La condena de un carabinero por «apremios ilegítimos» contra un joven cerca de Freirina –por cierto en la justicia civil como correspondería para todos los casos de este tipo– representa un paso clave y necesario para prevenir la tortura en nuestro país: la sanción adecuada, según los estándares internacionales, de un crimen de lesa humanidad como la tortura.
No obstante, Chile está lejos de cumplir sus obligaciones internacionales en la materia, según lo indica el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile que el Centro de Derechos Humanos de la UDP acaba de publicar. En los hechos, las denuncias por tortura aumentaron en un 50% entre el 2011 y el 2014 –sin considerar la presumible cifra negra–, mientras los casos terminados en la justicia por este delito solo se incrementaron en un 17% en el mismo período.
Al respecto se podría pensar que hay muchas denuncias sin fundamento, pero una mirada más detenida no permite esta conclusión. Más bien, se constata una falta de investigación y sanción efectiva de este delito, especialmente en Carabineros y Gendarmería. A ello se agrega que la tortura aún no está tipificada como delito en Chile; además, las penas adscritas a los «apremios ilegítimos» –figura penal que la reemplaza– son desproporcionalmente bajas. Y lo que es peor, la mayoría de los juicios aún se desarrollan en la justicia militar, en donde solamente se llega a una condena en 0.48% de los casos. Sin duda, esta impunidad es contraria a la normativa internacional.
La tortura hoy no es un fenómeno aislado en Chile. Como ha demostrado la revisión de causas por tortura, usualmente están involucrados varios funcionarios. No se trata entonces de «hechos o prácticas ejecutadas de manera aislada por individuos particulares que se exceden de sus facultades», sino que existe un concierto, una actitud tolerante, incluso una cierta cultura» dentro de las fuerzas del orden.
[cita] La tortura hoy no es un fenómeno aislado en Chile. Como ha demostrado la revisión de causas por tortura, usualmente están involucrados varios funcionarios. No se trata entonces de «hechos o prácticas ejecutadas de manera aislada por individuos particulares que se exceden de sus facultades, sino que existe un concierto, una actitud tolerante, incluso una cierta cultura» dentro de las fuerzas del orden.[/cita]
Son también las expectativas de la sociedad y algunas políticas públicas las que han contribuido a que hoy en Chile la tortura casi vuelve a ser aceptable. Tras la aprobación de la Agenda Corta contra la Delincuencia en 2008, han aumentado considerablemente los casos de abusos y tortura por parte de Carabineros –como si hubieran percibido una cierta «venia» ante la percepción pública de que son los únicos que pueden hacer algo contra la delincuencia–.
A esto se suma un fenómeno reciente pero con alta aprobación de la población: según la Encuesta de Derechos Humanos del INDH, dado a conocer recientemente, un 43,5% de chilenos está de acuerdo con que los ciudadanos inflijan actos de tortura como golpizas a otros si estos intenten robar. Sin justificar los hurtos, robos u otros delitos, con esta actitud se abre una peligrosa brecha en la proporcionalidad de los medios y la estricta prohibición del exceso de uso de fuerza y la tortura; se introduce una dañina pseudolegitimidad de la justicia propia, sin considerar que los delitos contra la propiedad ocurren en una de las sociedades con mayor desigualdad económica en el mundo.
La tortura no es un fenómeno que se acabe solo. Tampoco es uno que «sirva» para lograr mejores relaciones entre los ciudadanos. El Estado está obligado a adoptar medidas eficaces para su prevención y sanción. Y mientras sea la justicia militar la que los investigue, esta obligación no se cumplirá, porque los mismos acusados son quienes están a cargo del proceso. Una de estas medidas eficaces, más bien, es el Mecanismo Nacional Contra la Tortura, que aún no existe en nuestro país. No se debe postergar su adopción por consideraciones políticas ni de popularidad: la tortura es inaceptable.
