La ciudadanía sigue conociendo, día a día, de fraudes tributarios, cohecho, tráfico de influencias, colusiones, negociaciones incompatibles, defraudación de recursos públicos a distintas escalas del ordenamiento político territorial, muchos de ellos relacionados con el financiamiento de la política. Es como si tal circunstancia no tuviera fondo. Pretender que ello no impacta negativamente en la vida democrática del país, es una ilusión además de una vulgaridad.
Es cierto que también hay errores, fallas no advertidas e imprudencias, algunas temerarias, en la composición y color de la crisis. Pero ellas no tienen otro valor que ser meros atenuantes de un problema a estas alturas sistémico de la política nacional.
El conjunto de instituciones, en muchos casos emergido de manera ilegítima desde la dictadura, y que durante años nos esforzamos en mejorar, cambiar y legitimar, finalmente ha vuelto a ceder al peso de los poderes de facto, en este caso de grupos económicos que se han apoderado de la capacidad de decisión de dichas instituciones. Uno de los riesgos es que tal poder controle una dimensión sustancial del Congreso Nacional, que es el escenario de la representación política en una democracia.
La envoltura cultural de este proceso –y la escala de valores que proyecta y reproduce– ha permeado de manera importante a las elites políticas, de izquierdas y derechas, imprimiéndoles un exitismo individualista en sus conductas, sin dimensión valórica de comunidad ni de ciudadanía y, menos, de responsabilidad política.
[cita] Los vacíos legales detectados como precursores de la crisis no constituyen una excusa de los actos ilegítimos o derechamente delincuenciales que nos llevaron en la práctica a ella. Los actos corruptivos que tales vacíos generaron no solo agredieron derechamente a la democracia, sino además son una muestra palpable del abandono de estándares éticos elementales al interior de los partidos y del Gobierno, y omitirlos sería faltarles el respeto a la dignidad e inteligencia de la sociedad chilena. [/cita]
Ese modelo, que lleva implícita la prescindencia del colectivo social y de los derechos de los otros, favorece las tendencias a la corrupción, y a una utilización instrumental extrema de las instituciones de la democracia representativa, las que se ven vaciadas de contenidos y son usadas de manera discrecional y según las circunstancias y vicisitudes del poder.
De ahí que no sea extraño que la actual crisis se vea sobrecargada de énfasis legales o meramente formales a la hora de interpretar los ilícitos o faltas graves, porque permiten holgura de tiempo, y que no existan propuestas claras de salida política frente a ella.
No cabe duda que es indispensable seguir gobernando. Más aún, la inercia administrativa es lo suficientemente fuerte para que, en medio de una crisis política con estabilidad social, se genere la ilusión de normalidad.
Pero la interrogante de fondo es que, sin una explicitación política del derrotero a seguir para normalizar el funcionamiento del sistema político, el rumbo es de colapso o desplome, bajo la mirada displicente de la ciudadanía. Una verdadera tragedia frente al esfuerzo social y político hecho para recuperar la normalidad democrática después del legado abominable de la dictadura.
El Gobierno ha planteado un conjunto de iniciativas legales y administrativas que muestran su convicción de que es necesario mejorar la institucionalidad política y la probidad a futuro.
Pero ello no es suficiente impulso para encontrar la salida al bloqueo político actual. Los vacíos legales detectados como precursores de la crisis no constituyen una excusa de los actos ilegítimos o derechamente delincuenciales que nos llevaron en la práctica a ella. Los actos corruptivos que tales vacíos generaron no solo agredieron derechamente a la democracia, sino además son una muestra palpable del abandono de estándares éticos elementales al interior de los partidos y del Gobierno, y omitirlos sería faltarles el respeto a la dignidad e inteligencia de la sociedad chilena.
Los grupos económicos que se enriquecieron gracias a la dictadura, y que han perpetuado sus privilegios en democracia merced a redes políticas corruptas de políticos y parlamentarios, no pueden seguir funcionando impunemente. No basta con que arreglen “administrativamente” sus infracciones. Ellos no son empresarios en el real sentido de la palabra y, por lo tanto, deben ser sancionados en el corazón de la actividad que simulan: sus patentes y regalías mineras, sus permisos para gestionar bancos, sus concesiones, entre otros aspectos. Las reglas de una sana economía de mercado y el respeto de las reglas del juego económico lo exigen.
En la misma línea, transformar comunicacionalmente un delito en “irregularidad administrativa” es legitimar como realidad que tales irregularidades son instituciones comunes al funcionamiento de la economía y que, proyectadas a la política, constituyen un problema institucional que afecta a todo el sistema político y, por lo tanto, se produce un empate entre los derechos ciudadanos y el poder corrupto, cosa que muchos desean.
Ese tipo de argumentación, muy común en estos días, busca escamotear el problema de fondo y tender una cortina de humo respecto de los delitos que se investigan. Se agrupan en torno a una iniciativa de “solución consensuada” que no sería otra cosa que un vulgar arreglín, impropio de quienes asumen la política con responsabilidad y como vocación de servicio público.
Las palabras construyen realidades, pero pueden hacerlo de manera positiva o simplemente distorsionando los sentidos comunes y creando confusión y mayores problemas. Es eso lo que algunos pretenden hacer, lo que solo contribuirá a ahondar las brechas de desconfianza.
Lo que hoy está en discusión no son las precampañas o los errores políticos y comunicacionales de La Moneda. Es la relación ilícita entre dinero y política y, específicamente, que algunos grandes empresarios y algunos políticos se hayan coludido contra los derechos políticos y la igualdad ciudadana, corrompiendo el sistema electoral y la esencia de la representación política. Frente a ello, quienquiera que sea, debe asumir sus responsabilidades.
