Desde el comienzo del actual gobierno, algunos políticos y líderes de opinión han instalado la tesis de que se estaría en un contexto histórico particular, en donde la política habría entrado en una fase en que se encuentran en pugna dos visiones de sociedad: aquella que aspira a un cambio revolucionario, rompiendo con parte importante de lo realizado durante los últimos 25 años; y aquella que aboga por cambios graduales vía reforma, aceptando y valorando lo avanzado durante los gobiernos de la Concertación.
En la segunda tesis se adscribe prácticamente la totalidad de la derecha, sumada a importantes personalidades, militantes y simpatizantes de algunos partidos de la centro izquierda, varios de los cuales tuvieron cargos de relevancia política durante anteriores gobiernos, y que se han manifestado críticos frente a las reformas actualmente en curso.
Pero veamos qué hay de cierto detrás de este supuesto clivaje entre quienes pugnan por las reformas versus la revolución.
Por de pronto, es importante partir por aclarar que el concepto revolución, tal como lo entendemos hoy en día, es relativamente nuevo en la historia política. Lo que se conoce como cambio o transformación revolucionaria, era entendido, antes de la Revolución Francesa, simplemente como reforma. De hecho, uno de los cambios más gravitantes para la civilización occidental, la Reforma Protestante del siglo XVI, se llamó precisamente así, reforma, no obstante significar un quiebre radical dentro del cristianismo.
En Occidente, es a partir de la Revolución Francesa que el concepto revolución adquiere la connotación con la cual se aplica en nuestros días, lo que no significa que en la antigüedad no se hayan producido fenómenos con características propias de los cambios revolucionarios.
Asimismo, semánticamente es posible advertir que revolución tiene a su vez dos significados. Uno, vinculado a un tipo de movimiento, es decir, a una acción violenta e imprevista, y el otro, a una transformación radical, a un cambio profundo de una estructura social. El énfasis entre una y otra acepción de la definición, depende también desde el punto de vista con que se quiera tratar el concepto. Para un sociólogo, el énfasis va a estar puesto en el movimiento, mientras que para un jurista, va a estar más radicado en el cambio, en donde la revolución es puramente un hecho normativo. O sea, un hecho que tiene la doble naturaleza de ser al mismo tiempo la extinción del antiguo orden y la constitución del nuevo.
[cita tipo=»destaque»]No hay que ser muy perspicaz para comprender que nada tienen de revolucionarias las reformas que se han aprobado o están actualmente en discusión. Es más, me atrevería a decir que en la historia de nuestra institucionalidad republicana han existido varios gobiernos reformistas, destacando los de Frei Montalva y Allende como los más ambiciosos, pero revolucionarios, tanto en cuanto a movimiento como a cambio social, ninguno.[/cita]
Para Tocqueville, por citar un célebre ejemplo, la interpretación de la Revolución Francesa es la de una revolución como movimiento, no así como cambio, señalando que “lo que la Revolución hizo se hubiera hecho, no lo dudo, sin ella; no fue más que un proceso violento y rápido con la ayuda del cual el estado político se adaptó al estado social, los hechos a las ideas, las leyes a las costumbres”.
A contrario sensu, la revolución industrial hace referencia a un cambio radical de formas de producción, no así a un movimiento o acción violenta.
Asimismo, frente a la revolución, se contrapone el cambio reformista, aquel que se da, en cuanto al movimiento, a través de medios pacíficos, y en cuanto a los cambios de estructura social, de manera paulatina y gradual. Es decir, la reforma se caracteriza por ser un cambio dentro de la institucionalidad.
No obstante sus diferencias, tanto revolución como reforma tienen en común el que entienden los cambios como algo positivo y deseable, difiriendo en cuanto a los métodos y la profundidad de ellos.
Hecha esta conceptualización, es preciso aterrizar esta dicotomía hacia el contingente debate respecto a si el actual gobierno es depositario de una mirada revolucionaria de la sociedad o simplemente reformista.
A primera vista, y a la luz de las definiciones dadas, no hay que ser muy perspicaz para comprender que nada tienen de revolucionarias las reformas que se han aprobado o están actualmente en discusión. Es más, me atrevería a decir que en la historia de nuestra institucionalidad republicana han existido varios gobiernos reformistas, destacando los de Frei Montalva y Allende como los más ambiciosos, pero revolucionarios, tanto en cuanto a movimiento como a cambio social, ninguno. En el caso de la dictadura militar de Pinochet, no obstante haber transformado el orden social a través de medios violentos, por el hecho de provenir de las élites carece de un requisito distintivo de toda revolución, cual es, el provenir desde abajo, desde el pueblo, por lo que no cabe incluirlo dentro de lo que se entiende por una revolución.
De esta forma, en nada se asemejan los cambios impulsados por el gobierno de Michelle Bachelet a los propios de un gobierno revolucionario, y ante esto queda hacerse la pregunta de por qué ciertos sectores parecen interesados en hacer aparecer reformas graduales, discutidas y aprobadas dentro del marco constitucional, con estricto apego a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho, como resultados de una suerte de estado febril revolucionario.
Y la repuesta está en el concepto conservadurismo. El contrario al revolucionario es el reaccionario; el contrario al reformista es el conservador. Y como nunca, ha emergido durante estos últimos dos años una pléyade de conservadores tanto de derechas como de izquierdas que, oponiéndose a la idea de cambio en cuanto progreso, han enarbolado el argumento de la revolución para desvirtuar el ánimo detrás de los avances propuestos.
Utilizando la tribuna que dan los medios de comunicación de derecha, han asomado estas voces que exacerbando los conflictos y radicalizando las consecuencias de las reformas, atacan sistemáticamente los avances del actual gobierno mediante la vieja estrategia de infundir miedo en la población, recurriendo a los argumentos del bajo crecimiento, la falta de diálogo y la mala calidad técnica de las reformas, instalando a su vez, como marco conceptual, la falacia de que se estaría ante una disputa ideológica, en donde estarían siendo antagónicas visiones revolucionarias frente a visiones reformistas de la sociedad.
Como se aprecia, sostener aquello, además de incorrecto, denota una intencionalidad política detrás, cual es que las cosas no cambien y que se mantenga el statu quo impuesto por la dictadura. Por ello, impresiona que muchos de quienes lucharon de manera sincera y valiente por restablecer la democracia, hoy enarbolen este discurso maniqueo, detrás del cual subyace la intencionalidad de dar en el gusto a quienes no quieren cambiar los pilares ideológicos heredados del gobierno militar, tildando de revolucionarias a políticas públicas razonables y necesarias.
