Gobiernos corporativos para la reforma educacional en Chile

Cada vez que las universidades privadas surgidas a partir de la reforma de 1981 se sienten interpeladas, principalmente a propósito de la presencia indiscutida de lucro (retiros indebidos), responden con la cifra de cobertura lograda en estos años, de alrededor de 250 mil estudiantes de educación superior en 1990 a algo más de 1 millón 200 mil en el 2013. El argumento no deja de ser falaz, puesto que el lucro está legalmente excluido y, por tanto, ningún indicador de desempeño, por bueno que parezca y aparezca,  higieniza la actividad mercantil en el sector.

No obstante, cabe destacar que el comportamiento de la cobertura en los establecimientos privados (entra el que paga independientemente de las capacidades o aptitudes) es coherente con el enfoque mercantil. Si antes sólo el 13% de los jóvenes que terminaban secundaria cursaban estudios superiores, hoy lo hace el 55%.  Esta ampliación del mercado no obedece a ningún criterio académico ni menos a una cierta correspondencia entre demanda y oferta a nivel nacional. Cabe preguntarse si esta ampliación del mercado se debe a una intención de mejorar el capital humano o, simplemente, a ampliar el giro del negocio.

La masificación del negocio de la educación tiene aspectos positivos –se dice– porque reduce desigualdades; otros opinan que sólo cambia la vara de medición. Por ejemplo, los criterios de exclusión o selección laboral pasan ahora por identificar claramente en qué universidad obtuvo el título o qué postgrado tiene, es decir, al final las brechas siguen vigentes con otros parámetros. En algún momento bastaba con tener secundaria completa para asegurar empleo; hoy es necesario un título, pero no en cualquier universidad, para acceder a ello. El mercado funciona. Sin embargo, los miles de estudiantes de las universidades menos cotizadas poco saben de este mercado y de los rendimientos del endeudamiento, que justamente por la masificación, empiezan a decaer.

[cita]Si el Estado concurre, o pudiese concurrir, con recursos al funcionamiento de entidades privadas, parece lógico que participe en estos directorios para supervisar el correcto uso de sus fondos. Así sucede en las sociedades anónimas en que los socios tienen participación proporcional a su parte en los directorios. Es decir, vincular la asignación de recursos públicos a la generación de gobiernos corporativos, con Directorios profesionales que respondan civil y penalmente por sus decisiones, que sean debidamente remunerados. Asimismo, los estudiantes, sujetos esenciales del sistema, debiesen tener participación en tales directorios. [/cita]

En definitiva, es necesario un debate (Chile 21 ha convocado a un foro en marzo de 2014 a este efecto) acerca de: a quiénes beneficia, a cuántos beneficia y, también, a quiénes y a cuántos perjudica el sistema actual. Cabe recordar que la derecha se opuso con rudeza a la idea de Universidad para Todos levantada por los estudiantes a fines de los años 60. En cambio, ahora defiende –de hecho– la Universidad para todos… siempre que paguen. Es decir, el mercantilismo y el lucro es lo único que haría la diferencia en esa perspectiva.

Ahora bien, no cabe duda que el alcance de la gratuidad y la universalidad es un tema a solucionar y con urgencia, ¿cómo se hace sin afectar la vida de este universo de jóvenes actualmente en el sistema?, ¿cómo se disminuye el riesgo de aplicar soluciones que matan, o al menos empeoran al paciente?

Curiosamente, poco se ha discutido acerca del monto de los aranceles. Incluso la gratuidad aparece como un desembolso que debiese hacer el Estado a cualquier precio y a cualquier universidad, sea pública o privada. De otra parte, la judicialización de la problemática mediante complejos procesos de acreditación como presión para el ordenamiento, tiene riesgos no menores y se aparece –sin exageración de por medio– el síndrome de la Universidad del Mar, en que la peor parte la sacan los estudiantes.

Al parecer, las propuestas hasta ahora explicitadas atacan los efectos del modelo universitario vigente, dejando inalterable la condición basal que lo ha posibilitado: la manifiesta ausencia de gobiernos corporativos en estas instituciones. El real problema es la concentración, autonomía y ausencia de rendición de cuentas de las universidades privadas no CRUCH (salvo pocas excepciones, los rectores son también socios controladores). En general, los directorios están compuestos por incondicionales de quienes llevan el “negocio” y jamás de allí se ha sabido de un reclamo por contratos con empresas relacionadas, operaciones cruzadas de avales solidarios, arriendos anticipados, préstamos a empresas relacionadas de control común, etc.

Si el Estado concurre, o pudiese concurrir, con recursos al funcionamiento de entidades privadas, parece lógico que participe en estos directorios para supervisar el correcto uso de sus fondos. Así sucede en las sociedades anónimas en que los socios tienen participación proporcional a su parte en los directorios. Es decir, vincular la asignación de recursos públicos a la generación de gobiernos corporativos, con Directorios profesionales que respondan civil y penalmente por sus decisiones, que sean debidamente remunerados. Asimismo, los estudiantes, sujetos esenciales del sistema, debiesen tener participación en tales directorios.

Este esfuerzo de transparencia, hasta ahora inexistente, exigiría al sistema responder a objetivos de mediano y largo plazo de fortalecimiento del capital humano y no exclusivamente a los objetivos de corto plazo de sus sostenedores. No poner el tema de los gobiernos corporativos en el centro del debate y al inicio de la implementación de la reforma a la educación prometida por la Presidenta Bachelet, tiene el riesgo cierto del gatopardismo: cambiar un conjunto de condiciones para no cambiar nada.