«Habrá memorial y la versión que usted, cerebro lavado, sabe, acepta, comparte y repite es: ‘Se levantará un memorial en avenida Los Leones en homenaje a la memoria de tres profesionales comunistas asesinados por la dictadura en 1985’”.
Ustedes, pobres chilenos, debido a estar en un 99% sus cerebros lavados, tienen que tragarse cada cosa… Ahora se trató de otro memorial para tres altos dirigentes de una agrupación ilícita terrorista del comunismo, el FPMR, que fueron asesinados en 1985, en una vindicta ilegal y repudiada por el Gobierno Militar, por un grupo de carabineros.
Los memoriales, homenajes, compensaciones pecuniarias y loas históricas para los terroristas no son novedad en el Chile de hoy, pero esta vez fueron noticia porque los vecinos de la avenida Los Leones, lugar donde estaba el colegio desde el cual fueron dos de aquellos sacados por un helicóptero de Carabineros, que hoy ocupa un edificio de departamentos, saben que el memorial se va a prestar periódicamente para que los encapuchados del PC protagonicen sus acostumbrados desmanes. Y entonces se opusieron a que el simbólico homenaje se instalara ahí. Pero fueron desoídos. Habrá memorial y la versión que usted, cerebro lavado, sabe, acepta, comparte y repite es: “Se levantará un memorial en avenida Los Leones en homenaje a la memoria de tres profesionales comunistas asesinados por la dictadura en 1985.”
Pero esa es una verdad incompleta y falsificada. Para el 99% de los chilenos hay una “memoria prohibida”, que consiste, ni más ni menos, que en la verdad completa y cabal. Entonces vaya preparándose para saber algo más.
Primero, un detalle notable: en la “dictadura” había tanta libertad educacional (desde luego mucho mayor que la actual) que hasta los peores enemigos del régimen podían fundar colegios, como en el caso de los comunistas, que crearon el Colegio Latinoamericano de Integración, en avenida Los Leones, en cuya dirección participaban activamente José Manuel Parada y Manuel Guerrero, comunistas de fila y altos dirigentes de la asociación ilícita terrorista FPMR. ¡Añorada “dictadura”, en que había tanta libertad para enseñar que cualquiera podía crear colegios, universidades y centros de formación técnica, a diferencia de lo que sucederá con la Reforma Educacional!
Segundo, algo tanto o más notable: uno de los directivos del FPMR y del colegio capturados por el helicóptero de Carabineros, José Manuel Parada, era ¡el Archivero de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago! Había ingresado a ella como chofer y se había ganado la confianza de los prelados e ido ascendiendo, hasta hacerse cargo del Archivo. En la reciente teleserie titulada “Los Archivos del Cardenal”, por eso, no son del Cardenal, sino los elaborados por un alto jefe terrorista y militante comunista, que naturalmente había ocultado su condición a los prelados que lo contrataron y ascendieron. Y como estaba en la Vicaría, allí él reclutaba personas… pero para el FPMR, como reveló uno de los detenidos por la internación ilegal de armas en barcos cubanos, Alfredo Malbrich, en 1986. Éste, arrestado a principios de los ’80 en desórdenes públicos, acudió a la Vicaría para conseguir defensa judicial, la cual obtuvo, pero a cambio debió aceptar, a petición de Parada, prestar servicios en el Frente.
Tercero, la detención por Carabineros y luego el asesinato de los tres dirigentes subversivos comunistas no fue conocida ni menos amparada por el Gobierno Militar. Desde el primer momento en que se tuvo noticia del secuestro el Ministro del Interior solicitó a los tribunales la designación de un Ministro en Visita, pero éstos la dilataron. La CNI se puso en acción y comprobó que los secuestradores habían sido elementos de Carabineros actuando por su cuenta, pero el Ministro en Visita, tardíamente designado ya después de los asesinatos, que el Gobierno había querido evitar con una designación más pronta, no le creyó a la CNI sino con mucha posterioridad.
Pero el Gobierno y la Junta, que sí le creían a la CNI, demandaron al General Director de Carabineros, César Mendoza Durán, hacer efectiva su responsabilidad de mando y renunciar a ese cargo y a la Junta, pese a no haber ordenado ningún secuestro ni asesinato.
Cuarto, el triple crimen tuvo un contexto que nadie quiere recordar. Pocos días antes, una trampa explosiva tendida por el FPMR en el Hotel Araucano de Concepción había matado a dos agentes de seguridad. Había sido diseñada precisamente para asesinar, porque cuando los agentes desconectaron un artefacto, justamente ello desató la explosión de otro. La acción de personal de la DICOMCAR contra los dirigentes terroristas tuvo todo el aspecto de una venganza.
De poco sirvió como disuasivo, porque días después el FPMR asesinó, mediante otra trampa (un llamado a Carabineros para que acudiera a reprimir un asalto a un almacén, el 22 de abril de 1985) al joven uniformado Miguel Ángel Vásquez Tobar. Los compañeros de éste hirieron al frentista Hugo Gómez Peña, que fue atendido ¡por cuenta de la Vicaría! en la Clínica Chiloé, y auxiliado y ocultado por el médico Ramiro Olivares y el abogado Gustavo Villalobos, también de la Vicaría, que no dieron cuenta a las autoridades.
El Ministro en Visita que investigó este último crimen terrorista no pudo obtener del Vicario de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech, la entrega del grueso paquete de fichas de atención médica de terroristas financiada por al Arzobispado. Delito de obstrucción a la justicia que quedó impune.
El abogado Villalobos fue procesado, pero bajo el gobierno de Aylwin fue designado ¡jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, destinada a combatir el terrorismo! Toda una garantía. No digo para quién. Y monseñor Valech presidió años después la risible Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que permitió al inefable Ricardo Lagos Escobar pagar pensiones vitalicias a cerca de treinta mil personas de extrema izquierda a las cuales les bastó decir que habían sido maltratadas para después “pasar por caja”. Por cierto, a los numerosos torturados, documentadamente, bajo los gobiernos de Allende y Frei Montalva no se les reconoció ningún derecho.
Epílogo, también prohibido: hace poco algunos de los 30 mil pensionados de izquierda supuestamente torturados se declararon en huelga de hambre, pidiendo un bono extra de diez millones de pesos. El Gobierno les dio inmediatamente un millón a cada uno, con cargo a los impuestos que pagamos usted, distinguido cerebro lavado, y yo, que lo mantengo sin lavar. Los otros nueve millones seguramente los pagaremos un poco más adelante.
Dicho lo anterior, los dejo en libre plática para que se sigan dejando lavar sus cerebros e informando por los diarios, la radio y la televisión, acerca de la “verdad oficial”, que excluye cuidadosamente la “memoria prohibida”.
