Con la celebración de la futura creación del “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, ¿hasta qué punto estamos legitimando como sociedad un sujeto indígena benigno, productor de cultura autóctona –folclorizada y mercantilizada–, obediente a una institucionalidad que lo excluye desde su identidad indígena en el momento en que comete el error de apartarse del modelo del indio autorizado y se atreve a exigir derechos políticos que atentan contra los principios hegemónicos del Estado-nación?
Esta semana el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes finalizó oficialmente la consulta indígena que dará vida a una nueva institución que se llamará “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” (MCAP). Esta es una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet que se cumplen con cierto retraso, entendible por cierto, dada la complejidad de realizar la debida consulta indígena acorde a los estándares que el convenio N°169 de la OIT demanda, así como la conocida ineficiencia con que el aparato del Estado se enfrenta a exigencias que superan sus recursos económicos, técnicos y humanos dentro de periodos excesivamente cortos.
La creación del MCAP contempla una lista de 14 “acuerdos nacionales” a los que se puede acceder en la página web http://www.cultura.gob.cl/. Acompañando los 14 puntos hay una breve explicación de la metodología empleada en el desarrollo de la consulta indígena, testimonios de participantes en el proceso de consulta e imágenes de la ministra firmando compromisos con los distintos representantes de los pueblos originarios de Chile.
¿Es esta una buena noticia para los pueblos indígenas de nuestro país y la sociedad chilena?
[cita]Con la celebración de la futura creación del “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, ¿hasta qué punto estamos legitimando como sociedad un sujeto indígena benigno, productor de cultura autóctona –folclorizada y mercantilizada–, obediente a una institucionalidad que lo excluye desde su identidad indígena en el momento en que comete el error de apartarse del modelo del indio autorizado y se atreve a exigir derechos políticos que atentan contra los principios hegemónicos del Estado-nación?[/cita]
La respuesta instintiva es sí. Qué duda cabe. Pueblos indígenas y Estado de Chile llegando a acuerdos políticos, conforme A la legislación internacional, firmando una serie de promesas que establecen, mayoritariamente desde el Estado, un avance en su “política indígena”. ¿Pero a qué tipo de indígena nos estamos refiriendo? Académicos e intelectuales coinciden en la visión dicotómica que los estados latinoamericanos han construido sobre su población originaria en las últimas décadas, dividiéndola maniqueamente entre el “indio autorizado” (Rivera Cusicanqui; 1987), aquel que participa de las políticas integracionistas del Gobierno de turno como estrategia de adaptación-resistencia y el “indio insurrecto,” o últimamente terrorista, aquel que desafía el modelo neoliberal multicultural (Richards; 2013), llevando adelante sus demandas políticas fuera de una institucionalidad que no reconoce como legítima porque dicha institucionalidad, el Estado nacional y su democracia neoliberal, lo excluye desde su condición de indígena no-autorizado.
La existencia del indio permitido comprueba la existencia del indio insurrecto, aquel que es marginalizado –en la versión más dócil– y víctima de la violencia del Estado en los casos más extremos. Ambos tipos de indígenas coexisten en nuestro país haciendo equilibrio en la delgada línea que separa la aceptación de la exclusión.
Si bien la creación de la MCAP es un paso importante en el reconocimiento de los pueblos originarios de Chile, me parece importante preguntarse sobre el tipo de reconocimiento, el beneficiario de dicho reconocimiento, y el impacto de esta clase de reconocimiento sobre la agenda de transformaciones más profundas que las agrupaciones indígenas vienen forjando desde sus bases en la nueva forma de relacionarse con el Estado chileno. En este último punto me refiero a la (re)conquista de derechos políticos fundados sobre los conceptos de autonomía, autodeterminación y autogobierno; tres términos claves –y ausentes– en los 14 “acuerdos nacionales” ratificados entre el Estado de Chile y los representantes de los pueblos originarios tras la ejecución de esta consulta indígena.
Finalmente, con la celebración de la futura creación del “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, ¿hasta qué punto estamos legitimando como sociedad un sujeto indígena benigno, productor de cultura autóctona –folclorizada y mercantilizada–, obediente a una institucionalidad que lo excluye desde su identidad indígena en el momento en que comete el error de apartarse del modelo del indio autorizado y se atreve a exigir derechos políticos que atentan contra los principios hegemónicos del Estado-nación? Con esta última reflexión no estoy justificando los actos de violencia en la zona de La Araucanía, que también han ocurrido en forma más intermitente y leve en Rapa Nui y el norte de Chile, sino llamando la atención sobre la manera en que el Estado chileno con sus políticas indígenas –sin importar el Gobierno de turno– ha ido construyendo un indígena a su medida, funcional a las necesidades políticas y económicas del momento. Fortaleciendo la imagen del indio permitido el Estado chileno no sólo delimita simbólicamente el rango de acción política del sujeto indígena autorizado, del “indio amigo” en lenguaje colonial, sino también está reduciendo por oposición la figura del indio insurrecto a la de sujeto no deseado, amenazante, porque opera fuera de una institucionalidad que da cabida sólo al indio autorizado creado a la medida de los intereses del oficialismo. La pregunta entonces es qué sucede a la hora de diseñar políticas públicas indígenas cuando caemos en la cuenta de que, dependiendo del contexto, el indio permitido y el insurrecto, pueden (suelen) ser la misma persona.
