Si la campaña estuviera enfocada en convencer al electorado mediante argumentos y no productos o imágenes, el dinero perdería su eficacia. No habría banquero al que recurrir, no habría que tocar la puerta de ningún Corleone. La política se justificaría por el discurso que emergería de sus propias bases y se pondría a prueba a través de la acción. El candidato estaría obligado a pensar, no a recaudar, por ende, el encargado de hacer política sería el político, no el empresario.
El financiamiento de las campañas acaparó gran parte de la atención mediática el año pasado, y ha demostrado superar la prueba del tiempo. Día tras día, Penta y SQM revelan la escandalosa relación entre dinero y política; revelan qué pasó aquella noche en la cual la política desfiló por izquierda y derecha para no perder la cita concertada por la dama empresarial. Lo que sucedió esa noche de desenfreno, fue una orgía sobre la cual todos quienes participaron de ella juraron que “lo de esta noche nunca pasó”.
A esta altura, no caben dudas de que el financiamiento de la política, el “cómo”, debe ser intervenido de inmediato. La justicia debe recaer sin recelo, implacable sobre los responsables, y la ley deberá garantizar que casos como estos no se vuelvan a repetir. El “cómo” está en el centro de la discusión: limitar la participación de los privados o transparentar los aportes son algunas de las sugerencias que vocifera más de algún diputado. Incluso una comisión especial –no exenta de polémica– ha sido encargada de proponer cambios al actual modelo de financiamiento.
[cita] Si la campaña estuviera enfocada en convencer al electorado mediante argumentos y no productos o imágenes, el dinero perdería su eficacia. No habría banquero al que recurrir, no habría que tocar la puerta de ningún Corleone. La política se justificaría por el discurso que emergería de sus propias bases y se pondría a prueba a través de la acción. El candidato estaría obligado a pensar, no a recaudar, por ende, el encargado de hacer política sería el político, no el empresario.[/cita]
Pero, hasta ahora, toda la discusión no ha logrado hacerse cargo del “qué” se financia. A pesar de ser el punto más crucial del asunto, ni siquiera ha sido mencionado. ¿Por qué los candidatos –al menos los de “partidos tradicionales”– requieren de cifras excesivas que alcanzan los siete u ocho dígitos?
Cada periodo electoral somos testigos de cómo las calles se empapelan, de postes que parecen tendederos de ropa de la cual cuelgan los mismos rostros en hileras como una producción en serie sin sentido, de la chapita, lentes, la gente agitando banderas –y no por manifestar su ideario político, sino por una paga diaria–, en fin, así como llega la temporada navideña, llega la temporada del souvenir político.
Este momento nos llena de sorpresas –ridículas sorpresas–: la candidata que regala aritos y hasta muñecas; el candidato que regala tortas, calendarios e imanes. Algunos pioneros recorren el país en “motorhome” y otros bailan los últimos temas de reggaetón para conquistar al joven votante.
Sea cual sea la modalidad publicitaria adoptada, hace rato que la campaña política se volvió una mera campaña de marketing. Nuevamente, la política echa mano al mercado y al consumo, porque se ha dejado que el dinero conquiste a los votantes y la capacidad de discurso es prácticamente inexistente. La campaña no es una instancia de convencimiento, de movilización y debate; es una nueva época de venta. El votante es tratado como un consumidor.
Preguntas: ¿necesitarían los políticos montos desorbitantes si, en vez de empapelar las calles, las campañas se enfocaran en el debate entre candidatos, en la promoción de ideas y propuestas por medio del discurso? ¿Es posible concebir una regulación tal que la prioridad del candidato sea convencer y no vender, por ejemplo, a través de debates distritales o comunales concertados de cara a la comunidad por ley?
Regular el “qué” es indispensable y qué mejor momento que este. Ha llegado la hora de eliminar el marketing político, erradicar el dinero de la ecuación que vuelve tan desventajosa y turbia la competencia electoral para aquellos que no cuentan con fuentes de financiamiento de grandes privados –que por lo demás rompería con uno de los principales vínculos empresariales con la política, deviniendo ésta más libre y autorreferente–. Sacar al empresariado del juego de la política, garantiza que la propia política se determine a sí misma bajo sus propios términos y no por los intereses de los grandes acumuladores y financistas. Es hora de parar la colonización económica y reconquistar el terreno usurpado, pues el político que se funda en el dinero carece de argumentos, carece de razón.
Si la campaña estuviera enfocada en convencer al electorado mediante argumentos y no productos o imágenes, el dinero perdería su eficacia. No habría banquero al que recurrir, no habría que tocar la puerta de ningún Corleone. La política se justificaría por el discurso que emergería de sus propias bases y se pondría a prueba a través de la acción. El candidato estaría obligado a pensar, no a recaudar, por ende, el encargado de hacer política sería el político, no el empresario.
En razón de lo anterior, no solo es necesario regular el cómo se financia la política sino para qué se ocupa ese financiamiento.
Que no quepan dudas, que regulando por esta vía la campaña podría prescindir de maletines rellenos de dólares y cambuchos de pesos, devaluando el poder del dinero y relegitimando a la política que hoy está muerta a causa del festín entre políticos y empresarios. Que quede claro, a la política la mató el dinero; para revivirla hay que acabar con el poder de quien la sepultó.
