Carta a los democratacristianos
Junto con el paso de los años de gestión concertacionista, a varios nos pareció que profundizar la democracia y llevar a la práctica nuestros grandes vectores doctrinarios, acorde con los signos de los tiempos, era algo que se hacía imprescindible; era algo necesario y justo. Sobre todo, habida consideración que, como lo ilustraré en este texto, se había ido instalando en la sociedad chilena un sistema socioeconómico clara y categóricamente en tensión y contradicción con lo que la Democracia Cristiana debe socializar y plasmar en la construcción del Chile para las próximas generaciones.
Desde hace un buen tiempo, a través de diferentes escritos, ponencias y participación en grupos de reflexión, un número no menor de demócratas cristianos, entre los que me cuento, hemos reafirmado y destacado el loable rol jugado por los gobiernos de la llamada Concertación en el reencuentro del país con la democracia. La historia tendrá un especial y justo podio para Patricio Aylwin y reconocerá los significativos aportes a la reconstrucción democrática de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Sin embargo, junto con el paso de los años de gestión concertacionista, a varios nos pareció que profundizar la democracia y llevar a la práctica nuestros grandes vectores doctrinarios, acorde con los signos de los tiempos, era algo que se hacía imprescindible; era algo necesario y justo. Sobre todo, habida consideración que, como lo ilustraré en este texto, se había ido instalando en la sociedad chilena un sistema socioeconómico clara y categóricamente en tensión y contradicción con lo que la Democracia Cristiana debe socializar y plasmar en la construcción del Chile para las próximas generaciones.
Es por eso que me pareció pertinente hacerse las preguntas que dan título a este escrito, intentar responderlas y compartir estas líneas con el máximo de mis camaradas y amigos, sin más aspiración de que sean leídas por una parte importante de ellos y simplemente pasen a formar parte de un componente más de sus reflexiones sobre el presente y futuro de nuestro partido y país.
Posiblemente a algunos les parecerá que el trabajo, sobre todo al comienzo, parece muy «académico» y hasta árido. Lo que he intentado es dar fundamento a mis dichos, lo que obliga inexorablemente a tener que detenerse en consideraciones sociológicas y culturales, por lo demás, de manera bastante resumida. Sin embargo, a poco andar, el texto va «aterrizando» en las cuestiones e indicadores respecto a la realidad de nuestro país y en propuestas concretas.
La modernidad no ha sido la mera expansión o recepción pasiva de un tipo de sociedad con determinadas características socioeconómicas y/o político-culturales (europea o norteamericana en nuestro caso), sino el encuentro entre redes y tramados institucionales diferentes, cuyo resultado ha dado lugar a variados y peculiares procesos modernizadores.
Una de estas peculiaridades la constituye el caso de América Latina. Podríamos decir que el continente latinoamericano se inserta en la modalidad conocida como las modernidades múltiples (1).
Es decir, América Latina no ha asumido o integrado solamente los procesos modernizantes europeo o norteamericano, sino que también ha integrado componentes de otras modernidades, mimetizado por su propia realidad. Ello habría dado lugar a un despliegue de la modernidad en la región caracterizado por un transitar sinuoso, no exento de tensiones y paradojas, en estrecha vinculación con la historia del continente y con variados ritmos y particularidades sociopolíticas, culturales y económicas.
Teniendo claro que el tema de la modernidad latinoamericana trasciende con mucho los objetivos de este texto, digamos que, de entre las particularidades que dicho proceso ha evidenciado en el continente, destaca la asincronía o desnivel entre las modernizaciones económicas, por un lado, y las sociopolíticas y culturales, por el otro.
Se trata del categórico énfasis que la modernización económica ha tenido por sobre y/o en desmedro de la modernización política y de la modernización cultural.
Es lo que los estudios de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha denominado como las “paradojas de la modernización”, esto es, la tensión y contradicción entre los indicadores y cifras del desarrollo económico y los del desarrollo social, político y cultural.
El resultado ha sido una falta de armonía entre los tres ámbitos esenciales de toda sociedad: económico, político y sociocultural, lo que ha impedido un desarrollo equitativamente distribuido (en otras palabras, el desequilibrio entre el mercado, la democracia y la secularización).
En los hechos, la modernización sociopolítica y cultural, no ha dado lugar a democracias con una significativa y formalizada participación ciudadana, así como tampoco se ha expresado en experiencias sociales más universales y compartidas, lo que ha quedado de manifiesto en los estudios que dan cuenta de las percepciones de la ciudadanía, la que confiesa incertidumbre e inseguridad.
Nuestro país es un caso emblemático de esto y así lo certifican los propios estudios del organismo internacional ya mencionado.
Ahora bien, las consecuencias, los condicionamientos y el impacto de la modernidad en el continente y en nuestro país, se ven acentuados y complejizados por el proceso de globalización, el que a pesar de tener una data histórica anterior, es evidente que se despliega de manera especialmente significativa junto con eclipsarse el siglo XX.
La globalización, con sus complejas aristas y contradicciones, altera los más diversos parámetros de la sociedad, desde el Estado-Nación, pasando por los quiebres epistemológicos, hasta los nuevos indicadores del espacio y el tiempo (en que la inmediatez y lo efímero se instalan como referentes de nuestras acciones).
Junto con las últimas décadas del siglo XX, el proceso de globalización muestra como una de sus expresiones más significativas la llamada mundialización de la economía, la que a su vez cuenta con dos componentes que le dan su singularidad: la revolución tecnológico-comunicacional y la presencia de las trasnacionales.
Todo ello fundado y atravesado por el predominio de la racionalidad instrumental en el actuar de las personas, de la que Max Weber ya nos indicaba su elemento definitorio, consistente en la utilización de cualquier medio disponible en tanto resulte eficaz para el logro de ciertos fines. Esta racionalidad orientadora de nuestras acciones, se despliega y penetra los diferentes ámbitos de la sociedad, acompañada de un sistema de mercados, flujos de capital y tecnologías globales, inéditas en la historia de la humanidad.
Es una racionalidad en las conductas, a la que le es inherente lo pragmático, agregándose la importancia y valor de lo cuantitativo en todos los niveles. De una u otra manera, lo cuantificable fagocita a lo cualitativo-calidad.
No hay que tener rubor o temor a decirlo, se está en presencia de una globalización capitalista, con un proceso de producción globalizado y en la que la ideología neoliberal aparece como la «natural» conductora de dicho proceso.
Esta ideología se despliega con alcances mundiales y, en un acto de veneración (tal vez resignación) colectiva, llega a ser considerada como una práctica entre obligatoria y /o de sentido común, frente a la cual toda alternativa que se plantee, se etiqueta inmediatamente como una amenaza a la estabilidad de las sociedades y una búsqueda irresponsable por destruir lo «bueno construido».
Como lo expresa taxativamente Eric Hobsbawm: «El proceso de la globalización es considerado irreversible y hasta trasciende a lo que puedan hacer los gobiernos, sin embargo, otra cosa es la ideología basada en la globalización, la ideología del free market, el neoliberalismo, eso que también se ha denominado ‘fundamentalismo del libre mercado'» (en entrevista dada a revista Memoria, número 134, México, abril del 2000).
Numerosos autores suscriben también esta posición, como es el caso, entre otros, del uruguayo Aldo Methol Ferré, el español Manuel Castells y el argentino García Canclini, quienes hablan de la globalización como vinculada al surgimiento y expansión del capitalismo, que ya se arrastra del s.XVI.
De lo que se trata, en definitiva, es de una presencia y predominio capitalista mundial, cuya modalidad paradigmática o máxima expresión se manifiesta en el modelo neoliberal.
Dado que hablar de modelo crea cierto recelo y hasta suspicacia en muchos, pareciera pertinente precisar que en este trabajo vamos a entender por modelo socio-económico el cómo se organiza (normalmente desde los gobiernos) la actividad económica y qué tipo de relaciones se establecen o promueven entre los distintos actores sociales y económicos. Es así que forma parte esencial de las políticas propias a tal o cual modelo, lo referente a qué tipos de bienes tienen prioridad en la producción; cómo se producen y cómo se distribuyen dichos bienes; hasta qué punto y de qué manera condiciona y promueve una mayor o menor autonomía del mercado y un mayor o menor rol del Estado en la regulación económica; formas de relación entre capital y trabajo; en fin, vínculo y preponderancia en la relación política-economía.
La ideología neoliberal tiene su génesis en una destemplada descalificación y crítica a lo que había sido hasta los años 70 el rol del Estado en la economía, particularmente en los llamados Estados de bienestar. Su consigna ariete es la inherente ineficiencia del Estado en la producción y administración de bienes y servicios, frente a la «garantizada» eficacia y ecuanimidad de los grandes empresarios y propietarios del capital para producir dichos bienes, en las proporciones adecuadas a los consumidores que las necesitan y, por cierto, bajo la convicción de que el mercado los distribuirá óptimamente. Obviamente, dado el carácter omnisciente o «sábelo todo» que el neoliberalismo le atribuye al mercado y a la incapacidad endémica que le endosan al Estado, éste es marginado de la actividad económica en beneficio del rol plenipotenciario de aquel.
El mecanismo de funcionamiento del modelo socioeconómico es reforzado por una no disimulada arrogancia cultural (con atisbos de filosófica) consistente en postularse como el modelo más racional, el más prudente y equilibrado, el que se basa en principios y certezas científicas (económicas por cierto), el que da oportunidades a todos, en que el fracaso no es consecuencia del sistema o modelo sino de las ineptitudes personales y en el que toda crítica o propuesta de modelo alternativo es descalificada por ser ideológica y/o política.
“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema… Ya no trabajamos para nuestras necesidades. El capital genera sus propias necesidades, que nosotros, de forma errónea, percibimos como propias… El capital se erige en una nueva trascendencia , en un nuevo amo. La política acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud. Se convierte en un esbirro del capital» (Byung-Chul Han: “Psicopolítica”. Herder 2014. Págs. 18 y 19).
(El ambiente nacional y en el vecindario latinoamericano en las primeras décadas del siglo XXI).
A pesar de las cifras e indicadores positivos que muestra gran parte de América Latina en la primera década del siglo XXI, se observan algunos rasgos e indicadores que son esenciales de considerar en la perspectiva de las reflexiones de nuestro trabajo:
– Lo fundamental del modelo socioeconómico neoliberal, que ya hemos definido en las páginas recientes, pareciera no estar afectado ni trastocado en muchos países y sus consecuencias en la desigualdad creciente y en la concentración de la riqueza son destacados por diferentes organizaciones y estudios.
– De hecho, ya el 2010, a través de su texto «La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir», la CEPAL sostiene que «la ecuación entre Estado-Mercado y Sociedad presente en las últimas décadas, se ha mostrado incapaz de responder a los desafíos globales de hoy y de mañana», agregando que la igualdad social y un dinamismo económico que transforme la estructura productiva, no son incompatibles y el desafío para América Latina es, precisamente, encontrar las sinergias para aquello.
– En su publicación reciente, Panorama Social 2014 (página 61), la CEPAL nos advierte y nos «baja los humos» al señalar que «el 2013 la pobreza se mantuvo en tasas similares a las registradas el 2011 y 2012, lo que puede ser indicativo del proceso de reducción que ha caracterizado a la región por un decenio. La pobreza extrema presenta una dinámica similar e incluso ha retornado a tasas cercanas a las observadas hace dos años, por lo que el número de personas en situación de indigencia, si bien ha variado significativamente, manifiesta una incipiente tendencia al crecimiento». Concretamente, el 2014 la pobreza se ha estancado en un 28% (167 millones de personas) y la indigencia en un 12% (71 millones de personas).
– En su evaluación sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que hace Naciones Unidas el 2015, aún persisten importantes cifras y preocupaciones para el mundo y también para América Latina. Entre otras, «casi la mitad de las personas empleadas en el mundo trabajan en condiciones vulnerables… Uno de cada siete niños en el mundo tiene un peso inferior al normal, un descenso en la cifra de uno de cada cuatro de 1990». En América Latina y el Caribe, la proporción entre mujeres y hombres en hogares pobres aumentó de 108 mujeres por cada 100 hombres en 1997, a 117 mujeres por cada 100 hombres en 2012.
– En relación con esta realidad que muestra la región, va emergiendo una mayor toma de conciencia durante la primera década del siglo XXI por parte de diferentes grupos y actores sociales que ha dado lugar a significativas protestas y reivindicaciones ciudadanas.
– Paralelamente, se observa un deterioro en la confianza y satisfacción con la democracia y la política en general, lo que es evidenciado en diferentes estudios. Por ejemplo, la medición realizada en el año 2013 por la Corporación Latino barómetro, en la que más de un 70% de los latinoamericanos no tiene confianza ni en los partidos políticos ni en el Parlamento. Asimismo, solo un 32% declara sentirse satisfecho con la democracia y la razón de esta mayoritaria insatisfacción, según los encuestados, en un 75% es la injusta distribución de la riqueza.
En el caso de Chile, junto con el retorno a la democracia, se observan cambios y avances significativos que son de público conocimiento y cuyas consecuencias han sido una importante instalación jurídico-institucional democrática y un proceso modernizador en el que la economía juega un rol determinante, particularmente en el crecimiento económico.
Paralelamente, el país se ha insertado importantemente en la globalización; la mujer pasa a ocupar un espacio cada vez más significativo en la sociedad, cumpliendo un rol como jefa de hogar en un tercio de los hogares y aumentando su inserción en el ámbito laboral; la reducción de la pobreza alcanza niveles significativos; se perfila un estrato medio emergente y un estrato bajo, los que son especialmente afectados por los bajos ingresos, la inseguridad laboral y la delincuencia.
Sin embargo y más allá de estos antecedentes y algunos otros posibles acerca de los logros alcanzados, Chile muestra un fracaso objetivo en la postulada ecuación Crecimiento con Igualdad, fórmula esta última que fue promovida, en un principio con éxito, por la coalición política de gobierno (la Concertación) en la transición chilena.
De una u otra forma, se fue fraguando una mezcla en la que coexisten premisas claramente neoliberales con otras más propias a nuestra realidad, lo que va siendo culturalmente socializado en la población como si se tratase de una nueva modernidad. Se asume que lo esencial es el crecimiento económico, que este depende fundamentalmente de la iniciativa privada (con importante presencia de capitales extranjeros) y que el Estado solo juega un rol frente a las «eventuales imperfecciones» del mercado, sin ninguna participación importante en el desarrollo, salvo la implementación de políticas de protección para los grupos y sectores más postergados por el propio modelo socioeconómico. (1)
Solamente a modo de una ilustración de parte de lo señalado, y a partir de la información entregada por Alicia Gariazzo en «Privatizaciones: asalto al Estado» (en Le Monde Diplomatique, julio del 2015), recordemos que durante las últimas décadas del siglo XX se privatiza parte de Codelco, el Puerto de Ventana, la Termoeléctrica de Tocopilla y de Cachapoal; Colbún pasa a manos de Tractabel (belga) que es parte del grupo Matte; las Sanitarias también se privatizan, con Esval (Valparaíso) que pasa a manos de la alianza entre Endesa-España y la empresa inglesa Anglian Water (posteriormente Endesa les vende su parte a los ingleses); Aguas Antofagasta (Essan) es del grupo Lucksic y Emos pasa a manos de la belga Suez-Lyonnaise; el 64% de Enersis es propiedad de Endesa-España y Telefónica CTC Chile en un 43,6% es propiedad de la telefónica de España. En fin, en la primera década del siglo XXI, de las 20 empresas más grandes del país, 9 son propiedad o están controladas por capitales extranjeros y se concentran en el área de servicios y minería, asimismo, más del 70% del sistema de agua potable y alcantarillado del país está en manos de transnacionales extranjeras y el resto de los grupos económicos más poderosos del país.
En 1990, las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) eran casi todas chilenas y solo podían invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero y tenían que pagar IVA. Después, varias pasan a ser extranjeras y todas pueden invertir en el extranjero hasta el 80% de los fondos, a la vez que el Estado les devuelve el IVA de todo lo que compran en Chile y el extranjero.
A partir del 2000, tienen lugar las concesiones a privados de las hospitalarias, puertos y carreteras y aeropuertos.
A poco andar, la realidad comienza a demostrar fehacientemente que el mayor crecimiento alcanzado por Chile en estos años, ha sido resultado, de manera importante, de las condiciones internacionales y, sobre todo, a costa de una brutal y agresiva desigualdad y concentración de la riqueza. (De hecho, Chile es uno de los países en que los Commodities juegan un rol crucial y ha sido caracterizado por algunos expertos como un país rentista-extractivista en que, solamente el año 2014, el 57% de las exportaciones tienen su origen en la minería).
Es así como Chile muestra la peor distribución del ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y una de las peores de la región latinoamericana (Coeficiente de Gini de Noruega es 0,22; el de Alemania 0,28 y el de Chile 0,52. Naciones Unidas ha establecido que un coeficiente Gini superior a 0,40 es alarmante) (1); el año 2010 el 0.01% de los más ricos controla el 6% del total del ingreso del país, el 0,1% más rico el 1.8 del ingreso total y el 1% más rico el 20% del ingreso total, es decir, un porcentaje ínfimo de la población concentra casi un tercio del total de ingresos de Chile (ver, «La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile». López, Figueroa y Gutiérrez. Documento de Trabajo. Departamento de Economía. Universidad de Chile 2013).
Estos mismos investigadores, en su publicación: «Luksic, Angelini, Paulmann, Matte y Piñera: cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos» (2012. Publicado también por Ciper), señalan que estos cinco personajes, nombrados en la revista Forbes junto a la elite mundial de los más ricos, acumulan en conjunto los ingresos equivalentes a 5 o 6 millones de chilenos.
Acorde con el modelo socioeconómico instalado en el país, la principal fuente de concentración de riqueza reside en la propiedad del capital físico de las empresas, la banca y los activos financieros.
Sergio Molina en su trabajo “Es el tiempo de la equidad” (Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Instituto de Chile y Banco del Desarrollo. Stgo. 2005), muestra cifras que, en su significación de fondo, tienden a mantenerse hoy en día. Molina demuestra que los cinco grupos económicos más grandes de Chile serían propietarios, directa o indirectamente, del 47,6% del valor de activos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Chile. En el sector bancario, los tres bancos privados de mayor tamaño tienen una participación superior al 50% de las colocaciones del sistema bancario (excluido el Banco del Estado). Las tres Administradoras de Fondos de Pensiones de mayor tamaño acumulaban el 70% de dichos fondos (esto en el 2000, ya que el 2007 la cifra sube a 74%). Siete Isapres captan el 92% de los beneficiarios y el 93,4% de las cotizaciones.
Si asumimos el concepto, cada vez más en boga, de la pobreza relacional y el concepto de estructuras de oportunidades acuñado por el economista indio de Naciones Unidas, Amartya Sen, nos encontramos con extensiones y desplazamientos de la desigualdad que van más allá de la distribución del ingreso y que acentúan y agrandan el abismo en el ámbito de la estratificación social chilena en el nuevo siglo XXI. Se trata de observar cómo la desigualdad social se plasma y refuerza a modo de círculo vicioso en variados ámbitos de la sociedad: acceso a una buena educación; acceso a una salud digna y oportuna; acceso a la recreación; acceso a una adecuada seguridad ciudadana; acceso a tecnologías de punta, etc.
De una u otra forma, y tal como lo expresa el sociólogo español Mario Fernándes Enguita, la desigualdad adquiere una dimensión inicial y otra terminal; esto es, una desigualdad inicial frente a las oportunidades y una desigualdad final frente a los recursos.
[cita tipo= «destaque»]Una de las formas más recurrentes que ha usado la derecha política y el gran empresariado para oponerse a las iniciativas del gobierno, corresponde al tipo de argumentación que hace algunas décadas precisara tan acertadamente el filósofo y economista Albert Hirschman (Berlín 1915-2012) en su obra «Retórica de la Intransigencia». «Una ola reaccionaria va siempre junto a los avances sociales», nos dice Hirschman y ella se expresa a partir de tres tesis.[/cita]
Paralelamente, los datos aparecidos en la más reciente publicación de la Cepal, Panorama Social 2014, permiten concluir que en nuestro país la juventud sigue siendo un sector y ámbito crítico para el desarrollo con igualdad, observándose, entre otros, que el 20,2 % de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentran desempleados. Esto genera una injusticia y frustración permanente que causa inevitablemente tensiones generacionales permanentes, tal cual lo expresa el informe cepaliano recientemente mencionado: «La tensión que las brechas producen en una población joven cada vez más instruida, informada y conectada en una sociedad globalizada puede ser crítica para los procesos de inclusión social y desarrollo de la región. Estas barreras pueden originar descontento y frustración en amplios sectores, que se verían apartados del proyecto colectivo de desarrollo de la región. Los jóvenes aspiran a oportunidades laborales de calidad, que les permitan participar plenamente en el desarrollo ciudadano y productivo y acceder a condiciones de bienestar y desarrollo personal» (página 135).
A lo anterior habría que agregar, como evidencia de la intrínseca injusticia que es parte esencial del modelo socioeconómico predominante en el país, lo sucedido en las primeras décadas del siglo XXI y que se ha conocido como los diferentes casos de abusos sistemáticos de parte de los «abusadores» (valga la redundancia en este caso), como es lo que sucede con las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, AFP, las que junto con tener ganancias desproporcionadas los últimos 32 años administrando aprox. 160 mil millones de dólares, equivalentes al 60% del Producto Interno Bruto chileno, pagan jubilaciones a los trabajadores que en promedio alcanzan a aprox. 300 mil pesos mensuales; el conocido como caso de la colusión de las farmacias en relación con los precios de los remedios; la llamada colusión de los pollos (alimento proteínico, este último, de gran consumo popular); la colusión de las empresas papeleras que compromete a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de la familia Matte (CMPC) y a la empresa Pisa, ligada al ex ministro de Deportes de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle; condiciones desfavorables de negociación laboral e inseguridad permanente de los trabajadores; un insuficiente sistema de salud pública y con las conocidas Instituciones de Salud Previsional, Isapres, que suben sistemática y arbitrariamente los costos a los beneficiarios; un sistema de educación que, junto con haberse convertido en un atractivo negocio, genera significativas discriminaciones sociales y culturales.
Asimismo y agravando aún más las frustraciones ciudadanas, se observa una falta de representatividad y una insignificante participación ciudadana que van cooptando el funcionamiento del sistema democrático, el que se encuentra bajo los efectos de una gran metástasis, que consiste en pensar la sociedad DESDE la economía y no CON la economía. Se invierte la ecuación imprescindible en toda democracia, esto es, la primacía de la política sobre la economía, dándole a esta un rol omnisciente y convirtiéndola en la instancia por excelencia para las decisiones que comprometen al país en los diferentes ámbitos, vía la acción sin límites del mercado-capital.
El efecto combustión de los elementos anteriormente señalados, que tipifican parte importante de la situación del país, va creando en la población, sin que ella pueda quizás expresarlo de manera conceptual rigurosa y técnicamente adecuada, una sensación de impotencia en medio del funcionamiento de un modelo socioeconómico absolutamente distorsionado y ajeno a la esencia de las exigencias de la democracia actual.
No es mera casualidad que, a comienzos de la segunda década del nuevo siglo, tengan lugar diferentes manifestaciones en el país que adquieren las características de movimientos sociales con nuevos actores en escena (estudiantes, dueñas de casa y trabajadores del sector público y privado), a la vez que surgen dirigentes de comunidades y localidades que reivindican y movilizan a sus habitantes.
Es así como el 2015, el informe sobre el desarrollo humano en Chile, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que «la sociedad chilena se encuentra en un proceso de debate: ¿Qué país queremos?, ¿qué debemos cambiar y qué deseamos mantener?, ¿quiénes deben participar en la toma de decisiones?» (PNUD, op. cit. pág. 1). Se trata de lo que el propio texto denomina la politización de la sociedad chilena, es decir, un debate profundo acerca de la redefinición de los límites de lo posible que se manifiesta en diversos planos de la sociedad y que se expresa también en el aumento de la conflictividad y la movilización social.
En este informe, además, se entregan cifras elocuentes que demuestran el estado de ánimo de los chilenos y su clara convicción de que en el país deben llevarse a cabo cambios fundamentales.
En efecto, en la encuesta realizada por dicho estudio, cuyo trabajo de campo tiene lugar entre el 17 de agosto y el 9 de octubre del 2013, un 56% de los encuestados señala que hay que cambiar las cosas existentes y un 21% dice que hay que cuidar las cosas buenas que se tienen. Aún más elocuente es la cifra que indica que un 61% piensa que los cambios hay que hacerlos de una manera inmediata.
En marzo del 2015, el relator especial sobre Derechos Humanos y Pobreza Extrema de la ONU, Philip Alston, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago, señala que las reformas emprendidas por el Gobierno «no son suficientes» para combatir la desigualdad en Chile.
«Pasarán algunos años antes que los beneficios de las reformas educacionales resulten aparentes en términos de reducir la desigualdad» (El Mostrador. 24 de marzo del 2015).
A mi juicio, la ciudadanía aspira y espera que se efectúen cambios en el país, PERO, no un cambio DEL sistema democrático conquistado, sino cambios dentro del sistema democrático, pero, eso sí, que sean estructuralmente significativos.
(De los primeros dos años).
Al llegar a las elecciones presidenciales, y particularmente al balotaje de diciembre del 2013, habida consideración de los antecedentes analizados en las páginas anteriores, la inmensa mayoría de la ciudadanía visualiza en el programa de reformas presentado por la candidata Michelle Bachelet, una oportunidad de efectuar cambios en el país, lo que se manifiesta en el 62% con que es elegida la Mandataria.
Sin embargo, la encuesta CEP de abril del 2015, esto es, prácticamente a un año de Gobierno y en pleno período del intento de despliegue de las primeras reformas (tributaria y educacional), indica que un 34% tiene una percepción negativa de la reforma tributaria y 29% positiva, mientras que un 37% rechaza la reforma educacional y un 25% la respalda.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo tanto rechazo a las reformas si la Presidenta Bachelet fue elegida con más del 60%, precisamente para llevar a cabo estas transformaciones, las que anunció al país en diferentes oportunidades?
¿Cómo se condicen estos porcentajes con los datos y cifras que comentamos en los párrafos recientes de este trabajo acerca del Informe sobre el Desarrollo Humano en Chile del PNUD del 2014, en el que, categóricamente, la gran mayoría de los chilenos encuestados estaba por realizar cambios en el país?
En una primera reflexión propongo cuatro líneas de explicación: 1) errores estratégicos y procedimentales del Gobierno y algo de improvisación (en la misma CEP recientemente mencionada, el 65% afirma que las reformas han sido improvisadas; un 23% dice que han sido bien pensadas); 2) no se difundieron con claridad y pedagógicamente los contenidos e implicancias de las reformas (sus beneficios en qué plazos); 3) fue mucho más masiva, convincente y potente la campaña de la derecha y del gran empresariado destinada a ningunearlas; estos grupos fueron exitosos en instalar una sensación de inseguridad y miedo entre la población; y 4) la mayoría de los chilenos, no conocen de verdad las reformas; no han estudiado sus contenidos y alcance y tienden a repetir lo que escuchan.
Sin embargo, teniendo claro que es indiscutible que todos estos factores han influido en el desenlace de los acontecimientos, creo que hay otro componente que se ha soslayado y que no ha sido relevado suficientemente, por no decir, casi nada. Me refiero a la ostensible y reiterada diferencia de visiones y opciones socioeconómicas, políticas y culturales que se aprecian en el país, es decir, a la diferente sociedad en la que se quiere vivir.
Concretamente, sostengo, a modo de primera tesis de este trabajo, que la implementación y puesta en ejecución del programa de Gobierno de Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, se lleva a cabo en medio de una controversia claramente ideológica, la que no se quiere reconocer y se intenta mimetizar de una u otra forma.
Es así como una de las formas más recurrentes que ha usado la derecha política y el gran empresariado para oponerse a las iniciativas del Gobierno, corresponde al tipo de argumentación que hace algunas décadas precisara tan acertadamente el filósofo y economista Albert Hirschman (Berlín 1915-2012) en su obra «Retórica de la Intransigencia». «Una ola reaccionaria va siempre junto a los avances sociales», nos dice Hirschman y ella se expresa a partir de tres tesis:
-La tesis de la perversidad, según la cual se sostiene que lo que se formula como cambio y/o acción, está mal concebido y resultará en algo exactamente contrario a lo que se propone. Los cambios en una dirección llevarán a direcciones siempre contrarias.
-La tesis de la futilidad, que recordándonos la clásica enseñanza del Gatopardo, sostiene que aunque las cosas cambien, todo sigue igual. Toda acción para efectuar algún cambio social, económico o político, resulta inocua. Esta posición va acompañada de cierta ironía y desprecio, no solo por el cambio propuesto, sino también por quienes proponen las transformaciones. Asimismo, se aduce carácter de verdad científica a los argumentos de quienes se oponen a los cambios.
-La tesis del riesgo, que indica que todo intento de cambio implica un peligro muy alto y expone a que se pierda todo lo que se ha logrado anteriormente.
Cualquier persona que haya estudiado y/o seguido las publicaciones y afirmaciones oficiales de los representantes de la derecha política y del gran empresariado (yo al menos lo he hecho), podrá ver cómo una y otra vez surgen los dichos que, inequívocamente, se insertan dentro de alguna de estas tesis.
Aún más, en esta clara complicidad entre la derecha política y el gran empresariado, y dada la lamentable y crítica situación de los partidos de oposición, comienza a observarse, desde mediados del 2015, un rol más protagónico del empresariado, el que con menos cálculos electorales y con añoranzas de «patrón de fundo», las arremete sin muchas sutilezas contra un gobierno al que ve debilitado en sus aspiraciones originales y por lo mismo quiere simplemente «rematarlo».
Si a todo lo anterior agregamos los ampliamente conocidos actos de corrupción de los sectores empresariales, de representantes de la derecha política y de personeros de la coalición oficialista de la Nueva Mayoría, así como el devastador efecto político para la Presidenta (salpicando severamente al Gobierno) de los negociados de su hijo, Sebastián Dávalos, llegamos a fines del 2015 con «reformas estructurales» que han sido encauzadas con inaceptables fallos de preparación y de procedimiento y con un equipo gubernamental herido y haciéndonos dudar sobre si va a contar con las fuerzas y la «salud» para reimpulsarlas en la segunda parte de su administración.
Cierran esta suerte de círculo vicioso y/o variables o sucesos no previstos, cuando se iniciaba tan esperanzadoramente el segundo gobierno de Michelle Bachelet con la Nueva Mayoría, la a veces presente «anomia político- programática» y/o definitivamente, la diferente visión de la sociedad a que se aspira al interior de la Nueva Mayoría, así como la falta de apoyo social del Gobierno, como resultado de la incapacidad de este de socializar y movilizar constructivamente a los actores sociales detrás de sus iniciativas.
Es precisamente en este ambiente y espacio político que antecede y condiciona el inicio de la segunda mitad del Gobierno, donde a mi juicio se pondrá a prueba de manera muy especial y como una oportunidad que puede ser muy única, la manera en que seremos capaces como demócratas cristianos de responder a la interpelación que nos hace la realidad del país, que hemos analizado en los párrafos anteriores.
Habiendo explicitado el por qué se nos interpela (las injusticias socioeconómicas y las insuficiencias político-institucionales de nuestra democracia), corresponde ahora preguntarnos desde dónde se nos interpela.
¿Qué generación puede dejar a un lado un tiempo importante las grandes cuestiones que dicen relación con el sentido de su existencia y con los valores que deben inspirar sus acciones frente a los otros actores sociales y frente al futuro de su país? De nuestra respuesta a esta pregunta pareciera arrancar parte importante del intento de ir precisando el «desde dónde se nos interpela» hoy en Chile a los demócratas cristianos.
Lo primero es salir al paso y dejar al desnudo la tendencia cultural (más bien posmodernista), que me trae al recuerdo la llamada «soft ideología» de la que nos hablaba Claude Imbert, según la cual los grandes sistemas de pensamiento son reemplazados por sistemas que limitan sus creencias y planteamientos a cuestiones muy elementales. Estamos en presencia, aunque no se explicite así, de una ideología que se acomoda a todo, que no tiene vinculaciones ni compromisos con la búsqueda de una sociedad mejor y que se asusta de promover esperanzas entre la gente. Nos intenta convencer que, por sobre todo, hay que ser concreto, realista y aterrizado; ¡viva el pragmatismo!
Sin embargo, al final y paradójicamente, es una «ideología antiideológica», «culturalmente bien vista» y que cualquier intento por reafirmar valores y/o modelos de sociedad, rápidamente lo cataloga como «poco actual», «no adecuada a los tiempos», cuando no con alguno de los dos epígrafes extremos: conservadora y/o radical.
En consideración a lo recientemente señalado y a lo que nos convoca este punto de nuestro trabajo, quiero entregar mi segunda afirmación o tesis central del texto: la realidad y desafíos ya esbozados de la sociedad chilena (los por qué se nos interpela), exige de los demócratas cristianos una «repasada» de nuestras fuentes y razón de ser y, lo más importante, de frente y acorde con los signos de los tiempos, retomar en acciones concretas y en compromisos políticos, la defensa y la implementación de un modelo de sociedad definitivamente coherente con nuestra identidad y superador de la actual situación socioeconómica (de clara inspiración neoliberal).
Se trata de reafirmar la idea de que la política necesita ser fundada; requiere de una fundamentación, particularmente para los cristianos en política.
Hace más de treinta años, en Puebla, los obispos latinoamericanos nos señalaban algo que pareciera que muchos quisieran que olvidáramos: «El cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política¨. Y algunos de nuestros grandes líderes y un sacerdote ejemplar de nuestros días nos reiteran: «Parece indudable que no puede haber una acción política profunda sin un pensamiento que lo alimente» (Eduardo Frei Montalva).
¨Quien actúe obedeciendo a meros impulsos instintivos o emocionales y no a concepciones doctrinarias definidas y firmes, se moverá en el proceloso ámbito de la política como una hoja a merced de los vientos. Para abrir caminos, para cambiar la sociedad, para construir un mundo nuevo, es indispensable partir de sólidos principios, saber a ciencia cierta quiénes somos y tener claras concepciones de lo que se quiere» (Patricio Aylwin Azócar).
¨Un Partido Demócrata Cristiano, el cual se acostumbre, a través de más de dos generaciones a todo lo que se da en la sociedad actual –sean realidades de derecha o de izquierda–, tiene sólo un fin próximo: disgregarse entre la demagogia, el burguesismo o la burocracia. Los dirigentes que pudieran adoptar esa perspectiva tendrán tiempo aún de ver el resultado de su obra» (Jaime Castillo Velasco).
¨Uno de los daños de la ideología del libre mercado es que les ha arruinado los sueños (a la gente) y más bien se ha transformado en consumo, en tener esto o esta cosa y (ha desaparecido) la visión que los padres les transmitían a los hijos, qué idea de nación, qué sueños, por qué ideales estaría dispuesto a dar la vida, cómo me gustaría el país para mis hijos» (Padre Felipe Berríos S. J.).
Es mi impresión, que en algunas (o muchas) de las prácticas y gestiones políticas de las dos últimas décadas, no solo hemos olvidado, sino que hasta hemos tergiversado severamente nuestra concepción humanista cristiana.
Pareciera que ha habido una preocupación más «geométrico-política», en la que la obsesión por autoproclamarnos propietarios del centro político, nos puede llevar, tal cual lo advirtió taxativamente Jaime Castillo, a «un partido centrista convertido en partido de administración que se propone simplemente administrar el orden establecido. No procede revolucionariamente frente a este. Ni sus métodos ni sus fines, ni su espíritu ni sus amistades buscan hacer nada que no sea conservar dicho orden. Este orden es simplemente el que rige, o sea, el conjunto de relaciones sociales y políticas que caracterizan la etapa en que se vive» («Teoría y práctica de la Democracia Cristiana Chilena». Diciembre 1973. Tomado de la versión ¨Colección grandes líderes¨. Número 2. Publicada por el Centro Desarrollo y Comunidad. Página 16).
Y esto queda de manifiesto al comparar algunas de las características actuales de la sociedad chilena, ilustradas en las líneas anteriores, con los contenidos e implicancias de los conceptos axiales y principios orientadores de nuestro partido, plenamente vigentes.
Esta es, precisamente, la matriz desde donde se nos interpela.
Me referiré a los conceptos de Estado, Bien Común y Justicia Social (a los que subyace, por cierto, nuestro concepto de Persona). (1)
Para objetivar esta presentación, haremos hablar a textos, personas e instancias formales, las que sin discusión han sido reconocidas como referentes doctrinales, a partir de los cuales debemos construir nuestro proyecto de sociedad, acorde por cierto con las circunstancias históricas concretas.
En 1891, León XIII en su histórica “Rerum Novarum” expresa: “(El Estado) no puede de modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos sino que, por el contrario, debe intervenir a tiempo, primero para que aquellos contribuyan a producir la abundancia de bienes materiales, cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud y, segundo, para tutelar el derecho de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños”.
Jacques Maritain va a plasmar seis conferencias que da el año 1949 en la Universidad de Chicago, en su conocida obra “El hombre y el Estado”. En este trabajo el gran filósofo cristiano va a sostener que “el bien común del cuerpo político exige una red de autoridad y poder en la sociedad política y por consecuencia un órgano especial investido de poder, el más elevado, al servicio de la justicia y de la ley. El Estado es ese órgano político superior»… agregando posteriormente que “el bien común de la sociedad política es el fin supremo del Estado, pasando este fin a ocupar un lugar incluso anterior al fin más inmediato del Estado que es mantener el orden público”.
-La constitución conciliar “Gaudium et Spes” de 1965, documento emblema del Concilio Vaticano II, reafirma y proyecta las ideas centrales en cuanto a que «el desarrollo humano no puede ser abandonado al arbitrio de unos cuantos hombres o de algunos grupos, ni de la sola comunidad política, ni de algunas naciones poderosas, sino que debe permanecer bajo el control del hombre. Es necesario coordinar las iniciativas espontáneas de los particulares y la acción del Estado”. Al Estado y a la autoridad les corresponde la promoción del Bien Común, el cual implica la necesidad de “que sean asequibles a todos las cosas necesarias para una vida plenamente humana, como por ejemplo, el alimento, el vestido, vivienda, educación, información, salvaguardia de la vida y de la libertad, también en el campo religioso”.
El filósofo español Mariano Moreno en su prestigioso “Diccionario del Pensamiento Contemporáneo” del año 1997, en la parte en que trata el concepto de Estado, nos dice: “El personalismo no puede estar de acuerdo con el liberalismo puro y duro que postula la abolición del Estado para entregar los poderes no al pueblo sino a las empresas multinacionales del capitalismo salvaje, pues si como este último quiere, desapareciera el Estado? ¿Qué empresa capitalista se haría entonces cargo de los servicios no rentables, en aquellos campos en que la vida humana necesita ser defendida: salud, vejez y muchas otras?”.
En los acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático de nuestro partido, en el número 55 se dice: «Afirmamos con convicción que Chile requiere más y mejor Estado que fomente la profundización democrática y resguarde la estabilidad macroeconómica, que garantice la sostenibilidad de un sistema de promoción y protección social no solo focalizado en la población más pobre sino también que provea de los medios para la movilidad social a los sectores medios de la población; que regule el buen y correcto funcionamiento de los mercados; que provea eficientemente los bienes y servicios que la sociedad le demande; que articule la cooperación público-privada para el fomento del desarrollo productivo y exportador de Chile y que fomente el desarrollo productivo apoyando la innovación tecnológica de nuestras empresas».
Francisco en su Exhortación «Evangelii Gaudium» el 2013, nos dice: «Hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’ (número 53)… en este contexto, algunos todavía defienden las teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando (54)… mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas¨ (Número 56).
Juan XXIII en la Encíclica Pacem in Terris (1963) enfatiza que “el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones puedan lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección».
Jacques Maritain en «Los derechos del hombre y la ley natural» (texto que contiene muchas de las ideas con que Maritain participó en los debates previos que dieron lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 en la ONU) es claro y categórico en expresarnos: «No digamos que el fin de la sociedad es el bien individual o la simple reunión de los bienes individuales de cada una de las personas que la constituyen. Semejante fórmula disolvería la sociedad como tal en beneficio de sus partes y conduciría a la ‘anarquía de los átomos’, llevaría bien a una concepción francamente anarquista, bien a la vieja concepción anarquista enmascarada del materialismo burgués, según la cual toda la función de la ciudad consiste en velar por el respeto de la libertad de cada uno, mediante lo cual los fuertes oprimen libremente a los débiles… El fin de la sociedad es el bien común de la misma, el bien del cuerpo social… Así nos parece un primer carácter esencial del bien común: implica una redistribución, debe redistribuirse a las personas y debe ayudar a su desarrollo¨.
Nuevamente leemos en la Constitución Conciliar Gaudium et Spes (Número 26) que los elementos inherentes y constitutivos del bien común se refieren al «conjunto de condiciones (que el Estado debe crear) de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Y será aún más específica y concreta al agregar que en aras del bien común «es necesario que se facilite al hombre todo lo que este necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección, la educación, el trabajo…».
El siempre destacado Claudio Orrego Vicuña, en su libro «Solidaridad o Violencia» en 1969, nos precisaba que lo que caracteriza al capitalismo a nivel macroeconómico «es el atesoramiento desproporcionado en manos privadas, propietarias del capital, de frutos del esfuerzo colectivo por una parte y la orientación de la economía en base a los solos estímulos financieros del mercado por otra… A nivel microeconómico, se caracteriza porque son los poseedores del capital los que adoptan las decisiones relativas a la marcha de la unidad productiva, sin ninguna consideración por la racionalidad y los intereses de los demás sectores que aportan, decisivamente, al progreso de la empresa». Y posteriormente sentencia: «A nivel de la macroeconomía el capitalismo resulta inaceptable a la ideología demócrata cristiana, por la simple aplicación del principio de la justicia conmutativa, que exige que cada uno reciba lo que le corresponda en relación proporcional a su esfuerzo. Es, por lo tanto, inaceptable que solamente un sector de los que participan en la creación de la riqueza colectiva acapare para sí más de lo que le corresponde, dejando a sectores importantes con menos de lo que necesitan» (Págs. 132 y 133 de la edición publicada por el Instituto de Estudios Humanísticos, ICHEH, Santiago, 2002).
Cuarenta años después, el 2009, el Papa Benedicto XVI en su Encíclica «Caritas in Veritates», va a expresar que el Bien Común es «el bien de todos y de cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos». Asimismo, vincula estas implicancias con el rol del Estado al agregar: «El fin del Estado es hacer posible la solidaridad, es decir, que las personas podamos encontrarnos con otras personas y relacionarnos de modo responsable para construir entre todos una vida personal y social más humana». Agregando: «En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana».
En la misma Evangelii Gaudium ya citada, Francisco señala que «las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética» (Número 218).
Joseph Lebret en «La dinámica del desarrollo» (1967) nos dice que «el verdadero desarrollo es para cada uno y para todos, el paso de condiciones menos humanas a más humanas. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre y a todos los hombres».
Pablo VI en Octogésima Adveniens, del año 1971, a propósito del logro de una justicia mayor, enfatizará que ¨queda por instaurar una mayor justicia en la distribución de los bienes, tanto en el interior de las comunidades nacionales, como en el plano internacional» (Número 43). Agregando más adelante, de manera brillantemente visionaria: «Bajo el impulso de los nuevos sistemas de producción, están abriéndose las fronteras nacionales, y se ven aparecer nuevas potencias económicas, las empresas multinacionales, que por la concentración y flexibilidad de sus medios pueden llevar a cabo estrategias autónomas, en gran parte independientes de los poderes políticos nacionales y, por consiguiente, sin control desde el punto de vista del bien común. Al extender sus actividades, estos organismos privados pueden conducir a una nueva forma de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político» (Número 44).
El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en su publicación: «Globalización y Nueva Evangelización en América Latina y el Caribe» del 2003, en el número 338, señala: «Las políticas económicas llamadas neoliberales, atribuyen un papel central y casi redentor a la dinámica del mercado. Desde el punto de vista de las exigencias de la dignidad humana (base de la justicia social) , un modelo económico así, es del todo incompleto e inadecuado» (el paréntesis en nuestro).
En los Acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático de la Democracia Cristiana chilena, en el número 23 y respecto a lo que significa el valor de la justicia social, se dice: «Cada ser humano, en su condición de persona, tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que la sociedad y el Estado le generan, sin otra limitación que sus propias capacidades. La justicia social, como derecho de cada persona, no puede ser discriminatoria bajo ningún caso… Reconocemos que la pobreza y la desigualdad de oportunidades limitan la libertad. La justicia (social) exige también proteger a quienes no se pueden valer por sí mismos: los más débiles, los minusválidos y otros grupos marginados de las oportunidades que ofrece la vida social».
¿Será necesario seguir agregando citas y pronunciamientos sobre estos y otros ámbitos y/o conceptos, para constatar y reconocer con humildad que nuestro Chile actual dista mucho de encarnar en sus estructuras los principios y valores que han sido la razón de ser de nuestro partido?
Francamente creo que no.
En consideración a todo lo expuesto en los párrafos anteriores y a modo de última parte de este trabajo, surge como imprescindible definir y comprometernos con las tareas que nos exige el Chile de hoy.
Concretamente, se trata de delinear mínimamente el para qué nos interpela la sociedad chilena, a partir de su realidad actual y teniendo como referencia los rasgos doctrinario-ideológicos distintivos y definitorios de nuestro partido.
No se pretende, por cierto, dar una respuesta exhaustiva a la cuestión planteada, pero sí resulta insoslayable el afirmar con claridad lo que se podrían denominar los mandatos mínimos de hoy para todo demócrata cristiano, independientemente del rol y nivel que ocupe en la sociedad.
A mi juicio, si hubiera que usar una frase o idea-fuerza para simbolizar estos mandatos, me atrevería a decir que la DC debe, junto a otras fuerzas políticas, llevar a cabo una segunda revolución en libertad en nuestro país.
Con miras a ser muy concretos con respecto a lo que esto implica, dichos mandatos pueden expresarse en las siguientes afirmaciones, de las que obviamente se deben desprender los respectivos compromisos políticos y acciones para su logro.
1- La DC debe agotar el máximo de esfuerzos para seguir formando parte de una coalición política que, junto con apoyar y aportar al actual plan de reformas de la Presidenta Bachelet, convoque a la elaboración de un nuevo programa de Gobierno y candidatura común, en que se siga avanzando en los cambios y transformaciones que hagan de Chile un país más justo y con un desarrollo realmente humano.
2-Los DC no podemos tener dos lecturas o posiciones híbridas frente al neoliberalismo. Es preciso rechazarlo, no sOlo por sus abusos y codicia, sino también y por sobre todo, por sus engaños, tal cual lo expresa el filósofo de origen coreano Byung-Chul Han: por hacernos creer que todo trabajador es empresario y es capaz de una autoproducción ilimitada; por tratar de convencernos que en una sociedad en que solamente interesa el rendimiento, los fracasos son de cada uno y no del sistema; por lograr que las personas trabajen no para sus necesidades sino para el capital; por haber instalado un individualismo y egoísmo extremo que hace de cada sujeto de rendimiento un explotador de sí mismo, evitando así la formación de un «nosotros político» que permita una acción común.
3-Hay que discrepar categóricamente de la majadera tesis según la cual el crecimiento económico nos vehicula necesariamente a mayor justicia y equidad. Por el contrario, está empíricamente demostrado que, en la casi totalidad de los casos, dicho crecimiento se concentra en y beneficia a porcentajes ínfimos de la población. Nuestra posición y acciones en consecuencia deben ser nítidas: hay que rediseñar el modelo de desarrollo, no negando la necesidad del crecimiento, pero sí dándole un rol más secundario en pro de cambiar las estructuras de poder, lo que implica inevitablemente decisiones políticas por sobre las económicas.
4- En este momento y en los años que faltan para que termine el actual Gobierno, es imprescindible seguir diseñando e implementando algunas reformas socioeconómicas y políticas responsables, necesarias y justas. Entre ellas, completar la reforma educacional y culminar una reforma laboral sin transar su esencia.
Una legislación que vele por la dignidad y los derechos de los trabajadores es condición absolutamente necesaria para los cambios en la estructura de poder del país. No habrá un Chile más igualitario ni habrá redistribución del ingreso, si no reivindicamos la justicia que debe prevalecer en las relaciones entre el capital y el trabajo. Esto supone, a su vez, una organización sindical fuerte, con derecho a huelga y con un rol significativo como actor social. La DC siempre ha defendido al mundo del trabajo, incluso hemos sido claros partidarios de la participación de los trabajadores en la empresa (aunque a muchos ya se les haya olvidado).
La posición y acción en este ámbito, constituyen un mandato moral y político imprescindible para la DC.
5- En los tiempos que corren y orientados por nuestro marco doctrinal y proyecto ideológico, resulta evidente que no solo el modelo neoliberal impide dar respuestas adecuadas a los chilenos, sino también los diferentes obstáculos y el «campo minado» pinochetista que aún subyace en la actual Constitución. Es imprescindible, por lo tanto, en el corto plazo, socializar y apoyar una reforma constitucional que, junto con ratificar el sistema político democrático, establezca un marco normativo apropiado para enfrentar los desafíos socioeconómicos y políticos del país.
Los DC deberíamos propiciar este cambio constitucional y, en un acto que algunos camaradas podrían calificar de «osado», apoyar la idea de una Asamblea Constituyente. Estimo que es esta una oportunidad poco común para otorgar a la ciudadanía su legítimo derecho a decir su palabra sobre su futuro y acoger parte de sus justificadas frustraciones y molestias con nuestro sistema político.
Participar no es sinónimo de colaborar y asentir, sino de consentir y decidir. Los miembros de la comunidad, lo hemos sostenido siempre, deben ser actores y protagonistas y no solo testigos y espectadores.
«La evidencia muestra, además, que los mecanismos utilizados para impulsar cambios constitucionales están relacionados con el contexto político y social de cada país y con los momentos históricos cuando se producen… en democracia, el mecanismo más utilizado es la asamblea constituyente» («Mecanismos de cambio constitucional en el mundo». Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Septiembre 2015).
(El 76,2% de los chilenos encuestados por el mismo PNUD el 2013, considera que es muy importante o importante hacer cambios en la Constitución y el 65,7% cree que estos cambios deben ser profundos).
6- Lo anterior va íntimamente ligado con una opción político-institucional que implique que el Estado aborde lo público como el espacio de lo comunitario, a la vez que asuma algunas funciones que la Cepal ha considerado como fundamentales para los ¨los nuevos Estados de Bienestar¨ (Ver Cepal, «La hora de la igualdad» 2010). Dichas funciones, por lo demás plenamente concordantes con nuestra doctrina, son:
7- Desmercantilizar el acceso al bienestar de la población mediante la provisión de bienes, servicios y transferencias que no dependan de la posición que la persona ocupa en el mercado laboral, ni de su capacidad de compra en los mercados.
8- Regular y afectar ciertos aspectos del comportamiento de los agentes de mercado… modificando así el orden espontáneo en esta esfera. Esto, junto con la regulación del mercado laboral, de los precios y de los derechos y obligaciones de sus integrantes.
9- Redistribuir recursos en forma de bienes, servicios y transferencias, y con un criterio que va más allá de la equivalencia aportes-beneficio, basándose en principios de solidaridad para diferentes grupos, de quienes tienen más a quienes tienen menos.
10- Los DC debemos promover y tomar las medidas para plasmar el profundo sentido de la gobernanza, en que, por un lado, es necesario crear las condiciones para la gobernabilidad del Estado a través de una capacidad efectiva de gestión política, con encauzamiento y solución de conflictos y sin afectar la estabilidad de la sociedad. Pero, por otro lado, hay que recomponer la compleja e inseparable tríada Estado, mercado y sociedad civil, eso sí, como una clara alternativa a la idea de un Estado mínimo y al supuesto de la autorregulación espontánea de los mercados.
Como lo expresa Daniel Innerarity: «En ocasiones se ha asociado el término gobernanza a ese proceso de despolitización que durante las últimas décadas se ha declinado como desregulación, liberalización, privatización o estilo de gestión empresarial. Pero en realidad es exactamente lo contrario. El concepto de gobernanza se elabora a partir de la necesidad de oponer una alternativa a la idea liberal conservadora de un Estado mínimo, como una reacción a la política administrativa managerializada… La gobernanza democrática aparece así hoy como la posibilidad de salvar al poder político de su ineficacia y de su insignificancia, de recuperar la política y, al mismo tiempo, transformarla profundamente» (D. Innerarity: «¿Qué es eso de la gobernanza?». En Web. Página 8)
11- A un cristiano no le está permitido desanimarse. He aquí la disposición que debe permear todo lo anterior. Es cierto que, acorde con nuestra filosofía de la historia, la construcción de una sociedad más justa y solidaria siempre será un desafío a ir perfeccionando y siempre contará con una insuficiencia relativa, pero ello no puede convertirse en el pasaporte para entrar en una actitud entre inértica y/o de complicidad del silencio frente a lo que ha estado ocurriendo en nuestro país desde hace ya varios años (alcanzando en muchos casos una expresión adaptativa y hasta de defensa de intereses), ni mucho menos derivar en un pragmatismo de meros cálculos electorales.
Los chilenos requieren y esperan de una Democracia Cristiana que se la juegue, junto a otras fuerzas políticas, por llevar a cabo la ya mencionada segunda revolución en libertad.
