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El derecho de todos y todas: Chile necesita una nueva educación pública

por 26 agosto, 2015

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Hace pocos días nos enteramos de la nueva definición del gobierno para determinar las Instituciones de Educación Superior que serán gratuitas. Ayer se retractaron de dicha información, lo que vendría siendo algo así como el sexto anuncio del gobierno desde el 21 de mayo, es decir, en solo tres meses. Tanta vacilación solo nubla el debate, pues es muy difícil discutir sobre la educación que queremos cuando el propio gobierno que fue electo con la educación como su principal bandera parece no tener idea hacia dónde quiere encaminar su reforma. El problema no es menor, pues lo que está en juego es una de las reformas más esperadas por la sociedad chilena; mantenerse en el camino trazado hasta ahora y hacer oídos sordos a las demandas sociales, es la receta perfecta para seguir acrecentando la desconfianza en la política y la propia crisis gubernamental.

Los anuncios de gratuidad del gobierno tienen un triste hilo común: mantener una lógica de mercado en educación pero metiéndole más plata, en lugar de terminar con el mercado y construir un sistema de Educación Superior. Digamos las cosas claras: la propuesta del gobierno no es más que un aumento de voucher para algunos estudiantes que anteriormente no tenían; un traje a la medida para los dueños de la educación, donde ninguna Universidad requerirá hacer un cambio relevante en su funcionamiento. Asegurando que todos los rectores que hayan pataleado lo suficiente queden dentro de la gratuidad, incluso aquellos que hace algunos años estaban contra ella, en lugar de definir cómo queremos que sean las Universidades e institutos chilenos y, en función de eso, construir la reforma. ¿O es que estamos conformes con universidades estatales aisladas, sin una articulación orientada hacia Chile y que priorizan facultades con investigaciones “rentables”?

 ¿Queremos hacer gratuita a la Universidad Diego Portales, donde hasta hoy su rector es elegido por una junta directiva sin ningún control democrático, o a la Universidad Católica, que expulsa a profesores por sus posturas políticas? ¿Qué tiene que ver con mejorar la educación el permitir que haya sociedades comerciales en los espacios que controlan las universidades? ¿Queremos seguir financiando las instituciones tal como están o impulsar su transformación?

¿Queremos hacer gratuita a la Universidad Diego Portales, donde hasta hoy su rector es elegido por una junta directiva sin ningún control democrático, o a la Universidad Católica, que expulsa a profesores por sus posturas políticas? ¿Qué tiene que ver con mejorar la educación el permitir que haya sociedades comerciales en los espacios que controlan las universidades? ¿Queremos seguir financiando las instituciones tal como están o impulsar su transformación?

La gratuidad solo tiene sentido en un sistema educacional distinto al de hoy, donde la educación pública pase a ser la regla general. Para ello, en el documento Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública (www.quechiledecida.cl) proponemos que se elabore una Estrategia Nacional de Desarrollo para la Educación Superior Pública entre los actores sociales, institucionales y el ministerio sectorial, que permita planificar el futuro de la educación hacia las necesidades del país. Esta orientación a futuro sólo la podrán realizar instituciones públicas, es decir abiertas a la deliberación y escrutinio de la democracia. En este sentido, parece mínimo que sus principios y estructura básica sean discutidos por la sociedad civil a través de organismos regionales y nacionales.

Hoy las instituciones estatales ofrecen presencia nacional, estatutos legales y formas de control que permiten orientar la acción estatal hacia un nuevo sistema educacional. También instituciones privadas que quieran contribuir en esta labor adhiriendo al estatuto público de gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo deberían ser admitidas a colaborar. Finalmente, las instituciones privadas que mantengan juntas directivas, estatutos privados y orientación definida sin subordinación a los intereses nacionales definidos democráticamente, deben ir reduciendo su matrícula gradualmente mientras se expande la matrícula pública, entregando mecanismos a esos estudiantes para entrar al sistema público y no se vean perjudicados por la irresponsabilidad de los dueños de su educación.

El Mineduc tiene hoy una oportunidad. Vuelve a existir un espacio de diálogo con los estudiantes, donde nuestra voluntad para llegar a un acuerdo sigue plenamente vigente, pues entendemos que es necesario salvar la reforma de los vaivenes que arriesgan hacerla naufragar. Frente a las dudas del gobierno, el movimiento social cuenta con una serie de reivindicaciones históricas y coherentes.

Por lo mismo, plebiscitaremos entre los estudiantes la propuesta del gobierno una vez que esta sea conocida en su forma definitiva, pues creemos que la visión y la potencia de los actores de la educación es clave para empujar una reforma a la altura de los sueños de nuestro país, y también para despejar el humo y hacer explícito cuando nos intentan mostrar un aumento de financiamiento como una gran reforma educacional.

Este miércoles 27 volveremos a salir a las calles de Chile. Porque, pese a los largos años de lucha, si de algo estamos seguros es de que no bajaremos los brazos mientras la educación siga ofertándose en el mercado como si fuera cualquier banal producto. Una transformación a la educación necesita partir por la educación pública, y es esa bandera la que defenderemos con nuestra movilización.

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