Publicidad

¿Quién me cuida del patrimonio?


El edificio de Rosas con Morandé construido en 1909 con claras influencias neoclásicas, luce ya bastante deteriorado, y por años pareció no importarle a nadie. Pero hoy, cuando existe lamentablemente la posibilidad cierta –amparado en los permisos respectivos- de su inminente demolición surge el repudio ciudadano. En la eventualidad de que aquel inmueble logre mantenerse erguido –así esperamos que suceda- su dueño, que en esta ficción renuncia a la rentabilidad del negocio inmobiliario deberá bancarse sólo toda la restauración y su posterior conservación; por lo que en el mundo real, el incentivo que tiene para bregar por su conservación, es cero. En la práctica en situaciones similares los han dejado morir, el Palacio Pereira es el ejemplo típico.

La interrogante que nos debemos plantear es ¿Por qué si del Patrimonio nos beneficiamos todos, su conservación recae sólo en sus dueños? Esa es la gran pregunta que nuestra institucionalidad, no ha logrado resolver.

Bajo esta administración municipal en la comuna de Santiago, por ejemplo se declararon casi 400 inmuebles como de conservación histórica; argumentando que con eso; se salvaban de la destrucción y que las generaciones venideras podrían deleitarse con su belleza. Ojala así fuera, pero aquello no pasa de ser sólo buenas intenciones. Desde ahora cualquier arreglo, modificación, mantención que haga su dueño ya no queda a su libre arbitrio, si no que deberá efectuarse con el patrocinio de profesionales y contando con las autorizaciones respectivas, lo que parece una excelente medida, pero como en los hechos aquello no es gratis y alarga demasiado la remodelación, se opta por no hacer nada. Consideremos además que mucho de los afectados en Santiago son personas que viven bastante al justo, y que no puede solventar esos mayores costos asociados a la mantención de su ahora Inmueble de Conservación, sin señalar que tras la designación, su casa –su único patrimonio- salió del comercio.

[cita tipo=»destaque»]Desde ahora cualquier arreglo, modificación, mantención que haga su dueño ya no queda a su libre arbitrio, si no que deberá efectuarse con el patrocinio de profesionales y contando con las autorizaciones respectivas, lo que parece una excelente medida, pero como en los hechos aquello no es gratis y alarga demasiado la remodelación, se opta por no hacer nada[/cita]

El efecto de una política pública mal pensada, es aún mayor. Hace pocos días mientras las autoridades –alcaldesa, intendente, ministro OOPP- anunciaban la restauración de la Basílica del Salvador, vecinos del Barrio Brasil clamaban por la intervención en otros inmuebles patrimoniales muy deteriorados que fueron abandonados a su suerte por sus dueños –no los pudieron seguir manteniendo- y se transformaron en un punto negro. Habitados por personas que por su precariedad generan indefectiblemente incivilidades para el entorno. Agravando más la responsabilidad municipal de no haber sopesado los reales efectos de enarbolar la bandera del patrimonio, sin medir sus consecuencias.

Hoy, que existe conciencia sobre el tema, bien vale pensar una nueva institucionalidad que esté de acuerdo con los tiempos. El Consejo de Monumentos, quedó totalmente sobrepasado y debe prontamente –antes que sigan deteriorándose más- consensuarse la institucionalidad pertinente que dé un apoyo real al propietario y que lo motiven a conservar su inmueble. Basta de preocuparse del Patrimonio, debemos comenzar a ocuparnos del mismo protegiéndolo de verdad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Publicidad

Tendencias