Bajo el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925) se inició un “celebrado” programa de reformas (impuesto a la renta, Código del Trabajo, separación Estado-Iglesia) que fue el legado para el “Chile Republicano” (1938-1973). Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que uno de sus corolarios tuvo lugar el año 1922. Allí en medio de un apasionado debate sobre el presupuesto fiscal, el Congreso chileno, representado por el Partido Demócrata, fue el que demandó al Estado partidas adicionales para financiar nuevas universidades que respondían a una misión confesional o semipublica. El beneficio recayó en la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. De este modo, quedaba “estampada” una provisión de recursos bajo un régimen mixto. De este modo, quedo asignado por ley la repartición de partidas: que dieciochoavo para esta Universidad, que dieciochoavo para la otra Universidad y así sucesivamente…
La fuerza de los acontecimientos, la energía de los sucesos políticos de aquel tiempo, dejó instaurado un “testamento” que entremezclaba mecenazgo privado y mecenazgo estatal. Todo ello migró por la fuerza de los hechos y no por la vía de una “sofisticada” elaboración intelectual. Los “hechos” se anticiparon a un potencial debate académico. Por lo mismo, y pese al clima imperante, no asistimos a un “despertar Lastarrino”. De este modo, la clase política llegaba inadvertidamente a “promover” fácticamente (¿praxis?) una visión donde lo público y sus territorios son una categoría en construcción que obedece a “contextos”, “procesos” y “experiencias”. La culminación del hito anterior fue la creación del Consejo de Rectores en 1954 –mixtura mediante–. La tentación nos lleva a interrogar nuestro presente a la luz de la historia: ¿universidad pública o privada en 1922?
[cita tipo=»destaque»]Aquella Universidad que se autoproclamaba “inmune” y “mesocrática” (1940-1970) se levantó en medio de una sociedad profundamente jerarquizada (con un sistema de movilidad atrofiado) y con una estratificación seminobiliaria. A la luz de la evidencia, antes de inflar las esperanzas de los sectores populares, quizás sería más saludable admitir el carácter definitivamente elital (y prestigiado) de la universidad chilena durante el siglo XX.[/cita]
Casi 100 años más tarde el relato progresista hace gala de una “universidad pluralista” en el marco del desarrollismo (1940-1970). Desde el punto de vista de la cobertura las cosas tienen más sombras que luces, a saber, la prestación estatal en el régimen de educación superior no superaba el 8% de la matrícula a la altura del año 1950. Ahora bien, ¿estamos en presencia de una selectividad (exclusión) que era estrictamente cuantitativa y empírica? Sin perjuicio de lo anterior, el discurso de la elite reformista ha generado una inflación de imaginarios democráticos; una exaltación discursiva respecto al componente cualitativo (léase “supremacía ética”) de la sociabilidad que permitía el acceso (universal) a través de liceos públicos a la “universidad nacional”.
Pero más de allá del “eficientismo factual” o la “fiebre de los indicadores”, se nos sugiere capciosamente –¡como premio de consuelo!– que en las aulas de la universidad estatal convivía el hijo de un tornero con el hijo de un diputado… más el hijo de un panadero ¡y todo ello con cargo a los méritos! ¿Es esta una descripción genuina sobre la interacción pública? Podemos derivar de esta copiosa producción de sentido –y sus imaginarios– una esfera de convivencia que ponía a resguardo el problema de la segregación, generando una “real” movilidad estructural de los sectores populares –que nos permite sostener que la segregación en su acepción “cualitativa” era más reducida en el marco del desarrollismo–. Creo que es hora de ensayar algunas distinciones.
Sin duda alguna, nuestra oligarquía ilustrada en 1960 cultivó una vocación pluralista en el plano político-ideológico (la transformación social) y ello representó un “activo” para una “aristocracia laica” parcialmente comprometida con los procesos de reformas. La pluralidad ideológica promovía la libertad de cátedra, el Senado Universitario, la relevancia de la misión nacional de la universidad Estatal –pero otra materia es la integración (afiliación, asociatividad) en el “campo social”–.
Lo anterior puede representar las “piochas de bronce” de una elite reformista y prestigiada en el concierto latinoamericano. Pero otra dimensión –muy relevante– es si ello se traducía, efectivamente, en una diversidad en el plano de “lo social”. Y ello solo con el afán de aclarar si efectivamente el hijo del tornero y el zapatero formaban parte de un movimiento inclusivo apoyado en el modelo productivo –sin apelar a ningún recurso retórico–. Creo que esto último no está zanjado.
A la hora de la evidencia fue el Gobierno de la Unidad Popular el que tomó nota de esta doble exclusión e intentó abrir las aulas a los nuevos actores sociales, evitando la profundización de una desigualdad de ilustrados. Más allá de este intento tardío, podríamos aventurar que la “sala de parto” de nuestros “ilustres” políticos (Bitar o Lagos, Ominami o Burgos, etc.) tuvo lugar bajo ese programa mesocrático –elital y reformista a la vez–. Si bien no habría que perder de vista que el gasto público era superior al que heredamos en el marco de una modernización postestatal (autoritaria en el lenguaje de Garretón), tal gasto –dado el tamaño de su impacto– se distribuía en “nichos ilustrados” impulsados por un espíritu laico que no alcanzó a revertir la distribución segregada de la educación superior. ¡Vaya enigma de nuestras burguesías emergentes! Sea cual sea el caso, la oferta estatal convivía con proyectos confesionales que no nos permiten reconocer en el modelo estatal un régimen de provisión homogéneo. Quizás semipúblico, pero profundamente elitario. Sin duda todo ello convivía con la matriz desarrollista, con los grandes relatos, con el mundo de “los MAPU”, la DC de Radomiro Tomic, etcétera.
En los años 70 el proceso de desregulación no tuvo precedentes y desencadenó una “ruda” masificación en desmedro de toda prevención regulatoria. Es un dato de la causa que varias instituciones de educación superior fueron devastadas –esencialmente ubicadas en regiones–. Para muchos los pecados originales del año 1981 son inexcusables por la instauración de un exceso de desregulación. Pese a que todo lo anterior es parte de un diagnóstico necesario, debemos actualizar algunas cifras: los “datos vivos” nos indican que a la fecha en América Latina existen cerca de 3700 universidades, de las cuales 2800 a 2900 son universidades docentes-terciarias, 400 a 500 se ubican como universidades emergentes-investigativas y cerca de 300 pueden ser reconocidas como universidades complejas.
Esta realidad –la cruda realidad– es una empresa compleja en el concierto latinoamericano porque resulta agobiador rastrear universidades complejas (¿Unam y el Colegio de México? ¿La UBA y Rosario? ¿Sao Paulo y Campiñas?). A simple vista Argentina, Brasil y México aportan un número significativo de instituciones que pueden ser clasificadas como “complejas”. Pero, a decir verdad, escapar a este diagnóstico y forzar –a modo de “coqueteo”– el modelo chileno hacia una oferta estatal, como es el caso argentino (66% de provisión), es una tarea que no solo comprende una hegemonía ciudadana sino también un cambio de programa cultural cuyos resultados se ubican en la “larga duración”.
Durante los sucesos del 2011 se afirmaba con tenacidad que fue un proceso que venía a sedimentar dinámicas de democratización y a empoderar a nuevos actores. Los diagnósticos oscilan entre un “consumidor activo” que a la fecha percibía mil dólares mensuales de ingreso autónomo –que resultan insuficientes (asfixiantes)–, hasta los relatos radicales que insisten en ver este proceso con una lupa sesentera (¡el mayo chileno!). No debemos perder de vista que las primeras demandas de la Fech se ajustaban al petitorio del CRUCH, a saber, la educación con gratuidad universal solo estaba reservada como un privilegio restringido a las universidades del Estado (¡nobleza obliga!). No era una crítica estructural al régimen mixto o, bien, al modelo productivo. Después el problema ganó en complejidad y también en pasiones democráticas y no faltó la pancarta que clamaba por la renacionalización del cobre. Actualmente todo lo anterior se retrotrae a otra máxima: ¡realismo sin renuncia!
En medio del camino los dirigentes estudiantiles se “tropezaron” con la irrupción de otro campo de demandas (los mentados malestares del PNUD). De ahí en más se fue articulando una equivalencia de demandas que culminó en una sentida proclama ciudadana: ¡educación gratuita y de calidad! Pero en un balance más reposado: ¿a quién representaban (interpelaban) esos conocidos dirigentes estudiantiles que hoy forman parte del establishment político? ¿Representaban, acaso, los intereses de lo que Gabriel Salazar ha llamado el “bajo pueblo”? O, bien, ¿vienen inadvertidamente a dinamizar una recomposición de la elite tras el 2011? ¿Cuál es el árbol genealógico de las “celebradas plumas” que se dieron cita en El Otro Modelo? En nuestra opinión, estos liderazgos lograron capturar a grupos medios masificados cuyas demandas por mayor integración sociosimbólica se hacían sentir con mayor fuerza.
Pese a la complejidad del tema analizado queda pendiente un análisis sobre las formas de la nueva discriminación. De un lado, experimentamos una masificación segregadora (1981) –como señala el relato progresista–; de otro, la masificación que se inició en 1990 fue la respuesta incompleta a una demanda de cobertura que, aunque insuficiente, trataba de incluir un reclamo de inclusión de sectores históricamente postergados –al tiempo que remover “fallidamente” la distribución de la elite–. Aquella Universidad que se autoproclamaba “inmune” y “mesocrática” (1940-1970) se levantó en medio de una sociedad profundamente jerarquizada (con un sistema de movilidad atrofiado) y con una estratificación seminobiliaria.
A la luz de la evidencia, antes de inflar las esperanzas de los sectores populares, quizás sería más saludable admitir el carácter definitivamente elital (y prestigiado) de la universidad chilena durante el siglo XX. Si en los años 20 –bajo la impronta de la Reforma– las universidades recién creadas solicitaron partidas para su funcionamiento, por qué no aceptar que este sería el momento para que modelos privados que ofrecen bienes públicos puedan entrar al juego democrático y podamos mesurar el componente segregador que sería el “acompañante macabro” de la educación superior. Quizás una combinación “virtuosa” pueda ahorrarnos los vicios de la desigualdad y el hijo del tornero por fin pueda acceder a la universidad sin las caricias de una “aristocracia laica” o la casuística mercantil.
