Imaginemos una analogía: que en Chile por mucho tiempo se hubiera obligado a la Iglesia a desentenderse de las universidades católicas. Si en un momento dado tal coerción se interrumpiera, nadie debería preocuparse, más bien deberíamos alegrarnos todos.
Hemos presenciado una elaborada presentación de ideas acerca del sentido público que toda función universitaria conlleva. La discusión, alcanzando alturas conceptuales en su intento por definir la esfera de lo público y, muy especialmente, por diferenciarla de la de lo estatal, parecía orientada a enfatizar la homogeneidad de las entidades que constituyen el sistema universitario. Una estrategia para minimizar diferencias es restar relevancia a aquellas características que son más reconociblemente distintas. Desde luego, el carácter estatal o privado de la propiedad de una universidad suele tener un valor binario carente de ambigüedad, lo que hace conveniente que a ese carácter se le quite importancia. Pero en la propuesta de que las universidades deben considerarse todas públicas parece estar en juego, además, una motivación pragmática: el carácter público de todas las universidades iguala la legitimidad para acceder a financiamientos públicos. Sin embargo, así puestas las cosas, podría resultar ventajoso para todos los protagonistas despachar el tema manifiesto, la definición de lo público, y poner sobre la mesa el tema encubierto, el financiamiento.
El primer tema se zanja afirmando que en Chile, como en el resto del mundo, hay universidades que son propiedad del Estado y que por ese hecho se configuran dentro del sistema público de educación. El precepto sintetizador señalado por el rector de la Universidad de Chile, a saber, que las universidades públicas son las universidades estatales, parece haber terminado por resultar convincente.
[cita]Imaginemos una analogía: que en Chile por mucho tiempo se hubiera obligado a la Iglesia a desentenderse de las universidades católicas. Si en un momento dado tal coerción se interrumpiera, nadie debería preocuparse, más bien deberíamos alegrarnos todos.[/cita]
Se puede pasar entonces a discutir en sus propios méritos el segundo tema, el del acceso a fondos públicos, en el contexto de los deberes y derechos del Estado con el sistema universitario en su conjunto, así como en sus aspectos diferenciales para los subsistemas público y privado. Pienso con optimismo que un planteamiento como éste, de trazos nítidos, debería ayudar grandemente al diálogo y al logro de acuerdos. Se podrá entonces discutir sobre si resulta justo que la condición de ser estudiante de una universidad pública o privada afecte el derecho de un joven a optar a financiamiento fiscal. Se podrá también discutir si existen políticas proactivas que el Estado considere del caso emprender para beneficiar a jóvenes de situación socioeconómica precaria, para las cuales puede sentirse con más derecho a convocar a sus universidades públicas, a las cuales, después de todo, él financia.
Dejando inalterados los concursos para investigación abiertos a todo el sistema universitario, se podrán instaurar fondos para el sistema público sobre asuntos de relevancia para el país. Un ejemplo: es increíble que Chile no investigue intensamente sobre los efectos de la exposición intermitente a la altura a la que somete a su fuerza laboral más productiva. Por qué no encargar tal tarea, entre otras, a las universidades de Antofagasta y Atacama. Cabe suponer que a ese tipo de cosas se refería el ministro de Educación al hablar de investigación científica en el sistema público, referencia que, análogamente a lo ocurrido con el carácter público de las universidades, fue prontamente desvirtuada hacia un problema que no era el problema: la comparación de la investigación actual en universidades estatales y privadas.
No debiera parecer preocupante la reinstalación de un subsistema de universidades estatales y el fomento de las interacciones entre ellas, las que tampoco tendrían por qué ser excluyentes. Entre muchas iniciativas interesantes estaría el destinar cupos preferentes de postgrado que mejoraran los cuerpos académicos e incentivaran investigaciones conjuntas. Tampoco debiera ser preocupante un eventual financiamiento especial, el que, lejos de constituir un favoritismo arbitrario, vendría simplemente a corregir una prolongada negligencia. Imaginemos una analogía: que en Chile por mucho tiempo se hubiera obligado a la Iglesia a desentenderse de las universidades católicas. Si en un momento dado tal coerción se interrumpiera, nadie debería preocuparse, más bien deberíamos alegrarnos todos.
