Investigación
Archivo (AgenciaUno)
Formalización de Lavín León: Todos los caminos llevan a SocialTazk
La Fiscalía Oriente formalizó al exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación, centrando el caso en el uso irregular de asignaciones parlamentarias para financiar la plataforma electoral SocialTazk y otras gestiones irregulares.
La Fiscalía Oriente salió finalmente a mostrar sus cartas durante la primera jornada de formalización realizada a partir de las 9 horas de este lunes en contra del exdiputado Joaquín Lavín León, en el marco de una indagatoria donde el Ministerio Público lo acusa de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Esto, un año después que la fiscal Constanza Encina ordenara un allanamiento a su oficina parlamentaria en octubre de 2024.
El foco de la fiscalía en el caso –que suma otra querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE)– se centra en irregularidades en rendiciones de gastos en el Congreso, emisión de facturas ideológicamente falsas, contratación de funcionarios para labores extraparlamentarias, tráfico de influencias en la municipalidad de Maipú y el financiamiento con recursos públicos de la plataforma de marketing político llamada SocialTazk.
Esta última, un “emprendimiento” de Lavín León consistente en un plataforma, destinada a almacenamiento y manejo de base de datos, además de envío de mensajerías masivas de textos durante campañas electorales. La empresa fue desarrollada con Felipe Vázquez Diéguez –un exasesor parlamentario–, y financiada con fondos provenientes del Congreso, cuya estructura de funcionamiento fue revelada en una serie de reportajes publicados por la Unidad de Investigación de El Mostrador.
La empresa operaba –según detalla la formalización– a través de un grupo de asesores parlamentarios que destinaban parte de su jornada laboral en el Congreso “para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos de la UDI en sus respectivas cuentas”.
De esta forma, los funcionarios destinaron prioritariamente sus jornadas laborales, entre los años 2020 y 2021, “a contactar telefónicamente a la totalidad de personas contenidas en las bases de datos electorales aportadas por los candidatos UDI, a capacitar a potenciales clientes en el uso de la plataforma e incluso a hacer llamadas de contenido electoral, llamando a votar por determinado candidato, labores de las que informaban diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario y al propio diputado”.
La defraudación al fisco por rendiciones fraudulentas relacionadas a SocialTazk –estima la Fiscalía– sumaría un total de $91.697.142. La cifra reúne el pago de remuneraciones como asesor de Felipe Vásquez Diéguez y otra serie de gastos operacionales, rendidos a través de facturas de la empresa Modo 74 –nombre comercial de SocialTazk–, bajo el rótulo de “administración y sanitización de bases de datos” y “arriendo de plataforma de almacenamiento de información”.
La conclusión a que llegó la Fiscalía Oriente es que Joaquín Lavín León desarrolló una base de datos con fines electorales, utilizada en elecciones de los años 2020 y 2021. La estrategia se basa en la recolección masiva de bases de datos, a través de más de 70 candidatos de la UDI, quienes entregaron la información a cambio de enviar mensajes de texto gratuitos durante sus campañas. Estos servicios de mensajerías, asegura la fiscalía, “eran realmente financiados con cargo a los gastos operacionales de las asignaciones parlamentarias del Diputado”. O sea, eran pagados por el Congreso.
Facturas ideológicmente falsas
Otro foco de cuestionamiento son las asignaciones parlamentarias que, en el caso de Joaquín Lavín León, habrían vulnerado uno de principios elementales sobre el uso de estos recursos: la prohibición expresa de utilizarlos en financiamiento de actividades electorales o de campaña. Nuevamente los caminos terminan confluyendo en SocialTazk, la plataforma financiada con recursos del Congreso, utilizada como instrumento de propaganda electoral.
“Las asignaciones parlamentarias corresponden indiscutiblemente a fondos públicos de titularidad del Congreso Nacional, los que deben ser destinados exclusivamente a fines específicos y especialmente regulados, todos ellos necesariamente vinculados a la función parlamentaria, y que en modo alguno pueden vincularse a fines electorales ni personales”, argumentó la Fiscalía durante la formalización.
Además de las asignaciones, la fiscal Constanza Encina apunta a la rendición de facturas ideológicamente falsas, a través de rendiciones de gastos parlamentarios fraudulentos, con las cuales el desaforado diputado pagó deudas de campaña y servicios adeudados a la imprenta MMG, del proveedor Juan Silva Morales. Tanto Lavín como su estrecho colaborador, Arnaldo Domínguez, “instruían al proveedor la emisión de facturas ideológicamente falsas”.
La solicitud buscaba obtener reembolsos de fondos públicos del Congreso Nacional para saldar una deuda que mantenía el exdiputado “por servicios personales y de campaña ya prestados, ajenos a su labor de diputado del distrito”.
“Las facturas así emitidas correspondían en definitiva a documentos falsos, no asociados a un trabajo real ni al indicado en la glosa, con el objetivo de saldar una deuda previa, que contiene todo tipo de trabajos realizados por el proveedor al diputado Lavín, incluyendo, material de campaña propios y de terceros vinculados al mismo”, apunta la minuta de formalización.
A estos delitos también se suma la acusación de tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, a través de una influencia permanente del parlamentario en el municipio donde su esposa, Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa.
Lavín, según el Ministerio Público, se aprovechó de la situación, “generando con ello una posición de injerencia respecto de quienes se desempeñaban al interior de la Municipalidad de Maipú, a pesar de no contar con poder de mando ni encontrarse adscrito a las funciones del Municipio, las que sin perjuicio utilizó para la obtención de beneficios personales”.
De este modo, Lavín habría conseguido nuevamente valiosas bases de datos proporcionadas por la municipalidad, correspondiente “a información personal de los habitantes de Maipú, la cual sería de utilidad electoral y que se utilizaría para uso de campañas electorales comercializable y que años más tarde nutriría una herramienta para el manejo de bases de datos”, explica el documento sobre el uso del material para el funcionamiento de SocialTazk.
Además de esto, la indagatoria da cuenta de una serie de operaciones realizadas por Joaquín Lavín León en la municipalidad de Maipú, tendientes a desvincular a funcionarios y permitir, a su vez, la contratación de nuevo personal administrativo, “con el objeto de obtener ventajas políticas para él, para su cónyuge y para su partido político”.
La formalización del exdiputado continuará este martes, buscando esclarecer conductas ocurridas entre los años 2015 y 2026, y que solo en el caso del uso irregular de asignaciones parlamentarias, habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $90 millones de pesos.
Cabe indicar que Vásquez Diéguez también estaba citado a la audiencia, pero no se presentó, por encontrarse en España, frente a lo cual el Ministerio Público solicitó al magistrado Daniel Urrutia, quien dirigió la primera jornada de formalización, que se solicitara la extradición del imputado, a lo cual accedió el juez.
