Sin duda hoy estamos viviendo una crisis, que ha llevado a la ciudadanía a perder confianza en sus instituciones, pero por sobre todo en la clase política en su conjunto. La encuesta CEP de agosto del año pasado muestra que solo el 6% de los encuestados declara tener confianza en el Congreso y un 3% en los partidos políticos. Si bien la confianza en ambas instituciones era ya muy baja en julio de 2014, hoy se redujo a la mitad, alcanzando niveles mínimos. En la misma encuesta, la alternativa favorita para explicar la razón por la que desconfían de la actividad política es la corrupción, con un 62% de las menciones, y en segundo lugar porque prometen cosas que no cumplen, con un 30% de las menciones.
El Congreso y el Ejecutivo, en respuesta a su mala evaluación por parte de la ciudadanía y a los últimos acontecimientos que han dejado en evidencia vicios en el financiamiento de las campañas, han presentado diversas medidas que buscan, por una parte, abordar los problemas de financiamiento a la política y, por otra parte, volver a ganar la confianza de las personas. ¿Qué privilegiarán los parlamentarios a la hora de decidir, medidas que fortalezcan nuestra democracia, pero son impopulares, o aquellas que siendo populares debilitan aún más nuestra democracia?
Lamentablemente la señal que ha dado el Congreso ha sido clara, se privilegiará la segunda alternativa, es decir, aquellas medidas que son populares aunque dañinas para nuestra democracia, pues creen así restaurar en el corto plazo la confianza perdida, a pesar de que en el largo plazo resulten costosas para el país. Ilustremos lo recién dicho con algunos ejemplos.
Sabemos que las campañas políticas son vitales para la democracia, pues es la forma que tienen para darse a conocer quienes desafían a las actuales autoridades y entregan la posibilidad a los ciudadanos de elegir a quienes representen mejor sus preferencias e intereses. El principal desafío de los nuevos candidatos radica en darse a conocer, para ello hay dos factores que son claves: tiempo y dinero. Entre menos tiempo duren las campañas y entre más bajo sea el límite al gasto electoral, menos posibilidades tienen los candidatos para darse a conocer.
Sin embargo, el proyecto de Gobierno parece obviar estos factores avanzando en la dirección opuesta. El tiempo de campaña para candidatos a alcalde, diputado y senador sigue siendo bajo y los montos máximos permitidos se rebajaron. Esta medida en vez de fortalecer nuestra democracia la debilita, pues hace más escasa la información, que es vital para que el votante pueda tomar una mejor decisión, y eleva las probabilidades de “platas negras” en la política. ¿Por qué, se preguntarán, el Gobierno optó por este camino? La respuesta es fácil: porque es popular.
[cita tipo=»destaque»]Es triste ver cómo nuestros parlamentarios, conociendo las consecuencias de estas medidas, hacen vista gorda. Claramente esta no es la mejor manera de responder a la actual coyuntura, sino legislando de forma responsable para fortalecer nuestra democracia, aun cuando ello implique en el corto plazo abandonar el beneplácito de la gente.[/cita]
La mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con reducir el gasto de las campañas políticas, si se financian con recursos del Estado. Alguien podría objetar que esta no es la única razón, que también al bajar el límite del gasto electoral se limita la influencia del dinero, así quienes tienen menos recursos propios o menores posibilidades de recaudar dinero tienen más posibilidades de competir en igualdad de condiciones. La evidencia muestra, empero, que esto es falso.
En primer lugar, se puede subir el límite del gasto electoral, pero limitar los recursos que puede aportar el candidato (ya sea personal o por donaciones), siendo la principal fuente de financiamiento el Estado. Aquí, quienes tienen más dinero no tienen ventaja frente al que no tiene, pero para eso el Estado debe invertir más en política y eso tampoco es popular.
En segundo lugar, la evidencia (según datos del Servel) muestra que en todas las elecciones parlamentarias, desde que entró en vigencia la actual regulación, los diputados y senadores que fueron a la reelección no recibieron más donaciones vía aportes reservados para sus campañas que los candidatos que buscaban desafiarlos (ver González, Sierra y Szederkenyi, La práctica del financiamiento privado en las elecciones parlamentarias).
Si rebajamos el límite del gasto electoral y mantenemos el actual tiempo de duración de las campañas, es probable que los ciudadanos tengan menos oportunidades para conocer a los diferentes candidatos y sus propuestas, perdiendo competitividad el sistema, y/o que surjan nuevas formas ilegales, más sofisticadas, de aportar a las campañas.
Otra medida popular pero perjudicial es poner límite a la reelección de parlamentarios (no así de Presidente o alcaldes). “Suena” bien limitar la reelección, pues con ello se evita que alguien se eternice en el poder, produciéndose así una mayor circulación de parlamentarios que debiera favorecer a una mayor diversidad (representantes más jóvenes, más mujeres, minorías, etc.). Sin embargo, la experiencia internacional no ha sido exitosa en este respecto. Los países que han limitado la reelección de parlamentarios han visto deteriorada la calidad legislativa (pérdida de experiencia y el síndrome del pato cojo: quienes están en su último período están preocupados de su futuro laboral más que de su quehacer como parlamentario) y no han aumentado la diversidad de sus representantes.
La limitación a la reelección sería necesaria si fuera intrínsecamente malo que un parlamentario ostentara muchos años el cargo, pero ello no parece ser así. Como en cualquier profesión, realizar bien la labor de parlamentario es algo que se alcanza con la experiencia. Resulta, entonces, perjudicial para la tarea legislativa prescindir de los parlamentarios justo cuando han alcanzado la experiencia suficiente que les permite desempeñarse de forma óptima. El problema para una democracia sana no radica en el número de reelecciones de sus parlamentarios, sino en la posibilidad real de desafiar a los incumbentes y así hacer más competitiva las elecciones.
Por último, la Cámara presentó una serie de medidas que implican restricciones a ciertos beneficios que gozan los parlamentarios, pero que en estricto rigor no implican beneficio alguno para la ciudadanía ni para el Estado. En el afán de parecer austeros llegaron al absurdo de proponer renunciar a los kilómetros acumulados en las líneas aéreas. Los kilómetros acumulados no pueden ser transferidos al Estado por política de las aerolíneas, de manera que renunciar a ellos no trae ningún beneficio social aparejado, de hecho, los únicos favorecidos serán las propias líneas aéreas. En vez de proponer medidas cosméticas, que en nada aportan al país, sería mejor que se tomaran más en serio la labor legislativa, que muchas veces deja bastante que desear.
No siempre las ideas que son populares son buenas. Puede ser que estas ayuden en el corto plazo a restaurar la alicaída imagen de nuestro Parlamento, pero las consecuencias de estas malas decisiones las sufriremos en el mediano plazo. Es triste ver cómo nuestros parlamentarios, conociendo las consecuencias de estas medidas, hacen vista gorda. Claramente esta no es la mejor manera de responder a la actual coyuntura, sino legislando de forma responsable para fortalecer nuestra democracia, aun cuando ello implique en el corto plazo abandonar el beneplácito de la gente.
