llí se arroga la representación de los chilenos. Por lo que, acciones como la aprobación al aumento de sueldo en esa cantidad para los legisladores, no contribuye a la anhelada y deseable transparencia. Ni mucho menos con la requerida conexión con los territorios que los mismos parlamentarios representan.
El martes 25, la Cámara de Diputados aprobó el aumento salarial para los empleados dependientes del Estado en un 6%. Los reajustes de carácter anual son necesarios, en tanto incluyen una serie de factores para su implementación, donde el costo de la vida es un elemento importante a considerar para todos los chilenos, incluyendo los casi 250 mil empleados fiscales. Hasta ahí, todo bien. El revuelo se generó, cuando los parlamentarios de la cámara baja rechazaron la indicación redactada por dos diputados con la que se pretendía que esta alza no afectara a los altos funcionarios fiscales, es decir: Congresistas y Ejecutivo.
En otras oportunidades también se ha criticado la labor de los parlamentarios cuando se han aumentado las asignaciones que corresponden a cada uno. Hay que hacer la diferencia entre asignaciones y sueldo. Las asignaciones son necesarias también de aumentar periódicamente, en tanto se utilizan en investigación para legislación comparada (mejor ejercicio legislativo), despliegue territorial (mejor representatividad) y salarios de asesores (profesionales y equipos). De ahí a aumentar los sueldos, hay una gran distancia.
Según se estimó, esta alza correspondería a un valor anual de dos millones de dólares. Cifra que no se condice con la realidad del país, en varios aspectos. Primero por la recesión económica. Porque es un momento donde hay puestos de trabajo que, dado los temores que produce un bajo crecimiento, comienzan lamentablemente a tambalear.
Otro ítem es la inflación, que si bien aún está controlada en comparación con otros países, las cifras indican que ha aumentado en 5,7% en los últimos 12 meses. ¿Y a quién afecta directamente esta alza? Justamente, a las familias más vulnerables. Por esta razón, es que es un contrasentido promover y avalar un aumento de sueldo –financiado por el Estado- para el selecto grupo de parlamentarios. En tercer lugar, otro argumento es que no parece sano ni recomendable aumentar los niveles de desigualdad que existen en Chile, tanto por un deber ético, como también por la necesaria paz social que se requiere para retomar el impulso de crecimiento que contenga variaciones estructurales apuntando a una mayor equidad.
Por lo demás y, en buena hora, la ciudadanía está más empoderada, accede a mejor información y también la busca. Los medios de comunicación han publicado la lista íntegra de aquellos parlamentarios que rechazaron la indicación que prohibía este reajuste en los altos funcionarios.
Lo más grave, de todos modos, no es sólo la discusión en torno a los montos, sino a la señal que se entrega. El fortalecimiento y la credibilidad del Parlamento, con acciones como éstas, quedan en juego. Aquello es lamentable, puesto que -más allá de sus falencias por las reglas eleccionarias- el Congreso es el lugar de encuentro entre las diversas miradas de la ciudadanía. Allí se arroga la representación de los chilenos. Por lo que, acciones como la aprobación al aumento de sueldo en esa cantidad para los legisladores, no contribuye a la anhelada y deseable transparencia. Ni mucho menos con la requerida conexión con los territorios que los mismos parlamentarios representan.
