La opinión pública, con sus prejuicios y sus juicios, ha contribuido –sólo el tiempo dirá si para bien o para mal– a reforzar el velo de recelo frente las instituciones que configuran nuestro ordenamiento social. De estas, las que se han visto más perjudicadas, por la desconfianza y la aprensión, son las pertenecientes al espectro político y al económico.
Un lugar común, sería entonces, el diagnóstico de que nuestras instituciones atraviesan por una crisis, para algunos, irremediable y con consecuencias perversas a largo plazo en la configuración del sistema político; para otros, más optimistas, una ventana de oportunidad para impulsar el proceso de reformas que con tanta perseverancia la ciudadanía aguarda desde el proceso de transición.
¿Qué hay de cierto y de falso en cada una de estas interpretaciones?
Lo certero es que en años venideros la configuración de nuestro orden institucional no volverá a ser la misma que conocimos con anterioridad al destape de los escándalos de corrupción en la esfera política y económica, aunque no necesariamente la crisis derive en un Chile asediado de incertidumbre, donde el propio régimen democrático se encuentre en riesgo.
La falacia es que del proceso de reformas, la denominada ventana de oportunidad, sólo obtengamos instituciones virtuosas que alejen el malestar social que se hace latente en nuestras calles, ya que nuestras élites políticas, y, el poder económico, han dado con la llave de bóveda de la buena vida en sociedad.
Después de la crisis por la que atraviesa nuestra sociedad, sin duda alguna, viviremos en un Chile distinto al que habitamos hoy. Incluso, puede ser que no se perciban las diferencias en el próximo proceso electoral presidencial, sin embargo, la conducción política que se asuma desde ahora en adelante mucho dirá sobre el país que tendremos en las próximas generaciones, donde el principio del fin no es otro que mayor y efectiva participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas y de poner fin, de una vez por todas, a la constitución actual que socava la pretensión de transformaciones efectivamente democráticas en la dirección de los asuntos públicos.
