Señor Director:
En una columna publicada el domingo pasado Carlos Peña llamó tontos, ridículos y exagerados a quienes han reclamado por el video que el gobierno elaboró a favor de la reforma tributaria. A riesgo de caer dentro de alguno de esos epítetos, esbozaré mis razones del por qué encuentro pésimo el video y, a su vez, por qué estoy en desacuerdo con el análisis de Carlos Peña. En primer lugar, aclaro que estoy a favor de cualquier reforma que mejore la calidad de vida de todos aquellos que, por razones ajenas a su voluntad, ven mermadas sus posibilidades de llevar adelante su vida de manera digna.
Una vez dicho esto, considero sumamente claro que la reforma tributaria necesita de una justificación política, esto es, de un intercambio de razones que persuadan a las personas a aceptar (o rechazar) un cambio como el que busca la reforma.
Ahora bien, en cuanto política distributiva de justicia social, creo que es más interesante plantear un debate en esos términos y, por tanto, apelar a razones vinculadas con la equidad y la justa participación de los bienes que como sociedad construimos. Desde mi punto de vista, el video está más bien centrado en ideas robinhoodnescas y en la lucha entre ricos y pobres, con lo que más bien potencia una aproximación maniquea al problema.
Creo en cambio que un enfoque desde la justicia social podría contribuir a una mejor comprensión de las exigencias morales y políticas de este tipo de reformas, e incluso aportar argumentos para los que hasta ahora se muestran reticentes.
En este punto los teóricos de la Nueva Mayoría podrían considerar que la clase media (lo que antes fue el «pueblo» y con la llegada del arcoíris paso a llamarse «la gente») no tiene la capacidad de entender este tipo de argumentos y es mejor ofrecerles algunas ideas gruesas o incluso algunos cómics como los del senador Navarro.
Todo lo anterior me parece una falta de respeto. Hay profundas razones morales y políticas para llevar adelante no solo la reforma tributaria, sino profundos cambios a la Constitución. Estas razones deben ser ofrecidas a la ciudadanía. No es posible obviar que, incluso por medios e instancias como estas, el gobierno tiene el deber de educar y no solamente convencer a los ciudadanos con argumentos tan pobres en lo discursivo.
Pablo Aguayo Westwood
Profesor Asistente de Filosofía Moral Facultad de Derecho U. de Chile
Candidato a Doctor en Filosofía
