Derechos de la Niñez
Señor Director:
La Comisión Familia de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”, iniciativa que, a nuestro juicio, presenta debilidades en aspectos que resultan fundamentales para asegurar una efectiva protección de los derechos de la infancia, en especial de aquella más vulnerable.
En efecto, la denominada “desjudicialización” del sistema frente a vulneraciones de derechos de responsabilidad de las familias o de terceros, podría afectar la atención de los niños si no se dispone de los recursos económicos y técnicos para implementar un régimen administrativo especializado que dé garantías de eficacia, objetividad y cumplimiento de las medidas adoptadas.
En cuanto al rol de los padres y madres como orientadores, responsables y guías en el cuidado de los hijos, nos preocupa que su autoridad se vea “debilitada” frente a derechos como el de la intimidad y el desarrollo de la vida privada de los niños, en el marco de la autonomía progresiva que consagra el texto legal.
Nos inquieta, también, que el proyecto omita las responsabilidades y deberes que corresponden a los niños como razonable correlato a sus derechos, tema contemplado en la mayoría de las legislaciones y códigos de infancia de América Latina y el Caribe.
Pese a que las organizaciones de la sociedad civil ejecutamos el 95% de la oferta de programas para niños, niñas y jóvenes del Sename, el proyecto no explicita el rol que tendremos en el nuevo sistema ni los presupuestos asociados. Tampoco arroja luces sobre la estructura, atribuciones y especialización en la protección de derechos.
La ausencia de programas y acciones preventivas constituye otro de los nudos críticos del proyecto. Actuar tempranamente, y no sólo cuando los niños y jóvenes han sido víctimas de abusos o incursionado en prácticas delictivas, resulta más eficaz y permite entregar oportunidades a ellos y a sus familias.
Dado lo anterior, esperamos que en la etapa de indicaciones al proyecto que culmina el próximo 31 de diciembre, las autoridades gubernativas y legislativas introduzcan aquellos ajustes y perfeccionamientos que resultan necesarios para acortar la distancia entre los objetivos declarados y las herramientas que se requieren para garantizar los derechos de los niños. De lo contrario, el sistema que se pretende crear no pasará de ser una aspiración.
José Pedro Silva Prado
Presidente Fundación Ciudad del Niño
