Veredicto ciudadano: ¡culpables!

Mientras los tribunales de justicia realizan una paciente labor de investigación de casos por corrupción, colusión entre privados y abusos de poder en otras instituciones, la ciudadanía ya definió su veredicto: son todos culpables. Puede que aquello no sea totalmente cierto. Quizás, las sesudas investigaciones de fiscales y jueces determinarán que algunos de quienes pasan por el estrado no merecen un juicio. Sin embargo, como regla general, la ciudadanía hace bastante tiempo ya tomó una decisión: son culpables de abusar de su poder.

Entonces, las reiteradas afirmaciones hechas por políticos y hombres de negocios respecto a dejar que las instituciones funcionen, esperar que la justicia haga su trabajo antes de emitir un juicio, o no condenar en la plaza pública a alguien sin darle una oportunidad para que pruebe su inocencia, son frases que no afectarán el juicio ciudadano.

La opinión pública chilena ya está convencida que los poderosos –políticos, empresarios, representantes del clero, y militares– han abusado persistentemente de su poder. De la confianza se pasó al escepticismo, del escepticismo a la impotencia, y de la impotencia a la rabia y el malestar.

El juicio ciudadano es claro: los empresarios aprovechan su privilegiado acceso al poder para sacar ventajas del sistema y obtener leyes favorables a sus intereses, los políticos se mantienen en el poder gracias a esta privilegiada relación con los hombres de negocios, los tomadores de decisión se reservan privilegios y modelan la legislación para mantener aquella privilegiada posición.

Tampoco la ciudadanía cree en la justicia. La justicia –piensa la gente de la calle– opera muy bien para los pobres que terminan en la cárcel. Pero no funciona para los grupos privilegiados. No habrá cárcel para políticos, empresarios, curas o militares que abusaron de su posición de poder.

Aunque los delitos denunciados en el último tiempo son muy diferentes, la sensación que queda en la ciudadanía es que el abuso es parte del sistema en que nos relacionamos. Aquí no hay espacio para matices. Por ejemplo, es muy diferente utilizar información privilegiada, coludirse o adulterar una boleta o entregar una factura por un servicio no prestado. Sin embargo, a la luz de la ciudadanía el denominador común de todas estas prácticas es el abuso de poder.

Las respuestas políticas no alcanzan a comprender este malestar que se ha instalado en la sociedad. Las estrategias de empresarios o actores políticos es muy similar: primero se desmiente, luego se evita responderle a la prensa, luego buscan convertirse en víctimas de persecusiones de sus adversarios, a continuación se reconocen “errores”, y luego se apela a recursos judiciales para evitar el castigo.

[cita tipo= «destaque»]Tampoco la ciudadanía cree en la justicia. La justicia –piensa la gente de la calle– opera muy bien para los pobres que terminan en la cárcel. Pero no funciona para los grupos privilegiados. No habrá cárcel para políticos, empresarios, curas o militares que abusaron de su posición de poder.[/cita]

Los partidos políticos, en general, han optado por discursos cautos y extremadamente apegados al derecho, aludiendo a la necesidad de dejar que sean los tribunales los encargados de establecer la culpabilidad. No se comprende que la ciudadanía ya tomó su veredicto.

Lo anterior genera una percepción de agobiante inmovilismo. Los partidos siguen haciendo lo que han acostumbrado hacer por décadas. Ningún partido tradicional se atreve a cambiar prácticas concretas en la forma de hacer política. Ningún partido tradicional organiza una efectiva campaña pro transparencia de sus procedimientos internos. Ningún partido tradicional apuesta por una renovación en serio de sus principales liderazgos. Ningún partido tradicional organiza nuevas estrategias para relacionarse con la ciudadanía.  La oferta política sigue y probablemente seguirá siendo la misma.

Pensar que la solución está en “esperar que los tribunales dicten una sentencia” es no comprender la profundidad del problema de representación que vivimos. Esta crisis de representación no se resolverá por la vía de la justicia porque el tema no es judicial sino que eminentemente político.

Hace ya varios años que gran parte de la ciudadanía se desafectó de los partidos –no confía y no siente afinidad con ellos–. Por lo mismo, las instituciones políticas requieren de una nueva forma de relacionarse con esta ciudadanía desafectada.

Lo preocupante de todo esto es que ninguna de estas discusiones se da en el marco de los Congresos de los partidos de muy reciente data. Allí se sigue discutiendo lo que saben discutir: pactos electorales, definición de candidaturas y –con suerte– la lealtad con el programa de gobierno.

El sistema político chileno –por el momento– está condenado a convivir con una enorme masa de ciudadanía desafecta y una cada vez más pequeña masa de ciudadanía que seguirá concurriendo a votar en las elecciones. Si los partidos no cambian sus discursos y prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, estarán condenados a gobernar para unos pocos y seguramente a sucumbir en el mediano plazo.

En este escenario, existen tres opciones posibles: la regeneración de los partidos tradicionales, la emergencia de nuevos referentes o la emergencia de líderes carismáticos populistas que coparán el vacío de poder que se está generando. No hay mucha ciencia en esta repetida historia de auge y caída de los sistemas de partidos políticos, y no cabe duda que Chile experimenta los evidentes signos del declive de un sistema en fase de agotamiento.