Opinión
El ministro de Hacienda dijo, a poco de asumir, que el SII debía salir de las portadas de los diarios. Eso es relativo, depende de qué se protagonice o cuál sea el titular. Personalmente creo que de momento es imposible e incluso inconveniente aquello, porque dada la sensibilidad social existente respecto de las decisiones que debe tomar, el Servicio continuará estando en el foco de la mirada de autoridades y ciudadanía.
Desde hace ya meses y por una combinación de factores que tienen que ver con la crisis de descrédito de las instituciones, los ojos de la ciudadanía, el celo del Ministerio Público y el empuje de la prensa han puesto sobre los hombros del SII la inusitada tarea de entrar a dirimir el destino de buena parte de la clase política.
Una misión, si se quiere, improcedente, pues el trabajo del SII apunta a fiscalizar el correcto pago de los impuestos de la sociedad en general, no a sacarles la suerte específicamente a diputados, senadores, ministros, etc., quienes desde luego son también sujetos de impuestos.
Pero como los políticos están hace rato desprestigiados por su mediocridad promedio y ahora más por sus prácticas de financiamiento truchas, la gente terminó de cabrearse y los quiere ver sudar helado en el banquillo de los acusados. Y de acuerdo al raciocinio colectivo, la presión del Ministerio Público e incluso la letra del Código Tributario, quien tiene la sartén por el mango para hacerles pasar un mal rato es el SII, concretamente su director.
Por eso, la próxima selección vía Alta Dirección Pública de quien será el director titular del SII, adquiere máxima relevancia. No está el horno para bollos, quien sea empoderado tendrá una misión trascendente y, probablemente, de dimensiones históricas: legitimar ante la ciudadanía las decisiones de una u otra índole que adopte la organización, respecto de la dudosa legalidad y poca asepsia en que han actuado decenas de políticos para obtener financiamiento empresarial.
Resumiendo: durante años, prominentes, y no tanto, integrantes de la dirigencia política se las ingeniaron para inducir a terceros –familiares, empleados, colaboradores, conocidos, etc.–, a que les proveyeran de boletas y facturas describiendo en ellas la prestación de servicios que nunca se brindaron (ideológicamente falsas), para entregárselas a sociedades de conglomerados empresariales –muchos más de los que hasta ahora se mencionan– y obtener a cambio las monedas para pagar las campañas. Los grupos, a su vez, usaron las boletas y facturas para cargarlas amañadamente «como necesarias para producir la renta» en contra de la base imponible del Impuesto a la Renta, reduciendo fraudulentamente su carga impositiva e incluso obteniendo devoluciones.
[cita] El escarnio de la gente y al parecer también de los fiscales, dan como un hecho que estamos en presencia de una gavilla de tipos corruptos que han cometido flagrantes delitos tributarios. Así las cosas, el SII está en entredicho frente a las tremendas expectativas ciudadanas, incluso cuando, lamentablemente, no hay ninguna certeza jurídica de que los políticos supuestamente descubiertos en prácticas delictuales, tengan responsabilidad penal alguna, si bien la decencia y la honorabilidad fue olvidada a la hora de implorar dinero. [/cita]
El escarnio de la gente y al parecer también de los fiscales, dan como un hecho que estamos en presencia de una gavilla de tipos corruptos que han cometido flagrantes delitos tributarios. Así las cosas, el SII está en entredicho frente a las tremendas expectativas ciudadanas, incluso cuando, lamentablemente, no hay ninguna certeza jurídica de que los políticos supuestamente descubiertos en prácticas delictuales, tengan responsabilidad penal alguna, si bien la decencia y la honorabilidad fue olvidada a la hora de implorar dinero.
¿Por qué podrían no tener responsabilidad penal? Porque, por ejemplo, no fueron ellos los autores materiales de la emisión de las facturas y boletas ideológicamente falsas, sino terceros que fueron inducidos a hacerlo, directamente o porque les manipularon sus documentos tributarios. De modo que la capacidad probatoria del dolo que se exigirá por parte de los jueces al SII y a la Fiscalía, será en extremo demandante, las defensas van a esmerarse en asentar que no hay delitos y que esto se resuelve exclusivamente por el lado pecuniario/administrativo.
Es legítimo preguntarse entonces: ¿si las pruebas fallan y hay exoneraciones de culpa, podrá entender la ciudanía el fundamento jurídico del fracaso o lo asumirá como consecuencia y prueba palmaria de que se ha cocinado un arreglín?
Así, es del todo relevante el perfil profesional, la trayectoria y, particularmente, el estilo en el ejercicio del cargo de quien asumirá al frente del SII. Porque lo que estará en la palestra es cómo lo hará el nuevo director, si respondiendo a la demanda de «ajusticiamiento» que reclama la calle o, bien, con una mezcla de sentido de imparcialidad, ponderación, rigor jurídico e interés fiscal que las circunstancias exigen, es decir, lejos de las estridencias callejeras, por supuesto, comprensibles.
Debe entenderse que, más allá de lo netamente tributario, lo que hay es un problema político, toda vez que es la institución dirigencia política la que está extensivamente en entredicho, porque siguen revelándose nombres como receptores de financiamientos a medida que las investigaciones se amplían a los grupos económicos, lo cual seguirá sucediendo.
No por nada el Fiscal Nacional Sabas Chahuán adelantó públicamente que pediría cuatro o cinco meses más de plazo para la investigación, exactamente lo que le resta en el ejercicio del cargo (lo dejará al finalizar noviembre), pues –según afirmó– hay otros personajes que serán formalizados. De modo que función hay para largo.
Por tanto, primero, el director del SII tendrá la misión urgente de dar un cauce de solución al problema político, ya sea: a) procediendo por la vía administrativa –esto es, aceptando las rectificaciones de las declaraciones , el pago de los impuestos evadidos más las consiguientes multas e intereses– y/o b) la vía penal, esto es, verificando la configuración de delitos tributarios con las consiguientes denuncias y/o querellas. Ambas deberían operar en su mérito, no excluyéndose ninguna, ambas tienen sus ventajas pero también sus costos. Entre las ventajas, una solución expedita de la crisis (lo cual no es equivalente a impunidad) o el placebo del «caiga quien caiga»; y entre los costos, la percepción de que se cocinaron «arreglines» o la sistemática revelación y formalización de más personajes durante meses, a medida que el SII y los fiscales investigan y procesan.
Segundo, el director debe disponer del respaldo absoluto, transversal, de la clase política; desde la Presidenta de la República que lo nomina, hasta la propia dirigencia política que puede resultar perjudicada. Se trata de un interés nacional superior, se trata de la propia supervivencia de una dirigencia política a maltraer que necesita urgentemente probar consecuentemente su arrepentimiento de las malas prácticas para revalidarse y también renovarse en cuanto a nombres.
Tercero, dado que en la solución a aplicar hay ventajas y costos, el nuevo director debe actuar con total transparencia, esto es, dando cuenta ojalá permanentemente al país de por qué esto y por qué lo otro; por qué a este sí y por qué al otro no; por qué con uno la vía penal, por qué con otro la vía administrativa. La ciudadanía necesita comprender, creer, quiere hacerlo, necesita que le expliquen con peras y manzanas, el fundamento legal y técnico de las decisiones que se adopten.
Un buen ejemplo de ello es la reciente divulgación del Oficio Circular N° 10, que explicita criterios según los cuales la administración toma acciones penales en caso de infracciones tributarias. Se trata de pautas que ya existían y que, sin embargo, no fueron transparentados al gran público en el inicio y desarrollo de la crisis. De haberlo sido, posiblemente la suspicacia habría sido menor, en un tiempo en que las instituciones, los hombres que las lideran, necesitan probar su blancura, su imparcialidad.
Cuarto, la transparencia exigirá explicitar que se procederá en su justo mérito y sin blanqueos; o sea, lo que se aplica a políticos inductores de la emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas, no necesariamente se extiende a los empresarios y gerentes receptores de las mismas y que las usaron para bajar fraudulentamente la carga de impuestos, y viceversa. O sea, no porque una parte se salva, la otra también.
Quinto, evidentemente deberá haber un reordenamiento interno del SII, algo imprescindible para recuperar la normalidad del funcionamiento y abocarse a las tareas que son de la naturaleza institucional. Versiones de prensa dieron cuenta de que en el SII había «topos» u «operadores políticos» que se encargan de filtrar información hacia destinos varios, una cuestión de extrema gravedad y del todo injustificable por la utilización que implica de una entidad históricamente técnica, cuya credibilidad es un activo país.
El SII debe encontrar el clima propicio para continuar desarrollando sus tareas, vale decir, combatir la evasión de impuestos ya de por sí elevada, facilitar el cumplimiento tributario con nuevas herramientas al servicio de la ciudadanía y viabilizando la reforma tributaria, pieza clave para el financiamiento de los objetivos sociales de este gobierno.
El ministro de Hacienda dijo, a poco de asumir, que el SII debía salir de las portadas de los diarios. Eso es relativo, depende de qué se protagonice o cuál sea el titular. Personalmente creo que de momento es imposible e incluso inconveniente aquello, porque dada la sensibilidad social existente respecto de las decisiones que debe tomar, el Servicio continuará estando en el foco de la mirada de autoridades y ciudadanía. Por tanto, se requiere de una estrategia del todo transparente para hacer el trabajo que es inevitable realizar y cuya comprensión por parte de la sociedad le permitirá revitalizarse y repotenciarse.
