En Chile, los adolescentes en conflicto con la ley penal deben sufrir las carencias de un sistema procesal que no toma en cuenta sus particularidades y necesidades. En el caso de las medidas privativas de libertad, éstas son ejecutadas en centros que no responden a los estándares adecuados para la intervención socio-educativa.
En los últimos días hemos visto diversas notas de prensa respecto de actos constitutivos de delito y en los que habrían participado niños y adolescentes. Las escenas y relatos suelen ser espectaculares, violentos y atemorizantes. Las cifras, sin embargo, cuestionan este panorama desolador.
Las estadísticas anuales a 2013 indican que, de los ingresos totales al sistema penal en Chile, 46.089 corresponden a casos asociados a adolescentes, esto es, sólo un 3,5% de los casos ingresados en todo el país. En relación con 2012, esta cifra implica una disminución de un 6,3% de casos totales ingresados. De estos 46.089 casos, un 0,28% corresponde a homicidios, el 7,72% a robo con violencia y un 14,37% a lesiones. Estos porcentajes contrastan con una mayoritaria participación de adolescentes en actos que ni siquiera llegan a constituir delitos (17,83% de faltas), un 15,19% de hurtos y un 10,25% de otros delitos contra la propiedad.
Aún cuando durante 2013 los robos con uso de violencia e intimidación en adolescentes haya aumentado en un 10%, las cifras disponibles son inequívocas: Los adolescentes contribuyen de manera mínima al agregado total de delitos en Chile (3,5%) y, cuando lo hacen, casi ¾ partes de dichos ingresos corresponde a delitos que no deben clasificarse como violentos.
[cita] En Chile, los adolescentes en conflicto con la ley penal deben sufrir las carencias de un sistema procesal que no toma en cuenta sus particularidades y necesidades. En el caso de las medidas privativas de libertad, éstas son ejecutadas en centros que no responden a los estándares adecuados para la intervención socioeducativa. [/cita]
Frente a esta realidad objetiva, lo que debe orientar el debate público no es la supuesta “peligrosidad” de los adolescentes infractores, sino la particular falta de calidad del Sistema Penal de Adolescentes en Chile. A seis años de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084, el Sistema Penal de Adolescentes en Chile carece de tribunales, fiscales y servicios debidamente especializados, así como de cobertura suficiente de defensa para tratar los desafíos que impone responder efectivamente frente a las necesidades de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
En Chile, los adolescentes en conflicto con la ley penal deben sufrir las carencias de un sistema procesal que no toma en cuenta sus particularidades y necesidades. En el caso de las medidas privativas de libertad, éstas son ejecutadas en centros que no responden a los estándares adecuados para la intervención socioeducativa. A lo anterior se suma la ausencia de indicadores de calidad de la justicia juvenil, así como de un sistema estadístico integrado por todos los actores del sistema que permita orientar las decisiones de política criminal y de diseño institucional. Finalmente, la pendiente reforma del SENAME debiera ser vista como una oportunidad para contar con un servicio técnico de alto estándar, capaz de rediseñar la visión global de los programas que se requieren para prevenir y responder adecuadamente a los planes de intervención que acompañan a la sanción penal. Es tiempo de cumplir con las obligaciones del Estado de Chile con las niñas, niños y adolescentes, también de aquellos que infringen la ley penal.
