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El demonio, el lucro y el mercado Opinión

El demonio, el lucro y el mercado

Cabe preguntarse qué ocurrió en Chile para estar concluyendo hoy que las ganancias o utilidades en general son ilegítimas o merecen desprecio. Desde hace muchos años se viene advirtiendo que la estructura económica chilena, tarde o temprano, iba a ser objeto de una respuesta condigna de la sociedad, debido a que la ciudadanía ve a diario una concentración de poder económico extraordinaria y observa una concentración en los mercados muy relevante, que le afecta directamente.


Es ya casi un lugar común escuchar que el lucro tiene una equivalencia completa con la maldad y con su agente, el demonio. En relación con ello se habla del capitalismo salvaje y de la crueldad del mercado. Juan Pablo II y Aylwin, contribuyeron a dicha satanización. De estas categorías se pasó rápidamente a calificar toda ganancia o utilidad obtenida en la actividad económica como algo ilícito e intrínsecamente inmoral. La distinción necesaria entre la ganancia ilícita y la ilícita se desvaneció. Pareciera hoy que toda ganancia per se es ilícita y todo lucro, palabra aborrecida por muchos, es inmoral.

Cabe preguntarse qué ocurrió en Chile para estar concluyendo hoy que las ganancias o utilidades en general son ilegítimas o merecen desprecio. Desde hace muchos años se viene advirtiendo que la estructura económica chilena, tarde o temprano, iba a ser objeto de una respuesta condigna de la sociedad, debido a que la ciudadanía ve a diario una concentración de poder económico extraordinaria y observa una concentración en los mercados muy relevante, que le afecta directamente. Este sería el primer detonante.

Esta concentración en la década de 1960 originalmente estaba en el Estado, que poseía alrededor del setenta por ciento de las principales empresas del país. Cuando bajo el gobierno militar se crea el mercado de capitales moderno, se traspasan muchas empresas del Estado a precio bajo a controladores vinculados al régimen de Pinochet. Esas privatizaciones fueron respaldadas astutamente por lo que se dio en llamar el capitalismo popular, adelantando a los funcionarios públicos parte de sus indemnizaciones con acciones en las empresas privatizadas y luego apoyadas con los fondos previsionales “AFP”, administrados por privados, los que se invirtieron en acciones de esas empresas y con un sistema tributario (FUT) que les permitió disponer de parte de sus utilidades para reinvertirlas sin pagar todos los impuestos a la renta.

[cita]La corrección profunda que hay que hacer es sustituir, como fin último de la actividad económica, el lucro o la ganancia, por la solidaridad y la cooperación. Si insertamos los valores de la solidaridad en la actividad económica, como razón final de todo el proceso productivo, habremos incorporado un elemento sustancial que permitirá hablar seriamente de una economía social de mercado.[/cita]

Con este cuadro, idílico para el sector privado, creado al amparo de la dictadura, se encontró la democracia, la que ejecutó cambios en la medida de lo posible y culminó el proceso privatizador, lo que desgraciadamente aumentó la concentración.

Desde mediados de los 90 a la fecha el fenómeno descrito comenzó a dar sus frutos, que fueron buenos y malos. Los buenos son que se modernizó la economía y se aumentó el caudal de los servicios, el país creció y desapareció una suerte de pobreza extrema, mejorándose la calidad de vida, pero manteniéndose la desigualdad. Esta cuestión pareció no preocupar a muchos, aunque algunos anticipamos que traería problemas. Estos fueron los frutos malos, que se tradujeron en que este modelo omnímodo desarrolló una serie de conductas contrarias a las reglas económicas, deslindando en el ámbito penal no pocas veces y afectando, al comienzo imperceptiblemente, la democracia, infectando al sector político al establecer un conjunto de mecanismos que permitieron, incluso legalmente, una injerencia excesiva del dinero en las decisiones electorales. Se creó una correa de transmisión entre el dinero que fluye del sector empresarial al mundo político, perdiendo éste, en algún grado importante, su necesaria independencia y autonomía. Un sector político, creyendo hacer un buen negocio, se convirtió en una extensión de poder económico.

En el curso de unos diez años se produjeron hechos muy cuestionados por la población, como el caso Chispas, Inverlink, La Polar, el aumento de capital de Enersis, el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, pollos, buses, entre otros. Aun así, no había aparecido todavía una expresión vital del rechazo al lucro como el que se ve hoy día. Resulta curioso que ni la expresión del Papa sobre el capitalismo salvaje, ni la de la crueldad del mercado de Aylwin, hubiesen logrado ni remotamente interesar a la ciudadanía al extremo de lo que se ve hoy en día. Anotamos un segundo detonante en la acumulación de hechos abusivos, actos de codicia y avaricia.

Cabe entonces preguntarse qué antecedentes adicionales explican el cambio de perspectiva de la sociedad chilena. Normalmente se pone el énfasis en que ello habría ocurrido con las marchas estudiantiles que reclamaban por el lucro en la educación. Pero en realidad ellas no llegaron a colocar el tema en el nivel que se ve hoy, aun cuando, apareciendo inicialmente limitadas al negocio de la educación, también algunos de sus líderes, especialmente de militancia comunista, se referían a un cambio global en la sociedad, sobre lo que llamaban el modelo y la ganancia ilícita de capital.

El gobierno actual inició procesos de cambio que incorporaron en forma directa la temática del lucro. La reforma tributaria en su mensaje daba a entender que el gobierno tenía una alta preocupación por las excesivas ganancias, el bajo nivel de impuestos y los mecanismos diversos para eludirlos que los contribuyentes del capital realizaban, lo que los transformaba en personas altamente sospechosas de lucrar indebidamente, llegándose, en esa ley ya aprobada, a equipar la elusión con la evasión; esto es, las acciones destinadas a pagar menos impuestos con los fraudes para no pagarlos. Esto se tradujo en mayores facultades para el Servicio de Impuestos Internos. Esta ley fue aprobada por todos los sectores políticos a una velocidad sin duda imprudente.

La segunda reforma de carácter educacional se inició con una característica claramente contraria a la educación privada subvencionada que tuviere fines de ganancia y por ello el gobierno instó por poner coto a esta situación, antes de desarrollar los mecanismos para potenciar una educación pública que impidiera en la práctica el crecimiento del lucro en los colegios subvencionados. Se optó por una señal antilucro clara que no admite dos interpretaciones.

Casualmente y como de la demonización de las cosas se trata este artículo, el diablo metió derechamente su cola y, sin que nadie lo esperara, ha aparecido la cruda realidad de los dineros en la política y con ello la enorme responsabilidad que se les asigna a las empresas que entregan dineros a las campañas, ya sea por vías legales o ilegales; y, en definitiva, con este colofón el resultado es que la ciudadanía concluye que una vez más el lucro sin distinciones corrompe también a la política.

Es probable que aquí encontremos el tercer detonante y final.

Los hechos que primariamente hemos enumerado han ido concurriendo para producir un efecto que probablemente nadie ha buscado, ni los que cometieron los errores o las fechorías, ni el Ejecutivo que pretende hacer sus mejores esfuerzos para llevar a cabo su plan de gobierno. Pero todo se suma y multiplica para crear un factor explosivo.

El tema es de suyo trascendente. Sin la búsqueda de utilidades o beneficios, no puede existir economía privada; y sin esta clase de economía, es solo una economía estatal. Para que el Estado moderno desarrolle sus potencialidades requiere de recursos y ellos provienen sustancialmente de parte de las ganancias legítimas que todo ciudadano está obligado a entregarle para cumplir los roles de seguridad pública, social, externa y gobernabilidad que se le exige al Estado.

Los hechos expuestos llevan a que se esté produciendo una situación extraordinariamente preocupante. Ya que satanizado el lucro, las utilidades y las ganancias, transformados los beneficios económicos en actividades sospechosas o aún inmorales, toda la economía privada, llámese mixta, de mercado o social de mercado queda totalmente desvalorizada. Para ser consecuente con el discurso que trata de eliminar todo lucro del mercado, lo que se está haciendo no es una simple corrección del modelo económico, sino que un cambio total e íntegro del modelo económico y de todo su entorno social y cultural.

De allí pues que sea necesario y urgente hacer una distinción entre la utilidad o ganancia que se trata de obtener en el mercado como fin inmediato, con el lucro entendido como el fin último de toda la actividad económica y social. El lucro como fin inmediato es una actividad lícita, ya que sin ganancias o utilidades justas el mercado no puede funcionar. El deterioro moral se produce cuando los fines últimos de las actividades económicas son el lucro. Cuando los fines últimos son únicamente el lucro, se está lucrando y pervirtiendo a la actividad económica. Por ejemplo, cuál es el fin de que dineros del sector empresarial fluyan al financiamiento de las campañas electorales. El supuesto fin inmediato es concurrir al pago de parte de los gastos de aquellas, pero, al parecer, el fin último de dichos dineros es lucrar, asegurándose contar en un momento determinado con un respaldo político para materias que pudieran interesar a los donantes de dineros, es decir, mantener sus nichos de poder económico.

El tema del lucro se aclara acudiendo a los clásicos. Los doctores escolásticos señalaban que la producción y la negociación no justificaban per se las ganancias. Estas solo eran justas cuando resultaban de la compra y venta de precios justos; precios de mercados sin fraude, coerción o monopolio. Para ellos, las ganancias, en sí mismas, son moralmente indiferentes. Pueden ser mal o bien usadas. Para Santo Tomás, es apropiado señalar que las ganancias son un fin inmediato de los negocios y éstas son justas cuando tienen por objeto cubrir los gastos de la familia; cuando están destinadas a ayudar a los pobres; cuando garantizan que el país no quede desprovisto de bienes esenciales; cuando compensan las labores del negociante; y cuando resultan de las mejoras efectuadas en el producto. Afirmar que las ganancias son un fin inmediato legítimo para aquellos que se dedican a negociar no contradice la condena escolástica a aquellos que persiguen las ganancias como fin último.

Lo que ha sucedido en Chile es que las ganancias se han convertido en el fin último de importantes actores económicos que acumulan riquezas exorbitantes, más allá de toda justicia distributiv, y que hacen del lucro un fin existencial.

La corrección profunda que hay que hacer es sustituir, como fin último de la actividad económica, el lucro o la ganancia, por la solidaridad y la cooperación. Si insertamos los valores de la solidaridad en la actividad económica, como razón final de todo el proceso productivo, habremos incorporado un elemento sustancial que permitirá hablar seriamente de una economía social de mercado; de una economía para todos y no para un grupo de privilegiados que han quebrado la necesaria austeridad que debiera existir en una comunidad de personas libres, cuyo desarrollo e integridad psíquica, moral y material, debiera ser el fin último de todos los actores económicos. Con estos principios puestos en acción, se podría ir a una política de desconcentración efectiva de los mercados, la que produciría la ruptura del círculo vicioso de la desigualdad. La influencia del dinero en la política sólo terminará cuando exista un cambio efectivo de valores. La mezcla o confusión del dinero con la política siempre ha sido fuente de toda corrupción, por cuanto ha conducido históricamente a la acumulación del poder en unos pocos. Y éste, en manos de un número reducido de personas, tiende naturalmente a la corrupción.

Cada uno de los antecedentes descritos llevan a la necesidad urgente de abordar todos estos temas y no dejarlos entregados sólo a organismos que tienen otras finalidades. Ni el Ministerio Público, ni los tribunales de justicia, ni las policías, ni el Servicio de Impuestos Internos son los organismos encargados de solucionar el problema del lucro. La frase “dejar que las instituciones funcionen”, tan en boga, no aborda el problema de fondo, ya que son las instituciones mismas de carácter político las que se encuentran afectadas y, en consecuencia, deberán buscarse soluciones de fondo, previo debate público que pueda hacer claridad sobre el fondo oscuro al cual se ha llegado. Y, además, debe hacerse pronto, porque este desencuentro es vital para el desarrollo de Chile.

De lo expuesto fluye la urgencia de definir el camino por el cual deberán transitar las reformas ya hechas y las que están en proceso, y la Nueva Constitución Política.

La corrección del modelo fluye como resultado de lo expuesto, y era cuestión de tiempo, pero requiere conducción política para afrontar también la concentración económica en los mercados, controlar el poder político de los conglomerados, materia que supera con mucho lo técnico y lo económico.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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