La hidroelectricidad promueve la seguridad energética y la estabilidad de los precios, aumenta la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico; y puede ofrecer una contribución significativa para el desarrollo de las comunidades.
En materia de energía, la labor del Ministerio de Bienes Nacionales se inscribe en forma clara e inequívoca en la Agenda de Energía del Gobierno de Chile. En ese sentido, colabora a través de disponer territorio fiscal para proyectos de inversión en el ámbito energético, asumiendo que su desarrollo es una condición necesaria para el crecimiento económico y mayor inclusión social, y la necesidad que la energía sea confiable, sustentable, inclusiva y de precios razonables, con una matriz eléctrica diversificada, equilibrada y que garantice al país mayores niveles de soberanía en sus requerimientos de energía. Todos los pasos que hemos dado en la materia han sido coordinados adecuadamente con el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, con quien mantenemos completa unanimidad de criterio para enfrentar este desafío.
La Agenda de Energía establece un desafío significativo para el Ministerio de Bienes Nacionales en lo que se refiere al impulso de la inversión en infraestructura energética: avanzar con el Ministerio de Energía, a través del Convenio Interministerial, para definir lugares en que se podrán realizar nuevos procesos de licitación o concesión de terrenos fiscales para proyectos de generación eléctrica, teniendo consideración especial por las Energías Renovables No Convencionales y cautelando el criterio de la diversificación de la matriz eléctrica. En dichas licitaciones se impulsará un desarrollo condicionado de las concesiones de los terrenos fiscales, integrando adecuadamente procesos de Evaluación Ambiental Estratégica y Participación Ciudadana Temprana.
También estamos convocados a participar en el desafío de la participación ciudadana y el ordenamiento territorial. Como Gobierno, avanzaremos en un diálogo intersectorial para establecer reglas unívocas para el aprovechamiento eficiente, sustentable y socialmente responsable de los territorios del país. En este contexto, un sustento para la certeza de la ciudadanía y de las inversiones privadas es lograr un Ordenamiento Territorial Energético Regional, identificando la aptitud de zonas para la instalación de proyectos para cada tipo de tecnología, bajo estrictas normas y estándares ambientales.
Para desarrollar recursos energéticos propios, es básica la constatación de la existencia de un potencial hidroeléctrico que aún no ha sido plenamente aprovechado. De allí, sostiene la Agenda, deriva la necesidad de un proceso de planificación territorial energética para el desarrollo hidroeléctrico futuro, a partir de un mapeo y un análisis de cuencas, basado en criterios técnicos hidrológicos y geológicos, ambientales, económicos y socioculturales. Por ello, una de las líneas de acción y metas es “apoyar el desarrollo hidroeléctrico con criterios de sustentabilidad”. Asimismo, otro de los desafíos es identificar las principales barreras que impiden el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. En materia de ordenamiento territorial, una línea de acción esencial es la creación de una Agenda de Ordenamiento Territorial para la hidroelectricidad.
Todos esos cursos de acción serán desarrollados y liderados por el Ministerio de Energía, que establecerá todas las coordinaciones interministeriales que se estime pertinentes, y respecto del cual el Ministerio de Bienes Nacionales se pone a disposición en el marco del Convenio Interministerial y de sus competencias propias.
Nos asiste la plena convicción de que el impulso de la generación de hidroelectricidad es imprescindible. La hidroelectricidad es una fuente renovable de energía y viabiliza el uso de otras fuentes renovables como las energía solar o eólica; colabora en el combate del cambio climático; contribuye al necesario almacenamiento de agua potable; no produce contaminantes del aire o subproductos tóxicos; significa energía limpia y barata en el largo plazo. Por otra parte, respecto de sus impactos sociales, la hidroelectricidad promueve la seguridad energética y la estabilidad de los precios, aumenta la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico; y puede ofrecer una contribución significativa para el desarrollo de las comunidades.
Su papel es prioritario, entonces, para la concepción estratégica de desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales que orienta la Agenda de Energía, y que constituye en esta materia la ruta de navegación del Gobierno de Chile.
