A propósito de la discusión generada en torno a la propuesta de la directora de FONASA Jeanette Vega en el marco de la Comisión de Reforma de las ISAPRES, la cual plantea la creación de un seguro único de salud, y con ello la eliminación de las ISAPRES en su rol de administradoras de la cotización obligatoria para salud, propuesta que obtuvo mayoría en esta Comisión Presidencial, es necesario comprender los valores y conceptos que subyacen a este planteamiento.
El actual modelo de financiamiento en Chile, impuesto en dictadura, se caracteriza por un bajo gasto público y un alto gasto privado, especialmente en lo que se refiere a gasto de bolsillo, el cual representa el 37% del gasto total en salud (el mayor entre los países de la OCDE), siendo el gasto que más impacto tiene en el presupuesto del hogar y la fuente de financiamiento más inequitativa y menos eficiente.
Por otra parte, existe una apropiación de fuentes públicas por aseguradoras privadas con fines de lucro, las ISAPRES, que funcionan en la lógica de los seguros privados de salud descremando a sus afiliados según riesgo y capacidad de pago. Las ISAPRES recaudan las cotizaciones obligatorias de la seguridad social del segmento con mayores ingresos de la población. Las cotizaciones obligatorias, que en la práctica son un impuesto al trabajo, son una de las formas en que una sociedad recauda los fondos necesarios para la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, en este caso la atención de salud, y de esta forma el Estado promueve el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, ese 7% definido en Chile como cotización obligatoria no pertenece a cada individuo, sino que forma parte del pool de fondos destinados a la protección social de la salud, tal como cualquier impuesto.
De ahí que resulta inexplicable que en nuestro modelo el Estado deje recaudar el 1% del PIB por esta fuga de fuentes de financiamiento públicas hacia empresas privadas, las cuales generan grandes utilidades a costa de este dinero público. Este lucro con recursos públicos, de la misma forma que se ha planteado en educación, se debería considerar al menos ilegítimo.
Lo que se pretende recuperar con la propuesta de Vega, que por lo demás comparten muchos sectores de la sociedad, son la solidaridad y la equidad como principios básicos de la seguridad social. Es decir, la creación de un modelo que genere subsidios cruzados entre personas de distintos niveles de ingreso. En palabras simples, que quienes más tienen aporten más al sistema y que cada uno reciba acorde a sus necesidades de salud y no de acuerdo a su capacidad de pago.
La propuesta no toca lo relacionado a la provisión de atenciones de salud, y esto es algo que debe quedar muy claro: los prestadores públicos y privados continúan en su mismo rol actual. Lo que cambia es quien paga, pasando de ser FONASA o una ISAPRE a este SEGURO UNICO DE SALUD, por lo que para las personas no implica un cambio en la forma que tienen actualmente de satisfacer sus necesidades de atención. Por otra parte, las ISAPRES se convertirían en seguros privados complementarios (más bien sincerarían su rol), para los cual los afiliados a este sistema utilizarían los mismos recursos que pagan como concepto de cotización extra, los que actualmente alcanzan hasta un 3% del sueldo imponible.
Está claro que la reforma que necesita el sistema de salud chileno es mucho más amplia que la planteada con este cambio en el modelo de financiamiento. Una reforma estructural debe ser pensada a largo plazo y requiere de elementos previos, como la reforma constitucional y tributaria, para llevarla a cabo. La Ministra de Salud, Helia Molina, tiene razón al plantear que una reforma al sistema de salud no es parte del mandato presidencial de esta administración.
Sin embargo, la Presidenta Bachelet tiene la oportunidad histórica de escuchar a la comisión de reforma de las ISAPRES y dar este paso hacia los cambios que necesitamos en nuestro sistema de salud.
