Sidarte: que el CNTV haga su trabajo

Señor Director:

Con fecha 28 de octubre 2014, como Sindicato de Actores y Actrices de Chile SIDARTE, interpusimos  en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la primera denuncia formal en contra de Canal 13, Chilevisión y TVN por infringir las normas laborales de los trabajadores de artes y espectáculos que contiene el Código del Trabajo.  Esto, basado en la las atribuciones que establece para el Consejo Nacional de Televisión CNTV,  la Ley N°  20.750 Ley de TV Digital, promulgada el 22 de mayo de 2014, y que en su artículo primero, señala entre sus atribuciones el velar por, “… el correcto funcionamiento de estos servicios comprende el cabal cumplimiento, por parte de los concesionarios y permisionarios, de las leyes Nos 17.336, 20.243 y del Capítulo IV, del Título II del Libro I, del Código del Trabajo”.

Para ello, acompañamos en la denuncia un detallado informe de la Dirección del Trabajo, que tras una exhaustiva fiscalización realizada en septiembre 2014, concluyó que las áreas dramáticas de Canal 13, TVN y CHV vulneraron gravemente aspectos fundamentales de la relación laboral con los actores.  Entre las materias que fueron controladas estaban la   inexistencia de contrato de trabajo y pagos de cotizaciones previsionales; no entrega de comprobante de pago de remuneraciones; ausencia de un registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, y una falta en el reglamento de Higiene y Seguridad y de medidas preventivas.

Hasta ahora, Consejo Nacional de Televisión CNTV, no ha entregado respuesta formal a nuestra organización sindical y con ello ha eludido reiteradamente su responsabilidad sancionatoria a pesar del mandato que la ley le impone, lo que constituye un abierto incumplimiento de sus responsabilidades funcionales como un organismo autónomo, pero relacionado directamente con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  Esta situación se ha vuelto aún más grave – a nuestro juicio – contraria a derecho, pues para eludir esta responsabilidad el CNTV dicta de manera sobreviniente una normativa interna al margen del reglamento de la ley, que condiciona la presentación de denuncias por incumplimientos laborales a la exhibición de sentencias judiciales para fundarlas.  En otras palabras, no son suficientes las fiscalizaciones administrativas, ni la existencia de un vínculo laboral acreditado ante la autoridad laboral para cumplir con su rol regulador de la televisión pública.  Lo anterior, junto con ser un paso en falso en lógica protectora de los derechos laborales, constituye un desafío a la institucionalidad administrativa del trabajo ya que desconoce la competencia y efecto de la labor inspectiva de la Dirección del Trabajo.

El CNTV opta por no hacerse cargo de sus obligaciones, restándose competencias y apareciendo  con una postura ambigua funcional a la elusión de los conflictos con los canales.  Cabe preguntarse  entonces, ¿De que sirve esta normativa a los trabajadores, si se nos solicitará sentencias judiciales condenatorias que luego de una lata tramitación seguramente no preservarán las fuentes de trabajo?;  ¿Por qué el CNTV prefiere exponer a los actores y actrices, trabajadores que tienen una enorme inestabilidad laboral a realizar demandas colectivas instándolos a terminar esta situación en los tribunales de justicia, cuando tuvo la posibilidad de ser un actor relevante en la solución de una discriminación laboral que se arrastra por años?

El CNTV conoce perfectamente la precariedad del sector y el temor de los trabajadores a  perder su trabajo y entrar en listas negras, como le ha ocurrido a quienes se han atrevido a tomar esta vía.

Todo lo anterior hace que los avances legislativos en materia de protección laboral del sector queden en letra muerta, consolidando la masiva práctica de los canales de deslaboralizar los vínculos con los trabajadores y, de paso, eludir los derechos laborales de los actores y actrices .El directorio de un organismo autónomo del estado –  CNTV – casi en su totalidad, exceptuando a Esperanza Silva- quien se inhabilitó en esta decisión- ha optado por auto mutilar sus facultades legales y se distancia del conflicto a través de una normativa antojadiza generando una profunda sensación de indefensión en los trabajadores a quienes está llamado a resguardar.

Ante esta situación de incumplimiento de deberes, SIDARTE y su equipo de asesores legales estudia las acciones pertinentes para restaurar el imperio de la ley y exigir que las autoridades cumplan con las obligaciones que les exige la función pública, que finalmente debe estar al servicio de los ciudadanos y el respeto a sus derechos.

 Andrea Gutiérrez Vásquez

Presidenta del directorio

Sindicato de Actores y Actrices de Chile

SIDARTE