Gatos cuidando la carnicería

La corrupción es sin duda el fantasma que hoy recorre el mundo, y Chile no es la excepción. Más aún, a diferencia de otros países, acá la indecencia no solo afecta a quienes ostentan el poder sino –lo que es quizás peor– a los guardianes de la probidad y la ética. Es decir, a quienes se eligió para cuidar a la sociedad en su conjunto y asegurar que los poderosos actúen con rectitud y honestidad, por más grande que sea su jerarquía, autoridad o dinero.

En los últimos días, el lodo manchó a Gonzalo Delaveau, ahora ex presidente de Chile Transparente, y a Gonzalo Molina, miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel).

No deja de ser revelador que la primera víctima chilena de los “Panamá Papers” sea el presidente de la filial local de Transparencia Internacional, Gonzalo Delaveau. ¡Qué ironía!

Desgraciadamente, no es la primera vez que esta prestigiada ONG se ve remecida por las acciones de su representación chilena. A fines de 2009, en plena campaña electoral entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera, este último aparecía mencionado en el informe anual de corrupción de la organización a raíz de la compra de acciones de LAN, haciendo uso de información privilegiada.

Efectivamente, Piñera había sido sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y debió pagar una multa. Pero un tecnicismo chilensis sostuvo que no se trataba de “uso de información privilegiada” sino de falta de prudencia para cumplir con el “deber de abstención de compra de acciones cuando se tiene información que el resto del mercado desconoce”. Difícil explicar la diferencia…

El escándalo fue mayúsculo, se intentó incluso que se modificara el informe internacional. Varios directores y fundadores de Chile Transparente –entre los que me cuento– renunciamos a la organización preocupados por el cambio de rumbo que, desde hacía unos meses, estaba adoptando la filial chilena producto de una crisis de financiamiento y gobierno corporativo.

Cinco años más tarde, el presidente local se ve obligado a renunciar por su relación con empresas instaladas en paraísos fiscales. Transparencia Internacional manifestó su “consternación” por esta situación y estuvo a punto de sancionar a nuestro país con la suspensión de la organización. Su presidente, José Ugaz, dejó en claro que si bien “Delaveau no ha sido acusado de acciones ilegales, y pueda explicar sus actividades, para nosotros ese no es el punto. No todas la compañías secretas son ilegales, pero muchas son usadas para esconder flujos de dinero y financiar actos de corrupción”.

Más allá de la legalidad de sus acciones, ¿al abogado Delaveau nunca se le ocurrió que era incompatible dirigir la filial chilena de la principal organización mundial contra la corrupción y, al mismo tiempo, ganarse la vida con negocios ocultos en paraísos fiscales? ¿Con qué autoridad pretendía promover la transparencia y la probidad mientras tenía intereses y/o asesoraba a empresas que ocultaban su identidad y, a lo menos, usaban resquicios para pagar menos impuestos?

La transparencia es precisamente el instrumento para evitar transacciones ocultas que pueden financiar el tráfico de drogas y armas, el soborno o la coima, entre otras prácticas que afectan directamente la vida de millones de ciudadanos.

¿No lo entendía así el abogado Delaveau? ¿No pensó que su quehacer profesional contradecía el código de ética de Transparencia Internacional?

[cita tipo= «destaque»]Más grave que la situación de Delaveau es la no-renuncia de Gonzalo Molina al Consejo Directivo del Servel. El abogado está involucrado ni más ni menos que en el caso SQM, y el SII se querelló en su contra por el pago de 131 millones de pesos a través de 61 facturas emitidas por la Corporación de Asuntos Públicos, institución ligada al financiamiento político de la UDI.[/cita]

Pero más grave que la situación de Delaveau es la no-renuncia de Gonzalo Molina al Consejo Directivo del SERVEL. El abogado está involucrado ni más ni menos que en el caso SQM, y el SII se querelló en su contra por el pago de 131 millones de pesos a través de 61 facturas emitidas por la Corporación de Asuntos Públicos, institución ligada al financiamiento político de la UDI.

En medio del escándalo de las boletas truchas que tiene a la política en un pantano, ¿al abogado Molina nunca se le ocurrió que era incompatible ser director del Servel y haber participado del financiamiento espurio de la política? Más allá de si puede o no probar su inocencia, ¿piensa que puede ser el guardián de los procesos electorales, velar por la probidad en los gastos de campaña y, al mismo tiempo, declarar ante los fiscales y enfrentar un juicio en el que precisamente se investiga la corrupción provocada por las malas prácticas entre política y dinero?

Tanto el Gobierno como el Parlamento están haciendo esfuerzos serios para modificar las leyes por las cuales se rige la actividad política. El Servel es sin duda una pieza clave para este objetivo, pero al abogado Molina no parece importarle. Si hubiera querido proteger a la institución –como lo planteó Delaveau al dar un paso al costado–, habría renunciado hace tiempo. Porque lo cierto es que para Molina la querella del SII en su contra no fue una sorpresa. Hace por lo menos un año, desde abril de 2015, cuando Ciper informó al respecto, el abogado sabía que estaba siendo investigado. Fue entonces cuando debió renunciar a su cargo.

Hasta ahora no hay indicios de que piense hacerlo. Sin embargo, su mantención en el cargo solo contribuye a aumentar la desconfianza y el desprestigio en la política, debilitando nuestra democracia. ¿Será eso lo que pretende?

Para asegurar el rol fiscalizador del Servel, se ha reforzado su autonomía y, por lo tanto, no es fácil remover a sus consejeros. Justamente esta semana se publicó la ley de Fortalecimiento de la Democracia que establece que será la Corte Suprema –a petición del Presidente de la República o de un tercio de los diputados en ejercicio– la que decida si un consejero del Servel debe dejar su cargo.

Entre las causales que se pueden esgrimir para la renuncia de un consejero está la “incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo” o “alguna causal de inhabilidad sobreviniente”. Es de esperar que no sea necesario que la Suprema analice problemas de esta naturaleza, considerando la falta de sensibilidad del consejero Molina para apreciar la realidad que vive el país. Sin duda sería preferible que él mismo recurriera a la causal de “renuncia por razones fundadas y aceptada por el Presidente de la República”.

Ojalá el abogado Molina siga el ejemplo de su colega Delaveau y renuncie cuanto antes. Le haría bien al Servel, al país e incluso a la UDI.

Los guardianes de la probidad no pueden parecer gatos cuidando la carnicería.