El equipo gubernamental ha aprendido que la jugada de instalar comisiones debe ser monitoreada con precaución para evitar exabruptos o conclusiones que vayan más allá de lo deseado; quizás han aprendido de las dos comisiones más importantes que creó el gobierno de Bachelet en el 2014. La de Isapres que se le escapó de las manos en un momento porque estaban proponiendo terminar con las Isapres; y la de las AFP que hace rato han descartado la AFP estatal por insuficiente y que hizo que el gobierno la postergara para el segundo semestre de 2015.
Una enorme sorpresa causó la Presidenta Bachelet con el nombramiento de los miembros de la Comisión que debiese tener por objeto limitar la corrupción –que al parecer campea en el país hace muchos años pero el vaso terminó por rebalsarse–. Como se ha reiteradamente señalado, la táctica de nombrar comisiones permite: 1) que la gente crea que se busca solución al problema; 2) que se crea que el problema es muy complejo y, por lo tanto, se convoca a expertos, es decir, gentes muy experimentadas en la solución del problema; y 3) ellas, las comisiones, proponen una serie de cosas, a veces, confusas, otras generales y con mayor frecuencia intrascendentes porque no apuntan al problema y el gobierno ha ganado tiempo (Foucault).
Seamos claros, el problema de la corrupción vincula a empresarios y políticos y en la comisión no hay ni empresarios ni políticos (aunque hay algunos camuflados de técnicos o académicos entre medio). El gobierno quizás pensó que era muy difícil encontrar empresarios o políticos probos. Pero de otra parte, ¿con qué autoridad un grupo de académicos y analistas como la mayoría de sus integrantes, podrán pensar que pueden imponer códigos –nada menos que de conductas fundamentales– a quienes ejercen el poder en Chile?
[cita] El equipo gubernamental ha aprendido que la jugada de instalar comisiones debe ser monitoreada con precaución para evitar exabruptos o conclusiones que vayan más allá de lo deseado; quizás han aprendido de las dos comisiones más importantes que creó el gobierno de Bachelet en el 2014. La de Isapres que se le escapó de las manos en un momento porque estaban proponiendo terminar con las Isapres; y la de las AFP que hace rato han descartado la AFP estatal por insuficiente y que hizo que el gobierno la postergara para el segundo semestre de 2015.[/cita]
La corrupción es esencialmente un asunto de poder en el sentido más profundo de dominio y hacer que los demás hagan lo que me interesa. Los académicos ven pasar el poder como comentaristas y, algunos, a veces han participado en propuestas técnicas referentes a regulaciones, como el director de la Comisión, Eduardo Engel Goetz, o el inefable Benito Baranda, ex director nacional social del Hogar de Cristo, que poco sabe de corrupción; o Vittorio Corbo, un ingeniero comercial de la Universidad de Chile y del MIT (Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos) y ex presidente del Banco Central de Chile que jamás, que yo sepa, ha sabido u opinado de corrupción. Así como el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes Saavedra, que es un buen comentarista de la situación nacional; Alfredo Etcheberry, profesor de derecho penal; Andrea Reppeto, tesorera del grupo Fuerza Pública de Andrés Velasco, que ha participado ya en varias comisiones, entre ellas la de la Fundación de la Pobreza y cuyo perfil es muy académico, y pobreza y corrupción no parecen ser lo mismo; Marcela Ríos (Ph.D. en ciencias políticas) y oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad del PNUD en Chile, organismo internacional, lo cual seguramente la hará más cauta a la hora de opinar.
Luego viene el grupo de los políticos de la derecha camuflados de técnicos (de los anteriores en todo caso hay varios de derecha), como las UDI Rossana Costa, subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo y Directora de Presupuesto del gobierno de Piñera, o la abogada Olga Feliú Segovia, que encabeza hace años las listas de la derecha como presidenta del Colegio de Abogados de Chile; y, el abogado Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Por la Nueva Mayoría y cercanos, la Comisión cuenta con Álvaro Castañón Cuevas, coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente; Manuel Riesco, de Cenda y que pondrá la visión del Partido Comunista; Paulina Veloso, ex ministra secretaria general de la Presidencia (2006-2007) y que, imaginamos, tendrá que exponer la visión del PS. Y al final quedan un Premio Nacional de Humanidades, Agustín Squella, que poco se entiende qué rol cumplirá, y un asesor internacional español –que mal podrá meterse en problemas locales–, Daniel Zovatto Garetto.
En concreto, el equipo gubernamental ha aprendido que la jugada de instalar comisiones debe ser monitoreada con precaución para evitar exabruptos o conclusiones que vayan más allá de lo deseado; quizás han aprendido de las dos comisiones más importantes que creó el gobierno de Bachelet en el 2014. La de Isapres que se le escapó de las manos en un momento porque estaban proponiendo terminar con las Isapres; y la de las AFP que hace rato han descartado la AFP estatal por insuficiente y que hizo que el gobierno la postergara para el segundo semestre de 2015.
En este caso, los nombres de los comisionados aseguran que el segundo piso podrá monitorear con mayor facilidad sus conclusiones. Es extremadamente difícil imaginarse qué podría definir una comisión anticorrupción con integrantes que poco tienen que ver con el problema y poco tienen que ganar con propuestas de soluciones reales. Me encantaría equivocarme.
