Opinión
Parece ser que Osvaldo Andrade se compenetró en su nuevo rol de presidente de la Cámara de Diputados. Se lo tomó en serio. Pero cuesta entender que el socialista Andrade no se haya dado cuenta de que la única forma de mostrar la ilegitimidad de esta ley es precisamente dejando en evidencia sus falencias.
Este viejo refrán significa, en términos simples, que una persona se apropia de un cargo y asume conductas que cree se esperan de él. No cabe duda que la presidencia de la Cámara y del Senado producen ese efecto hipnótico en nuestros parlamentarios. Es como que de la noche a la mañana se transformaran y, con la solemnidad propia de “hombres y mujeres de Estado”, pasaran a vivir –por un año– un sueño del que temen despertar.
Sin ir más lejos, Ricardo Lagos Weber nos sorprendió con su radical cambio de look, dando la clara señal de que para ejercer un cargo tan distinguido, se debe estar dispuesto incluso a modificar un estilo cultivado por décadas. Cosas del cargo. De hecho, si se quiere que un parlamentario muy radical y locuaz tenga un período de moderación, la estrategia es simple. Guido Girardi y Camilo Escalona dejaron las polémicas y denuncias durante 12 meses, adquiriendo un perfil conciliador y dialogante irreconocible.
El flamante presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade Lara (“Marcelo” en la clandestinidad), estuvo detenido en el Estadio Nacional y pasó por el recinto de tortura de Villa Grimaldi. Socialista de la antigua facción Almeyda, y ahora integrante de la Nueva Izquierda, el sector dentro del partido que lidera junto a Escalona y que pasó de ser la izquierda más dura del PS a una especie de socialdemocracia moderada.
Vamos a los hechos. Desde 1975 que existe en Chile la Ley Reservada del Cobre. Esta es una ley “emblemática” de la dictadura militar. Beneficia directamente a las Fuerzas Armadas y no tiene ninguna legitimidad por la forma en que fue aprobada (sin discusión pública, ni participación de actores sociales ni políticos). Es la única ley que tiene este carácter secreto y, por tanto, se desconoce la forma en que se entregan los fondos –equivalentes al 10% de las ventas del cobre–, ni a qué cuentas corrientes se depositan, tampoco se sabe en qué y cómo se gastan los recursos recibidos, ya que no están sujetos a fiscalización. Una ley completamente antidemocrática y propia de la Guerra Fría. Los tiempos han cambiado y seguimos igual, 26 años después de recobrada la democracia.
Pero como el país avanza a pasos agigantados en materia de transparencia, un ciudadano cualquiera –como usted o como yo– pidió al Consejo para la Transparencia (CPLT) revisar los contenidos de la ley, y el organismo autónomo accedió a que esto se cumpliera de manera parcial y se entregara parte del texto. El Gobierno decidió no apelar a la resolución, sin embargo, la corporación, de manos de su Presidente, Osvaldo Andrade, se opuso a que esto se lleve a cabo, argumentando que la ley solo puede ser revisada en oficinas de la Cámara.
Según Andrade, el CPLT se extralimitó en sus funciones. Un problema de forma que intenta esconder lo de fondo. ¿Es posible pensar que se puede poner en riesgo la seguridad del país si se accede a esta petición ciudadana? ¿Acaso los chilenos no tenemos derecho a conocer cómo opera una ley promulgada hace 41 años en un contexto de ausencia de democracia? Los graves hechos que se han conocido y que involucran al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, son prueba suficiente de que el cuerpo legal debe ser modificado por el Parlamento chileno. Paradójicamente, hasta ahora, los esfuerzos por revisar esta ley han estado más concentrados en la derecha que en la Nueva Mayoría.
[cita tipo= «destaque»]¿No era mejor para el país, y para él incluso, provocar el conflicto y así obligar al Gobierno y al Parlamento a retomar las iniciativas que buscan terminar con la ley? Pero no. Primó la dignidad, la investidura, el protocolo, la solemnidad del cargo. Total, Osvaldo, el hábito sí hace al monje. ¿O no?[/cita]
Parece ser que Osvaldo Andrade se compenetró en su nuevo rol de presidente de la Cámara de Diputados. Se lo tomó en serio. Pero cuesta entender que el socialista Andrade no se haya dado cuenta de que la única forma de mostrar la ilegitimidad de esta ley es precisamente dejando en evidencia sus falencias. ¿No era mejor para el país, y para él incluso, provocar el conflicto y así obligar al Gobierno y al Parlamento a retomar las iniciativas que buscan terminar con la ley? Pero no. Primó la dignidad, la investidura, el protocolo, la solemnidad del cargo. Total, Osvaldo, el hábito sí hace al monje. ¿O no?
