El futuro de la educación superior
Señor Director:
En las próximas semanas veremos (¡al fin!) en qué consisten los proyectos de reforma universitaria del gobierno de Bachelet. En el intertanto ya podemos ver a grupos de interés preparando sus agendas. Ello no tiene nada de negativo, pues es una legítima forma de influir sobre la toma de decisiones. Se convierte en un problema, sin embargo, cuando los mismos utilizan conceptos que no cumplen la función clarificadora con la que buscan definirse. Si se revisan momentos claves de definición del futuro de la educación como la elaboración de los informes “Una política para el desarrollo de la Educación Superior en la década de los Noventa” (1990) o “Los desafíos de la educación superior chilena. Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior” (2008) o en las más recientes discusiones en instancias emblemáticas como el “Proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación” (2011) o la “Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior” (2011), entre otras, se puede observar de manera constante una preocupación por el “bien común” que las instituciones de educación superior aportarían a la sociedad, entendiendo por tal la presencia de características como instrucción, investigación, conciencia crítica, extensión con el medio y así sucesivamente. No parece ser coincidencia que la definición planteada al respecto coincida con la característica que cada grupo busca resaltar en su propia institución.
Cuando se tienen conceptos con este nivel de indefinición se debe recordar al sociólogo alemán Niklas Luhmann: los conceptos que no excluyen nada no son tales sino ideologías. Una manzana es una manzana y no una naranja. El derecho a la educación es eso y no una educación de mercado. En consecuencia, si esperamos en las próximas semanas discutir seriamente sobre el futuro de la educación superior, confiemos en que exista una definición clara acerca de qué se entenderá por bien común y privado en este ámbito. Caso contrario, bien podemos encontrarnos, al igual que en instancias previas que marcan hasta hoy el estado de la educación chilena, en la situación de hablar de “bien común” pero realmente estar hablando del deseo de acceder al “financiamiento estatal”.
Julio Labraña
Sociólogo
Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad