Por último, si bien para la ciudadanía la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en Chile recae principalmente en el Estado (39%) y los organismos gubernamentales (35%), resulta preocupante que los partidos políticos (nota 3,2 promedio), el Congreso (nota 3,4 promedio), el Poder Judicial (nota 3,6 promedio) y el gobierno (nota 3,9 promedio) –vale decir, buena parte del aparato institucional- sean mal evaluados en su defensa de los derechos humanos.
La Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada recientemente por el INDH muestra interesantes resultados.
Con 4.082 casos levantados en todo el país, constituye una fotografía de las concepciones, valoraciones y las experiencias de vulneración de derechos humanos de la población adulta residente en Chile.
En primer lugar, destaca la existencia de una noción más integral de los derechos humanos, que reconoce una amplia gama de derechos; los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, así como la igual valoración entre ellos.
[cita]Por último, si bien para la ciudadanía la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en Chile recae principalmente en el Estado (39%) y los organismos gubernamentales (35%), resulta preocupante que los partidos políticos (nota 3,2 promedio), el Congreso (nota 3,4 promedio), el Poder Judicial (nota 3,6 promedio) y el gobierno (nota 3,9 promedio) –vale decir, buena parte del aparato institucional– sean mal evaluados en su defensa de los derechos humanos.[/cita]
Al analizar las asociaciones espontáneas en la medición anterior y actual, se observa además un tránsito desde una visión fuertemente vinculada a las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en dictadura a una mirada amplia, donde la libertad de expresión, el acceso a una vivienda y la participación en las decisiones del gobierno también tienen cabida.
Sin embargo, parte de los derechos se perciben con bajos niveles de protección e, incluso, vulnerados. Por ejemplo, un 48% de los encuestados/as considera que el acceso a una jubilación o pensión digna no se encuentra protegido en Chile y un 20% señala que en el último año este derecho le ha sido transgredido.
A esto se suma, sobre todo en los ámbitos de educación y salud, una fuerte percepción de que el acceso y la calidad se supeditan a la capacidad de pago de las personas. Este dato abona a la situación estructural de desigualdad existente en nuestro país y constituye un llamado de atención al Estado en torno al deber de garantizar condiciones de vida digna para todos/as.
La encuesta también releva temas que hoy se debaten en la agenda pública, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (considerado muy importante por el 69%) o el matrimonio igualitario (apoyado por 42%). Particularmente sobre el voto de personas chilenas residentes en el extranjero, un 64% de los encuestados/as considera que deberían poder sufragar en las elecciones presidenciales, sin restricción alguna.
Por último, si bien para la ciudadanía la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en Chile recae principalmente en el Estado (39%) y los organismos gubernamentales (35%), resulta preocupante que los partidos políticos (nota 3,2 promedio), el Congreso (nota 3,4 promedio), el Poder Judicial (nota 3,6 promedio) y el gobierno (nota 3,9 promedio) –vale decir, buena parte del aparato institucional– sean mal evaluados en su defensa de los derechos humanos. Acortar la brecha que existe entre la ciudadanía y la institucionalidad democrática formal podría mejorar dichas evaluaciones; las recomendaciones contenidas en el Informe Anual 2013 sobre la situación de los derechos humanos en Chile, presentado recientemente por el INDH a las autoridades del Estado, apuntan a transitar en esa dirección.
