Durante los últimos veinte años en gran parte de los países de Latinoamérica, la ayuda financiera internacional ha estado enmarcada a partir del Consenso de Washington (CW).
El CW está basado en una visión neoclásica de la economía y ha generado una serie de modificaciones orientadas al libre mercado en los países receptores de préstamos, a través de las condicionalidades exigidas por los organismos financieros internacionales. Desde mediados de la década del ’90, estas políticas comenzaron a ser fuertemente cuestionadas. La expresión CW resume una serie de políticas de desarrollo que fueron promovidas desde mediados de los ’80 (Amartya Sen y El Desarrollo como Libertad).
Estas políticas se inscribieron en una “contrarrevolución neoclásica”, cuyos principales focos de elaboración habían sido el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco Asiático de Desarrollo, el National Bureau of Economic Research y el Banco Mundial.
Antecedentes de este giro se encuentran principalmente entre los trabajos teóricos y empíricos de los años ’60 y ’70, llevados a cabos por autores como Corden, Bhagwati, Krueger y otros que atacaban las políticas de ISI (Industrialización por sustitución que fue una estrategia o modelo económico, adoptado en América Latina y en otros países en desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial) y en la crítica de H. Johnson, en los ’60 a la economía keynesiana del desarrollo.
En el CW y las recomendaciones para los países en desarrollo fueron propagadas a través de los planes de ajuste y estabilización de agencias financieras internacionales, en particular, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Éste ha sido el enfoque hegemónico en la economía del desarrollo desde comienzos de los años ochenta hasta el presente.
Así por ejemplo, el paradigma de protección social adoptado en América Latina, durante los últimos 20 años, es el del manejo social del riesgo. Su implementación ha ido acompañada de la transformación del riesgo en un asunto de política social, es decir transitando a un tema sujeto a la planeación, la previsión y la gestión, y ya no más un factor relacionado con la incertidumbre (Lampis 2011).
Por otra parte, el enfoque de capacidades y ampliación de la libertad, se relaciona con el concepto de “libertad para…” (lograr/ser libre) y libertad/ desde…” (eventos de vida críticos, schocks o impactos) que impliquen la profundización de la inseguridad (Holzmann, Steen Jørgensen. BM 2000).
[cita tipo=»destaque»]El énfasis de las políticas públicas ha hecho que la reflexión se centre en los aspectos técnicos de la protección social y ha minimizado la reflexión sobre las causas de la pobreza y las relaciones existentes entre política macroeconómica y bienestar de las personas en los ámbitos familiar e individual[/cita]
El manejo social del riesgo se relaciona por un lado, con la concepción utilitarista del bienestar y, como consecuencia, con la concepción monetaria de la pobreza, y, por el otro, con la idea de la persona como cliente de servicios, que los necesita por alguna incapacidad o exposición a algún tipo de riesgo, más que como un sujeto de derecho.
Por ejemplo en los programas sociales focalizados, se impone la idea del riesgo subjetivo como patrón para medir el grado de vulnerabilidad de una persona, es decir una persona se ve enfrentada a riesgos de todo tipo, lo que da como resultado una sensación permanente de inseguridad y es allí donde el Estado se ha constituido como garante de protección, pero no de la prevención, que sería una postura que garantizaría el cuidado frente al riesgo antes de su aparición y no después.
En esta lógica, se plantea que la no existencia de protección social formal, puede tener efectos perversos sobre las decisiones de los hogares. Cuando los hogares enfrentan un choque y no tienen mecanismos de protección, pueden tomar decisiones tales como retirar a los niños de la escuela, reducir la ingesta de alimentos o incrementar la participación laboral de personas del hogar que anteriormente no trabajaban, en especial, niños. Los imprevistos y shocks tienen efectos negativos en las familias sino no hay soportes para esto.
Amartya Sen, en el marco de su enfoque de las Capacidades y Libertad, define la pobreza, como la ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad. Analiza el concepto de pobreza a partir de las capacidades de lo que las personas pueden hacer. Es decir, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir bienestar debido a la ausencia de medios.
El énfasis de las políticas públicas ha hecho que la reflexión se centre en los aspectos técnicos de la protección social y ha minimizado la reflexión sobre las causas de la pobreza y las relaciones existentes entre política macroeconómica y bienestar de las personas en los ámbitos familiar e individual.
En lo que concierne a la protección social frente a la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema, el Manejo Social del Riesgo MSR es adoptado como marco de referencia para las reformas de los sistemas de protección social y por cierto no son suficientes puesto que le otorgan a las personas la responsabilidad de las acciones que emprenden en su vida, y el Estado opera solo como intermediador entre sujeto y mercado.
