Opinión
Todo esto conduce a la guinda de la torta del caso expuesto por el reportaje. Resulta que en la negociación en el Senado, se incluyó una indicación a favor de las empresas productoras de software que funcionará en la práctica como un subsidio. Es decir, el cándido proyecto original de Mirosevic desató el lobby que eventualmente empujó el proyecto de Farcas y luego la indicación en el proyecto de Reforma Tributaria. Esta carambola muestra la efectividad del lobby, la capacidad de promover y de neutralizar proyectos de ley y mociones, que terminan desembocando en beneficios directos a grandes empresas.
Suficiente se ha reflexionado en este medio sobre el debate teórico que implica la Ley de Lobby y su inserción en un asunto más amplio, esto es, la relación entre el dinero y la política en Chile. El caso del diputado Mirosevic y la empresa Microsoft Chile es uno patente que sirve para ilustrar la dinámica del lobby en el proceso legislativo. El conflicto está narrado en el reportaje en la revista Sábado de El Mercurio, del periodista Rodrigo Fluxá, quien es un reconocido profesional, premiado por su pares, y autor de un excelente libro sobre los asesinos de Daniel Zamudio. La seriedad del reportaje de Fluxá no puede ponerse en duda y los hechos allí descritos constituyen un nítido lobby para frenar una idea de un diputado, una idea referente al software libre y su uso en dispositivos del Estado.
Para comprender el debate es necesario observar la secuencia de hechos. El diputado Mirosevic, del Partido Liberal de Chile, pensaba presentar un proyecto de ley referente al software libre y promover su utilización por parte del Estado. El proyecto de acuerdo presentado por el diputado Mirosevic fue suscrito también por otros nueve legisladores que buscan que el Estado tome en cuenta la alternativa del software libre frente al software de licencia, por el cual se pagan más de 36 mil millones al año, según el detalle construido por el equipo del diputado. Conscientes de la amenaza sobre sus intereses, los representantes de Microsoft acudieron a entrevistarse con Mirosevic a fin de persuadirlo de bajar esta moción. En estas gestiones, Microsoft se acompañó de una empresa de comunicaciones estratégicas denominada Factor C, en cuyo sitio web no se menciona el servicio de lobby y cuya directora ejecutiva es Javiera de la Cerda, señora del alcalde UDI de Las Condes, Francisco de la Maza.
En paralelo al proyecto de Mirosevic, el diputado Daniel Farcas (PPD) levantó un proyecto de ley sobre neutralidad tecnológica informada, esto es, que el Estado sea neutral ante el software, ya sea licenciado o libre, proyecto que el diputado defiende como complementario del proyecto de Mirosevic. Parece evidente que se debe defender la neutralidad tecnológica informada o «imparcialidad tecnológica informada» en las adquisiciones y contrataciones de tecnologías de la información y comunicaciones que realice la Administración del Estado. Sin embargo, no es claro que el proyecto de Farcas promueva el software libre, en tanto se ocupa sólo de la neutralidad vertical, esto es, el Estado y sus proveedores, pero no se ocupa de la neutralidad horizontal, esto es, las condiciones en las cuales conviven las grandes empresas y los pequeños programadores. Llama la atención, enseguida, que el proyecto de Farcas sea aprobado al día siguiente del proyecto de Mirosevic y que, en la práctica, bloquea su espíritu, pues el foco pasa de promover el software libre a la neutralidad tecnológica.
Lo primero que se debe distinguir es el software libre del software licenciado. Este último es el software comercial que las empresas fabricantes venden a los usuarios finales y también a los entes públicos, oficinas estatales, instalaciones parlamentarias, tribunales, y demases. Para los fabricantes de software, los Estados son un excelente cliente que le reporta enormes ganancias por concepto de licencias, esto es, el derecho a ejecutar una copia del programa computacional en un determinado equipo o hardware.
[cita]La arista principal de este cuadro es el financiamiento de las campañas electorales. Avanzar significa que se logre separar la fuente de dinero del derecho a competir en cargos de representación popular y que los electores conozcan las fuentes de financiamiento de sus candidatos. Esta cuestión también fue abordada por el diputado Mirosevic en la indicación que presentó en conjunto con el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Ambos diputados lograron que se aprobara una indicación al proyecto de reforma del sistema binominal, terminando con los aportes secretos actualmente amparados en la Ley 19.884. Todo esto no significa que se deba poner bajo sospecha toda instancia de cooperación público-privada, sino que esa cooperación ocurra bajo reglas claras e iguales para todos. Algunas vez los jóvenes dirigentes chilenos lucharon por separar al Estado de la Iglesia, hoy pareciera que la tarea es separar al Estado de las empresas, para que ambos sean posibles.[/cita]
Por otro lado, el software libre pretende entregar libertad al usuario para no sólo ejecutar el programa, sino también copiarlo, distribuirlo, mejorarlo, estudiarlo y modificarlo en general. Así, ya durante tres décadas se ha desarrollado un software paralelo al comercial, creado por comunidades de cooperación dedicadas a mejorar el producto, programando mejoras, solucionando bugs y mejorando la interfaz gráfica. Por ejemplo, el sistema operativo Linux pretende ofrecer una alternativa gratuita y libre frente a los sistemas operativos de Microsoft y Apple.
Los promotores del software libre tienen sus propios gurúes, como Richard Stallman, que visita Chile esta semana. Stallman es uno de los principales promotores internacionales del software libre, para lo cual ha constituido grupos de estudios y fundaciones con presencia en todos los continentes. Los argumentos de Stallman juegan en diversos planos. Por un lado, hay un evidente tema económico que se grafica en Chile con el siguiente dato: al año gastamos en licencias de software el equivalente a seis robos del siglo, como el ocurrido recientemente en el Aeropuerto de Santiago. En segundo lugar, hay un asunto de soberanía digital de los Estados y de los ciudadanos. ¿Por qué razón el Estado debe guardar la información sobre nosotros, las planillas, los documentos, en formatos privados que sólo un par de compañías manejan y actualizan? ¿Por qué debemos preferir los excel y los word antes que los formatos abiertos y libres?
En tercer lugar, hay una arista sobre la libre competencia de la industria del software. La posición dominante de determinadas empresas atenta contra la posibilidad de desarrollar a largo plazo un área de competitividad que permita hacer de Chile un productor de software. En este sentido, llama la atención que en el caso descrito en revista Sábado se mencione que existe un interés conjunto de Microsoft y la ACTI, agrupación que reúne a los pequeños productores de software. Uno de los argumentos de Stallman y sus seguidores es que el software libre, justamente, potencia a los pequeños productores que se encargarían de adecuar y potenciar los programas abiertos usados en dependencias públicas. Así, los pequeños programadores podrían transformarse en proveedores del Estado de soluciones informáticas específicas que faciliten el uso de software libre.
Estos tres puntos son importantes para desmitificar algunos contraargumentos que esgrime la industria. Suele decirse que el software libre termina con la innovación, pues se pierde el motor motivacional al no poder vender licencias. Al revés, puede decirse que el software libre promueve una cultura de innovación distinta, donde la cooperación permita abrir los programas al mismo tiempo que garantizar la libertad de empresa. En este sentido, el software libre no es gratis ni pretende serlo. Sin embargo, el rol del Estado es clave, pues puede utilizar el dinero gastado en licencias de grandes compañías para promover el software de pequeños programadores. De ahí que la lista de países que han decidido usar software libre crezca todos los años destacando los esfuerzos de Alemania, Francia, Italia, Uruguay, México y otros. El proyecto de Mirosevic va justamente en este sendero que involucra protocolos de cooperación de distinta índole entre la sociedad civil, los dirigentes políticos, los programadores y las instancias internacionales. Más allá todavía, la idea permite pensar en la necesidad de educar a los niños en software libre, creando una cultura de creación y edición de programas desde la educación escolar en adelante.
En este sentido, en Chile cabe destacar el rol que ha tenido la ONG Derechos Digitales, formada por el abogado Claudio Ruiz. Esta ONG fue una de las instituciones participantes en el plan de Estrategia Digital elaborado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En una instancia coordinada por el Ministerio de Hacienda de la época, el gobierno encargó un informe sobre software libre a una mesa conformada por especialistas. Hoy, el sitio web de Estrategia Digital se encuentra fuera de funcionamiento y poco y nada se ha vuelto a hablar sobre el informe FLOSS encargado a los expertos.
Gasto en Programas Informaticos by Diario ElMostrador.cl
Una vez descrito el asunto del software libre, parece evidente que este conflicto entre Mirosevic y Microsoft tiene una arista de lobby que no puede ser pasada por alto. La regulación del lobby, sabemos, ya se encuentra estipulada en la Ley 20.730 que todavía no entra en operaciones, debido a que estamos a la espera de la dictación del reglamento respectivo. En el corto plazo no parece plausible tener a la ley en funcionamiento, dado que luego del reglamento habrá que montar un sistema digital que permita conocer las reuniones de los parlamentarios y demás autoridades involucradas. Sin embargo, el equipo de Mirosevic ha puesto en operación una minuta equivalente a las que se deberán construir bajo la Ley 20.730. En esa minuta, se observa el rol que jugó la empresa Factor C como representante de Microsoft y la ACTIS. En la web de Factor C no aparece mención alguna al lobby como tal. ¿Entenderá Factor C que lo que hacen es lobby?
Todo esto conduce a la guinda de la torta del caso expuesto por el reportaje de Fluxá. Resulta que, en la negociación en el Senado, se incluyó una indicación a favor de las empresas productoras de software que funcionará en la práctica como un subsidio. Es decir, el cándido proyecto original de Mirosevic desató el lobby que eventualmente empujó el proyecto de Farcas y luego la indicación en el proyecto de Reforma Tributaria. Esta carambola muestra la efectividad del lobby, la capacidad de promover y de neutralizar proyectos de ley y mociones, que terminan desembocando en beneficios directos a grandes empresas. Paralelamente, se orquesta una alianza con los pequeños productores, a fin de alinear intereses y negociar todos juntos. El resultado es obvio: legislan a su pinta. La lógica ya la conocemos de proyectos como la Ley de Pesca, que fue bautizado como “un picnic del lobby”, por el senador Carlos Montes.
En la entrevista que le realiza Fluxá, Mirosevic sostiene que Chile vive un modelo neocorporativista. Este vocablo tiene distintas connatociones que es importante analizar. Por un lado, el neocoporativismo es una versión mejorada de los corporativismos de mitad del siglo XX, es una visión organicista de la sociedad, donde las corporaciones influyen directamente en las decisiones del Estado. Ese modelo de mitad de siglo XX hoy es revisitado en tanto las grandes empresas se entienden con el Estado mediante vías privilegiadas, articulando los intereses en la fórmula win-win. Incluso más allá, las nuevas lógicas del lobby y la comunicación estratégica permiten un win-win-win, la triple ganancia que involucra ahora también a estas novísimas agencias, nuevos núcleos de poder y de influencia.
El concepto neocorporativismo es interesante también como crítica al modelo chileno. El sociólogo Alberto Mayol recientemente ha vaticinado un derrumbe de su derrumbe, esto es, la demolición de la tesis sobre la crisis estructural del modelo chileno. Esa tesis es ciega a la dimensión microfísica del modelo chileno, esto es, la forma en que se toman las decisiones, aquello que podemos llamar “la cocina del modelo chileno”. El caso de Mirosevic sirve para ilustrar claramente el rol del lobby como promotor de proyectos de ley, a la vez que agente neutralizador de potenciales amenazas. Con todo, el lobby es sólo una arista de un escenario complejo donde también deben tomarse en cuenta la regulación de la puerta giratoria de autoridades públicas que pasan al mundo privado y viceversa.
La arista principal de este cuadro es el financiamiento de las campañas electorales. Avanzar significa que se logre separar la fuente de dinero del derecho a competir en cargos de representación popular y que los electores conozcan las fuentes de financiamiento de sus candidatos. Esta cuestión también fue abordada por el diputado Mirosevic en la indicación que presentó en conjunto con el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Ambos diputados lograron que se aprobara una indicación al proyecto de reforma del sistema binominal, terminando con los aportes secretos actualmente amparados en la Ley 19.884. Todo esto no significa que se deba poner bajo sospecha toda instancia de cooperación público-privada, sino que esa cooperación ocurra bajo reglas claras e iguales para todos. Algunas vez los jóvenes dirigentes chilenos lucharon por separar al Estado de la Iglesia, hoy pareciera que la tarea es separar al Estado de las empresas, para que ambos sean posibles.
