Por una reforma laboral de verdad

Señor Director:

Hemos visto con inquietud que en la tramitación legislativa del proyecto de ley del gobierno que moderniza el sistema de relaciones laborales, parecieran haber cobrado especial relevancia, en algunos actores políticos, las preocupaciones empresariales antes que las de los sindicatos; pareciera que se escuchan con más frecuencia los deseos de las asociaciones de empresarios para atenuar las reformas a favor de los derechos colectivos del trabajo, que el clamor sindical por reparar la deuda que nuestra institucionalidad mantiene con los derechos de los trabajadores.

Desde ya declaramos apoyar decididamente la declaración pública en los términos planteados por el Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana y reconocemos el esfuerzo realizado por la comisión político técnica laboral del Partido en esta materia.

Nos preocupa que la influencia empresarial afecte de manera central el contenido de este trascendental proyecto, llamado a saldar la deuda histórica que la transición a la democracia mantiene con los derechos en el trabajo. No sólo porque si así fuera, sería otra reforma que se queda a mitad de camino en la recuperación de derechos esenciales para los trabajadores, sino que de ser así, se ahondaría la ya generalizada desconfianza de la ciudadanía frente a la clase política y, más aún, aumentaría la creencia generalizada de que los partidos políticos que ofrecemos justicia social, en realidad no estamos comprometidos con tal objetivo.

Creemos pues, que una prioridad en el debate legislativo del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales debe ser el obtener una protección legal efectivamente mejorada de los derechos sindicales y de negociación colectiva, que impida que la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga obtengan una verdadera protección legal o que otorgue a los empresarios ventajas que ahora no tienen.

Por otra parte, apoyamos decididamente las iniciativas que establecen la titularidad sindical y el fin de la extensión empresarial de beneficios a trabajadores no sindicalizados. La extensión empresarial de beneficios logrados en negociación colectiva a trabajadores que no participan en el sindicato que negoció tales beneficios, es un mecanismo cuya única finalidad es desincentivar la afiliación sindical, de manera que su vigencia es incompatible con un auténtico interés por defender la libertad sindical efectiva.

Apoyamos el fin incondicional del reemplazo de trabajadores huelguistas y del descuelgue individual de trabajadores durante la huelga, porque así se logra un indispensable equilibrio entre las partes de la negociación colectiva. Sin el reconocimiento de un efectivo derecho de huelga, el proyecto de ley no tendrá un efecto reformador realmente eficaz.

Por lo mismo, vemos con preocupación que garantizar la continuidad de servicios mínimos a las empresas durante la huelga, amenaza con convertirse en un verdadero reemplazo oculto, que bien puede en la práctica reducir radicalmente los efectos de la prohibición del reemplazo de los huelguistas.

En efecto, hemos apreciado que durante el trámite parlamentario, la definición de los servicios mínimos, así como las formas establecidas para su definición, garantizan a las empresas gran amplitud para seguir con el funcionamiento normal de sus operaciones, ya no con el único objetivo de salvaguardar la salud de las personas o prevenir un daño irreparable en los bienes de la empresa –como está establecido hoy en la ley- sino con una amplitud y generalidad totalmente injustificadas. En este punto, nuevamente es posible que el proyecto de ley deje a los trabajadores en una situación peor a la que están actualmente, lo que no debe ser permitido.

También nos preocupa la posibilidad de pactar flexibilidad de la jornada de trabajo y de los descansos en la negociación colectiva. Nadie discute que la ley chilena es en extremo flexible y otorga amplias libertades empresariales para determinar la duración y distribución del tiempo de trabajo. También es sabido que en Chile la jornada de trabajo es extremadamente prolongada y que ello en nada ayuda al mejoramiento de la productividad. Por tanto, no se entiende que ahora se ofrezca a los empresarios la posibilidad de ahondar aún más la ya intensa flexibilidad existente.

Aún más, el proyecto propone que los empresarios, una vez que acuerden con sus sindicatos jornadas de trabajo más largas y renuncia a días de descanso, puedan imponer esos acuerdos a trabajadores que no los aceptaron, lo que en la práctica permitiría a los empresarios disponer de los contratos de trabajo de muchos de sus trabajadores, otorgándoles así un poder por sobre la ley. Nunca antes la legislación laboral ha otorgado a los empleadores un poder como éste.

Como puede verse, también aquí la reforma dejarían en peor pie a los trabajadores.

En suma, tenemos la firme convicción que la reforma laboral que finalmente se apruebe, debe mejorar lo que ya existe en la ley laboral, para otorgar efectividad a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y no otorgar nuevas ventajas a los empresarios o establecer nuevas exigencias para la ya difícil acción de los sindicatos. Hoy más que nunca es necesario mostrar a la ciudadanía que el interés de los empresarios no está por sobre el interés de la ciudadanía.

Mariano Ruiz Esquide Jara, Consejero Nacional PDC

Miriam Verdugo Godoy, Consejera Nacional PDC

Pedro Concha Hernández, Consejero Nacional PDC

Carlos Arzola Burgos, abogado, Presidente Regional (8ª Cordillera)

Patricio Pinilla Valencia, Presidente Distrital PDC  Bío Bío,

Alberto Jarpa Leiva, Presidente Distrital PDC (41)

Joana Perez Olea, Presidente Distrital PDC Arauco

María Hernández Vallejos, Presidente Comunal PDC Laja,

Eduardo Velásquez Lagos, Presidente Comunal PDC  Los Angeles,

Mauricio Saldías Parra, Presidente Comunal PDC  Antuco,

Ana Villalobos Avello, Presidente Comunal PDC  Nacimiento,

Juan Carlos Villanueva Cabas, Presidente Comunal PDC Quilleco,

Sergio Salgado Salamé, Presidente Comunal PDC Tucapel.