Lo que resulta extraño es que se haya apresurado una decisión en que los senadores de la Región sean Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) y los diputados sean, en el Distrito 5 de la Región de Atacama (Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro), Lautaro Carmona (PC), Daniella Cicardini (PS) y, en el Distrito 6, los diputados Alberto Robles (PRSD) y Yasna Provoste (PDC). Este bono pareciera intenta favorecer de manera clara a los distritos de parlamentarios de la Nueva Mayoría que lograron doblar a la derecha.
El Congreso despachó en sólo cuatro sesiones un proyecto que permite a los funcionarios públicos de la Región de Atacama obtener un bono de un millón de pesos. Para que esto pasase, fue necesario que el gobierno colocara suma urgencia al proyecto, lo cual, extrañamente, sucedió.
El proyecto abrió una enorme caja de Pandora que tendrá, sin duda, repercusiones en el futuro inmediato, porque la argumentación de que “los costos de la vida en diferentes sectores del país son asimétricos, o que tiende a generar inequidades” será rápidamente replicada por los funcionarios de todas las regiones extremas, pero también de los lugares más alejados en todas y cada una de la regiones del país. Por qué no darlo a los profesores de zonas rurales; o a los médicos de atención primaria rural; o a los carabineros de zonas fronterizas, y un largo etcétera.
[cita] Lo que resulta extraño es que se haya apresurado una decisión en que los senadores de la Región sean Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) y los diputados sean, en el Distrito 5 de la Región de Atacama (Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro), Lautaro Carmona (PC), Daniella Cicardini (PS) y, en el Distrito 6, los diputados Alberto Robles (PRSD) y Yasna Provoste (PDC). Este bono pareciera intenta favorecer de manera clara a los distritos de parlamentarios de la Nueva Mayoría que lograron doblar a la derecha.[/cita]
Al parecer, el gobierno, precipitadamente, no se dio cuenta que si se quiere ser equitativo debiese haber cálculos de los índices de precios y salarios mínimos regionales, como lo sugerimos en la Comisión que trataba el tema de la pobreza en 2014; es decir, una óptica nacional de equidad y reducción de las desigualdades. La propuesta, sin embargo, incluye –pero solo para el futuro– una decisión de que el INE deba estimar Índices de Precios Regionales.
No cabe duda que esto tendrá efectos en el presupuesto público y, en buena hora, que se sinceren las supuestas homogeneidades regionales en un país que, como Chile, tiene una descomunal heterogeneidad, al menos, de climas y riquezas naturales, lo que hace todo muy diferente.
Lo que resulta extraño es que se haya apresurado una decisión en que los senadores de la Región sean Isabel Allende (PS) y Baldo Prokurica (RN) y los diputados sean, en el Distrito 5 de la Región de Atacama (Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro), Lautaro Carmona (PC), Daniella Cicardini (PS) y, en el Distrito 6, los diputados Alberto Robles (PRSD) y Yasna Provoste (PDC).
Este bono pareciera intenta favorecer de manera clara a los distritos de parlamentarios de la Nueva Mayoría que lograron doblar a la derecha. Esto pudiese ser finalmente un búmeran, porque no habrá argumentos si mañana la derecha gobierna sobre la base de bonos marcados por adscripciones políticas y no por definiciones sociales de fondo. De hecho, Joaquín Lavín, cuando fue encargado del Ministerio de Desarrollo Social, intentó tergiversar la opinión de la gente a través de bonos y su fracaso fue notorio. Gobernar o lograr adscripción a través de bonos no ha resultado en ningún país de América Latina porque, a poco andar, las personas creen que es un derecho que no depende de los gobernantes o porque son demasiado limitados.
En todo caso, para combatir la desigualdad –si fuese el objetivo– es necesario aumentar los salarios de los grupos de menores ingresos; aumentar los impuestos a los grupos de mayores ingresos; mejorar las transferencias hacia los grupos vulnerables y mejorar los controles sobre las evasiones tributarias (hay quienes agregan, con razón, a esta lista estudiar –con el objeto de ser evitada– la elusión tributaria).
En fin, el argumento que entrega el gobierno resulta aún más extraño al enunciar que hay aumentos mayores en el sector privado que en el sector público. Con esa explicación, la ANEF con toda seguridad encontrará sólidos respaldos para solicitar reajustes en todo Chile. Todo esto abre un gran debate en el país.
El ministro de Hacienda, al aceptar este proyecto, abrió la discusión de la justicia de los salarios en cada situación –en este caso las regiones– y eso no puede dejar de ser un tema de máximo interés que será necesario evaluar.
