El Gobierno para subsanar el problema ha enviado un proyecto de ley corta, solo referida a las funciones del Presidente del consejo regional. Al respecto debo puntualizar, que si bien en lo inmediato ello resuelve el conflicto y genera cores como presidentes de los consejos regionales sin funciones, y con mínimas atribuciones, el texto ingresado esta semana es más centralista que el mensaje presidencial aprobado por el senado el 2013. Ello da cuenta una vez más que los centralistas metieron mano y se ha perdido una gran oportunidad de avanzar más rápidamente en el objetivo de potenciar el rol del presidente del consejo regional.
No hay dudas de que la clase política ha exhibido, a lo largo de estos años de democracia, una profunda falta de compromiso de legislar para avanzar en el proceso de regionalización y descentralización del país. Los pocos y tibios desarrollos experimentados no han ido al fondo del problema, suscitado esencialmente por la fuerte institucionalidad centralista imperante.
La creación de los gobiernos regionales bajo la administración de Patricio Aylwin, fue una iniciativa importante, pero claramente insuficiente para asumir los desafíos de crecimiento y las demandas de las regiones. No obstante ello, ha sido un piso legislativo al que se han venido haciendo modificaciones, a nuestro juicio insuficientes, con reformas tanto a la ley 19.175 como a la misma Constitución Política. Insuficientes porque en nuestra opinión debemos generar una legislación más robusta que empodere a los gobiernos regionales con reales competencias, y que los recursos que éstas administran pueden incidir de manera efectiva en el desarrollo de cada territorio.
Sin embargo, bajo las diferentes administraciones y distintos legisladores, los avances han sido mínimos. Ello se explica por tener un Congreso poco comprometido con este proceso, que se las ha ingeniado para evitar entregar poder real a las regiones y mayores competencias. Pero también es resultado de la presión de los centralistas enquistados en el poder político, los que distorsionan las demandas, al sostener que por ser Chile un país unitario y no federal, no es posible ir más allá con las propuestas de regionalización. Con ese argumento han frenado todas las iniciativas transformadoras, que para nada apuntan a romper el sistema unitario vigente.
[cita]El Gobierno, para subsanar el problema ha enviado un proyecto de ley corta, sólo referida a las funciones del Presidente del consejo regional. Al respecto debo puntualizar, que si bien en lo inmediato ello resuelve el conflicto y genera Cores como presidentes de los consejos regionales sin funciones, y con mínimas atribuciones, el texto ingresado esta semana es más centralista que el mensaje presidencial aprobado por el senado el 2013. Ello da cuenta una vez más de que los centralistas metieron mano y se ha perdido una gran oportunidad de avanzar más rápidamente en el objetivo de potenciar el rol del presidente del consejo regional.[/cita]
También existen aquellos que buscan cualquier excusa para no legislar, pues sienten el temor electoral de verse desplazados por consejeros regionales elegidos por el voto popular. Ello no es una teoría o presunción, sino declaraciones de los propios legisladores, quienes las han manifestado en los propios debates legislativos, salvo honrosas excepciones.
En esta misma línea, cuando la Presidenta Michelle Bachelet propuso la reforma constitucional y puso término a los consejeros regionales elegidos de manera indirecta por los concejales e hizo que fuéramos elegidos por el voto ciudadano, el Presidente Sebastián Piñera, en línea con esa reforma, tramitó dos proyectos de ley, uno referido a la elección directa de Cores y otro sobre la transferencia de competencias. No obstante ello, varios legisladores e integrantes del Ejecutivo intentaron que tal elección no tuviera lugar y pugnaron por que se implementara la elección vía concejales.
Tal situación claramente violentaba la Constitución, por lo que tuvimos que cuestionar al Gobierno y a los legisladores de su profunda equivocación. Pese a nuestros reclamos, el proceso reaccionario continuó, hasta que variados expertos en derecho constitucional advirtieron del acto ilegal, y el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, resolvió el impasse proponiendo la prórroga de un año de los Consejeros para tener las elecciones en noviembre de 2013.
Ahora, nuevamente nos vemos enfrentados a otro impasse, por cuanto en la misma reforma del 2009, se señaló que una vez elegidos los Cores por voto popular, correspondería que la presidencia de los consejos regionales fuera asumida por un consejero regional elegido por la mayoría de sus pares. Nuevamente nos enfrentamos a la resistencia de ceder poder, y varios intendentes se han negado a dejar la presidencia, bajo el argumento que la ley que le otorga funciones a los presidentes de los Consejos aún no es sancionada por el Congreso.
La reforma constitucional en su artículo 113 y un dictamen de la Contraloría, puntualiza la elección de la presidencia entre los propios Cores, y pese a que el texto en vigencia no quedó vinculado o asociado a la aprobación de la ley orgánica, creemos que no queda otra cosa que respetar el Estado de Derecho. Sin embargo, pese al contundente dictamen del Contralor y la claridad de las normas constitucionales, el Ejecutivo no ha instruido a los intendente regionales que están en rebeldía, a dejar la presidencia de sus consejos, lo que abre otro foco de conflicto.
Estamos obligados a cumplir con la Constitución y elegir al presidente de este cuerpo colegiado, más allá de que no tengamos funciones, como consecuencia de que la ley respectiva lleva 4 años de discusión en el Congreso y no se vislumbra su despacho.
El Gobierno, para subsanar el problema, ha enviado un proyecto de ley corta, sólo referida a las funciones del Presidente del consejo regional. Al respecto debo puntualizar, que si bien en lo inmediato ello resuelve el conflicto y genera Cores como presidentes de los consejos regionales sin funciones, y con mínimas atribuciones, el texto ingresado esta semana es más centralista que el mensaje presidencial aprobado por el senado el 2013. Ello da cuenta una vez más que los centralistas metieron mano y se ha perdido una gran oportunidad de avanzar más rápidamente en el objetivo de potenciar el rol del presidente del consejo regional.
Por otra parte, la presidenta Michelle Bachelet ha conformado una Comisión Asesora para la regionalización del país y a esa instancia he sido invitado a ser uno de sus integrantes, lo cual junto con agradecer sinceramente, me compromete mayormente con esta causa. Estoy convencido de que la presencia de consejeros regionales en este equipo de trabajo, asegura que esa conjunción de la experiencia en el cargo y la mirada desde las regiones con las posturas académicas y de otras esferas, asegura un buen resultado.
Esta designación de 30 personas para trabajar una propuesta y entregarla al país a fines de septiembre, me lleva a hacer mis mayores esfuerzos por construir un gran acuerdo y realizar un rediseño en la arquitectura del modelo de regionalización existente, que ya data de la década del 70 del siglo pasado. Como lo manifestó la Presidenta en su Programa, está el elegir por voto ciudadano a los intendentes regionales. Ello, siendo muy importante y opinable, tiene un requerimiento básico cual es que cualquier otra autoridad elegida en regiones debe contar con una estructura política y administrativa distinta a la que hoy existe. Allí espero que legislemos por convicción y consecuencia, y no de manera forzosa como ha ocurrido hasta ahora, impidiendo se nos lleve nuevamente en la misma senda de estos desaguisados legislativos.
