Se necesita con urgencia una entidad que fiscalice de forma externa a los hogares del Sename, no es posible que en marzo del año pasado se haya entregado un informe a la Corte Suprema denunciando una serie de vulneraciones graves a los niños residentes de dichos hogares y no se hayan tomado las medidas necesarias.
El pasado 14 de marzo, la Presidenta Bachelet firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de la Infancia. Dicha entidad tendría como principal preocupación el ocuparse de la protección de los menores, dando una figura normativa más sólida para proteger los derechos de ellos y, además, se ocuparía de fiscalizar al Sename y sus respectivos hogares.
Lamentablemente, lo dicho por el gobierno pareciera ser un mar de buenas intenciones, y en la medida que pasa el tiempo no se visualiza una pronta implementación de la Comisión ni menos una pronta solución a los problemas de los derechos de la infancia.
Este gobierno ha priorizado lo mediático versus lo urgente; aceleró una reforma tributaria señalando que sería en pro de la educación, situación que la ciudadanía solicitaba de forma muy persistente. A mi entender el problema de la protección de la infancia es mucho más prioritario que los proyectos más mediáticos y requiere que la clase política le tome el peso y se hagan cargo de ella.
Al día de hoy siguen los abusos a los niños en hogares del Sename, la poca cantidad de profesionales idóneos que operan en dicho servicio (sólo hay tres abogados que ven materia de adopciones en Sename), hacen inviable que este Servicio cumpla con su función, por otro lado la estructura de tribunales para atender estos casos está colapsada.
En el proyecto inicial de tribunales de familia, se esperaba que el juez contara con el apoyo de un grupo de profesionales para cada materia determinada, sicólogos y siquiatras, situación que en la actualidad se da en forma muy precaria. Por otro lado, el 90% de los peritajes para determinar el estado de salud mental de padres e hijos, su grado de vulneración, son proporcionados por el Estado.
Requerimos y exigimos al poder estatal mayores recursos y mejores políticas, que en concreto se deben traducir en la creación de más centros de medidas cautelares especializados en materias de protección de los derechos de niño y violencia intrafamiliar, y entregarles a esos centros un mayor número de profesionales que puedan atender las problemáticas urgentes que generan dichos casos de forma rápida y autónoma.
Se necesita con urgencia una entidad que fiscalice de forma externa a los hogares del SENAME, no es posible que en marzo del año pasado se haya entregado un informe a la Corte Suprema denunciando una serie de vulneraciones graves a los niños residentes de dichos hogares y no se hayan tomado las medidas necesarias.
No queremos más niños abusados, no queremos más explotación laboral infantil, no queremos más niños violentados, no queremos más niños discriminados.
