Durante los últimos días, se publicaron los datos correspondientes a la Dirección de Presupuestos, tras los cuales se estimaría que, hacia el año 2025, la reforma educacional tendrá un costo equivalente al 2,17 % del PIB, dentro de lo cual más de la mitad de los gastos irán a parar al financiamiento de la gratuidad en la educación superior, y tan solo un 6,9% correspondería al financiamiento para la educación preescolar –esto último ni siquiera pensando en el fortalecimiento de la calidad educativa en tan importante segmento–, sino que tan sólo al piso mínimo de avanzar en la cobertura de esta.
Escuálida y pobre cifra de gasto para la educación temprana, si consideramos y nos abocamos realmente a una sociedad de oportunidades para todos sus hijos, sin importar su condición socioeconómica, sino tan solo las condiciones de mérito, esfuerzo y talento. Y es que si hay un concepto que ha sido reiterativo durante el último tiempo en el espacio público, ha sido lo relativo a la desigualdad social.
Pues bien, si existe una política pública que podría ayudar a disminuir dichas brechas sociales, esa es una política que sitúe en el centro de sus ocupaciones a la educación inicial, ya que como la literatura en dicha materia lo comprueba, es allí donde se comienzan a fraguar las grandes diferencias que después, con el paso de los años, tan solo se van profundizando y expresando a través de los diversos mecanismos de medición.
Es en la educación preescolar, en donde se deben concentrar los principales esfuerzos, en esta etapa se forman y desarrollan las habilidades tanto cognitivas como psicológicas de cada persona, elementos vitales para el normal crecimiento y desarrollo humano.
[cita tipo=»destaque»]Es paradójico escuchar, en cada discurso, el del combate a la desigualdad y su eventual superación a través de múltiples formas de justicia social que, al final del día, al estar erróneamente enfocadas, solo vienen a continuar extendiendo la problemática.[/cita]
Por cierto, y en este mismo sentido, es clave aunar esfuerzos para recuperar la calidad de la educación escolar pública, en donde el 70% de dichos estudiantes no logra promediar 500 puntos en la PSU, con lo cual no pueden postular a las universidades tradicionales de calidad, tanto estatales como privadas, ni tampoco a las universidades particulares con criterios de excelencia fundadas desde la década del 80 a la fecha.
Es paradójico escuchar, en cada discurso, el del combate a la desigualdad y su eventual superación a través de múltiples formas de justicia social que, al final del día, al estar erróneamente enfocadas, solo vienen a continuar extendiendo la problemática.
Es verdad, hay cifras de desigualdades excesivas que no hablan precisamente bien del estado de desarrollo económico de nuestro país, pero es aún mucho peor intentar frenar dichas situaciones a través de consignas injustas y regresivas como la de la educación gratuita para todos, incluyendo a quienes pueden costear su estadía en la educación superior.
Las políticas públicas, era que no, son pensadas y elaboradas para ostentar una prolongada duración y, por ende, para cada arista en la que se pretenda avanzar, se debe tener muy en claro que los cambios regirán a las futuras generaciones por al menos un par de décadas.
En este escenario, es urgente que los distintos actores del mundo de la educación alcemos con fuerza nuestra voz: el gasto en materia de Educación debe sufrir un cambio ahora ya. De lo contrario, cada año, informe tras informe de la OCDE, nos seguiremos dando cuenta de cómo hemos continuado desperdiciando oportunidades para aquella aspiración de que cada ciudadano, y en concreto, que cada joven, pueda cumplir sus sueños, expectativas y proyectos de vida, sin que para ello se configure en un problema su situación económica y, sobre todo, para que las sillas musicales dejen de tener nombre y apellido previamente determinados.
