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Penta como un doble símbolo de conquista civil

Martín De Gregorio Cortés
Por : Martín De Gregorio Cortés Sociólogo Universidad Católica
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Ciudadano Inteligente viene a agregar esa cuota de imparcialidad dentro del proceso. Su fortaleza radica en que su interés es justamente un desinterés: no hay incentivos económicos que tergiversen su postura ni deberes políticos que delimiten su curso de acción. Rendir cuentas a la esfera civil los libera de las determinaciones del dinero y del poder. Asimismo, este desinterés es un compromiso hacia fuera del proceso; una señal de que la sociedad civil está dentro del tribunal y tiene un papel decisivo en la sala del juzgado.  


No es usual ver a empresarios visitar una cárcel; menos visitar una cárcel para ver a otros empresarios. Si a esto le agregamos la recién acontecida renuncia de Ernesto Silva e Iván Moreira, el resultado son dos novedosas postales que hasta hace poco eran impensables.

A diferencia de otros casos emblemáticos de corrupción, Penta ha logrado poner entre paréntesis la eficacia del dinero entre política y economía, cuyo permanente vínculo ha sido intercedido en esta ocasión por el Poder Judicial y la sociedad civil.

En el acontecer de los últimos días se ha producido una serie de hechos extraordinarios en nuestro país: formalización de hombres de cuello y corbata, cobertura mediática y prisión preventiva para los implicados. Me quiero centrar en este último punto.

La prisión preventiva de los implicados en el Caso Penta es un doble símbolo de conquista: por un lado, es la recompensa civil del incesante juego de la política del ridículo, y por otro, más importante aún, es la muestra de la limitación del poder político y empresarial.

[cita] Ciudadano Inteligente viene a agregar esa cuota de imparcialidad dentro del proceso. Su fortaleza radica en que su interés es justamente un desinterés: no hay incentivos económicos que tergiversen su postura ni deberes políticos que delimiten su curso de acción. Rendir cuentas a la esfera civil los libera de las determinaciones del dinero y del poder. Asimismo, este desinterés es un compromiso hacia fuera del proceso; una señal de que la sociedad civil está dentro del tribunal y tiene un papel decisivo en la sala del juzgado.[/cita]

Fundación Ciudadano Inteligente se enmarca en la primera mitad del símbolo. Y es que la participación de un actor civil que representa los intereses civiles en un litigio que involucra –y presume corrupción– al sector empresarial y político es indispensable para dotar de legitimidad el proceso judicial. Jürgen Habermas, sociólogo alemán y heredero de la ilustración, señala que no basta sólo con un procedimiento jurídico para que las decisiones de la justicia se constituyan como legítimas; es necesaria la deliberación de todos los actores involucrados en búsqueda del entendimiento, dejando de lado sus intereses.

Ciudadano Inteligente viene a agregar esa cuota de imparcialidad dentro del proceso. Su fortaleza radica en que su interés es justamente un desinterés: no hay incentivos económicos que tergiversen su postura ni deberes políticos que delimiten su curso de acción. Rendir cuentas a la esfera civil los libera de las determinaciones del dinero y del poder. Asimismo, este desinterés es un compromiso hacia fuera del proceso; una señal de que la sociedad civil está dentro del tribunal y tiene un papel decisivo en la sala del juzgado.

La primera mitad del símbolo entraña una conquista positiva: un actor civil que busca otorgarle legitimidad al proceso. Pero no sólo sumando legitimidad al proceso deviene más transparente y por tanto, justo. También restando ilegitimidad.

El hecho que no haya partidos o personalidades políticas –actores cuya credibilidad está en jaque puesto que son ellos mismos quienes están involucrados en asociaciones ilícitas– como intermediarios (más allá del abogado Aldunate por el Partido Socialista) en la parte querellante, resta ilegitimidad.

En este sentido, quizá a esta altura la sociedad civil debiera ver como algo positivo que los políticos no se hagan responsable por los vínculos entre dinero y poder, ya que abren espacio a que actores civiles participen del ejercicio judicial.

Respecto a la segunda mitad del símbolo, Penta comienza a evidenciar los límites de la política y la economía, y más aún, comienzan a marcársele los límites de la mano del poder judicial y la ciudadanía. Una conquista negativa, pero más decisiva, que de manera incipiente busca restringir la asociación entre dinero y poder.

Para concluir, si bien el Caso Penta está resultando un hito judicial aleccionador en el marco habitual de la impunidad empresarial y política, el camino a seguir será difícil. La tarea de la sociedad civil de aquí en adelante consistirá en asegurar que las decisiones estén dotadas de legitimidad y buscar activamente la aplicación de la justicia que tanto ha faltado. Los medios, por su parte, tienen la obligación de transmitir el flujo de comunicaciones de la opinión pública desde la esfera civil a la esfera judicial de tal modo de asegurar la inclusión de la voz ciudadana. Pero, por el momento, podemos afirmar que la ciudadanía ha tomado la delantera.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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