todo Tribunal, la Corte cuando lo estime llame a conversar a las partes, para su mejor entender y proceder. Estaríamos hablando de encuentros oficiosos. Desconocemos si eso ha ocurrido, entre otras razones, por el elevado hermetismo con el que se maneja el tema en Chile. En el Perú las autoridades convocan regularmente a los otros poderes del Estado y les informan de la marcha del proceso.
El fallo del Tribunal de La Haya está demorado. Al iniciarse el juicio, tanto en Lima como en Santiago se afirmó que el fallo sería a mediados del 2013. Ello se corroboró cuando terminaron los alegatos a fines del 2012. Cuando esta fecha se aproximó, se comentó que “los jueces tenían mucho trabajo” y que quedaría para después de las vacaciones europeas de agosto. Que el fallo sería a partir de septiembre. Hoy en día se rumorea en ambas capitales que será en la segunda quincena de enero del 2014.
También se conjetura que la razón de la demora sería “el proceso electoral chileno”. Curioso, porque no se trata de un argumento jurídico, sino de uno eminentemente político.
Lo cierto es que el fallo está demorado, y como la vida no se detiene, la situación en ambos países ha cambiado mucho en el último tiempo. También ha cambiado para la propia Corte. Veamos.
En el Perú pasó hace rato el mejor momento del presidente Humala; por cierto, también el gobierno de Alan García ya es pasado. El panorama político peruano se caracteriza por el deterioro de las elites. Tomemos en cuenta nada más la suerte de los tres últimos presidentes: uno está preso (Fujimori), y los otros dos (Toledo y el propio Alan) enfrentan procesos en distintos grados de desarrollo. Por su parte, la caída de la aprobación del presidente Humala ha sido constante y su apoyo apenas se empina arriba del 20%. Buena parte de la sociedad peruana reclama que el Gobierno no cumple sus promesas y de la progresista y democrática propuesta de tiempos de Salomón Lerner, se ha transitado a otro perfil, donde incluso asoman los restos del montecinismo.
[cita]Lo que todo el mundo sabe es que luego del litigio colombo-nicaraguense y especialmente después de su sentencia, se ha creado una situación difícil. ¿Estaría la Corte tratando de evitar una segunda situación difícil? Es una conjetura, que podría explicar por qué se evita la sentencia dentro del proceso electoral de nuestro país, pero, nuevamente, la opacidad del manejo del tema nos lleva a muchos chilenos, legítimamente interesados en el tema, a buscar una respuesta. [/cita]
En ese cuadro de desgaste y desprestigio de las elites, de necesidad de repuntar en las encuestas, la tentación del populismo nacionalista no es descartable.
En Chile estamos en pleno proceso electoral, con un resultado más que perfilado. La actual administración ingresa a su fase terminal. No es conveniente adelantarse al examen de un proceso que aún no ha concluido, como el presidencial. Pero las elecciones del 17 de noviembre pasado arrojaron ya un resultado político contundente, medido en las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales. El oficialismo sufrió un rechazo rotundo de parte de la ciudadanía. La alternancia es lo más probable.
Junto a ello, la solidez institucional del país se preserva. Más allá de las vicisitudes de la coyuntura, Chile mantiene su rumbo estable.
El tema de La Haya, pese a su importancia, ha quedado sumergido. Las autoridades afirman “que no han recibido ninguna información oficial”, están en lo cierto, porque la Corte sólo tiene la obligación de informar a las partes 15 días antes de la emisión de su sentencia. Por cierto, esta línea de espera pasiva y de exclusiva juridicidad en el tratamiento del tema, ha sido la tónica de la Cancillería y de La Moneda desde que bajo la administración Piñera se adoptara la política de las llamadas “cuerdas paralelas”, que nos propusiera la hábil diplomacia limeña. Sería impensable que las actuales autoridades cambiasen su tono conciliador y mercantil hacia Lima en sus últimos días.
El tercer actor en este proceso es la propia Corte. Obviamente se trata de una prestigiosa institución. Como todo tribunal, es de entender que su desempeño es estrictamente jurídico; como el adagio dice, la Justicia es ciega. Aplica el derecho más allá de toda consideración.
Es probable que, como todo Tribunal, la Corte cuando lo estime llame a conversar a las partes, para su mejor entender y proceder. Estaríamos hablando de encuentros oficiosos. Desconocemos si eso ha ocurrido, entre otras razones, por el elevado hermetismo con el que se maneja el tema en Chile. En el Perú las autoridades convocan regularmente a los otros poderes del Estado y les informan de la marcha del proceso.
Lo que todo el mundo sabe es que luego del litigio colombo-nicaraguense y especialmente después de su sentencia, se ha creado una situación difícil. ¿Estaría la Corte tratando de evitar una segunda situación difícil? Es una conjetura, que podría explicar por qué se evita la sentencia dentro del proceso electoral de nuestro país, pero, nuevamente, la opacidad del manejo del tema nos lleva a muchos chilenos, legítimamente interesados en el tema, a buscar una respuesta.
Chile concurrió a la Corte no por propia voluntad, sino por su tradicional apego a la legalidad internacional. En el caso, confiamos en un Tribunal que falla en derecho, con la vista vendada, reconociendo la existencia de un Tratado que ha regido por décadas la frontera marítima. No fuimos a La Haya buscando un “fallo de consenso”.
El tema de La Haya no es un tema exclusivo de las actuales autoridades, es un tema país, es un tema de Estado. Las consecuencias del fallo marcarán en buena medida el rumbo en los años venideros. Chile entero está involucrado en ello, con responsabilidad, con la serena fuerza de la democracia, atento a un eventual desborde populista.
