El debate respecto a qué es lo que realmente provocó la catástrofe ambiental en las costas de la Isla Grande de Chiloé, más allá de la definición de causalidad que determinará o no responsabilidades concretas, es de suma importancia porque vuelve a poner en el centro la cuestión del modelo de Estado y de desarrollo económico que rige en nuestro país. A lo largo de Chile, existen cientos de conflictos socioambientales, unos más activos que otros, que plantean una crítica a los dos modelos antes mencionados.
Por un lado, un Estado que define las estrategias de desarrollo desde el centro, y siempre en subsidio del mercado. Por otro, un modelo extractivista primario-exportador de gran intensidad, que mediante la apropiación privada y sobreexplotación de bienes comunes, genera irremediables impactos ambientales. Ambos modelos se fortalecen mutuamente, produciendo sistémicamente exclusión social, vulnerabilidad y dependencia.
El gobierno promueve la inversión de grandes capitales -nacionales y transnacionales- en los territorios, con la consiguiente imposición de lógicas mercantiles sobre las necesidades de las personas y la convivencia armónica con la naturaleza. La apropiación de nuestros bienes comunes es el “negocio normal” del capitalismo que, ayudado por subsidio u omisión regulatoria estatal, y bajo las banderas del “crecimiento” o “nuevas oportunidades de negocio”, genera exclusiones sociales en el seno de nuestras comunidades. Estas privaciones se dan tanto en el plano económico, así como social y político, y responden a una característica propia y estructural del modelo de desarrollo que Chile ha sostenido.
Conflictos socioambientales como los de Chiloé, desde una perspectiva de ecologismo popular, con objetivos políticos de transformación, tienen la importancia y complejidad de la universalidad que caracteriza las luchas territoriales. En otras palabras, permiten desarrollar una comprensión del funcionamiento del sistema social desde una perspectiva global.
[cita tipo=»destaque»]La salmonicultura, agroindustria y minería en la Isla no habían desatado tal nivel de conflictividad anteriormente debido a que el nivel de pobreza y aislamiento significaron la aceptación del chantaje: capacidad de consumo (modernidad) o medio ambiente limpio. Lamentablemente, la intensidad y desregulación de estas actividades hoy tiene como consecuencia el colapso de los ecosistemas marinos que implican la muerte masiva de ejemplares de la fauna, que además eran la fuente de alimentación e ingresos de una gran mayoría de la población local.[/cita]
Para seguir habitando el medio ambiente es necesario comprender todos sus componentes como necesarios para la armonía ecológica, comprender también que la afectación sistemática de este implica la imposibilidad de desenvolvernos libre y equitativamente en él. La salmonicultura, agroindustria y minería en la Isla no habían desatado tal nivel de conflictividad anteriormente, debido a que el nivel de pobreza y aislamiento significaron la aceptación del chantaje: capacidad de consumo (modernidad) o medio ambiente limpio.
Lamentablemente, la intensidad y desregulación de estas actividades hoy tiene como consecuencia el colapso de los ecosistemas marinos que implican la muerte masiva de ejemplares de la fauna, que además eran la fuente de alimentación e ingresos de una gran mayoría de la población local. Se vuelve a poner en relevancia la crítica al modelo de desarrollo económico desde una perspectiva ambiental, ya que, como lo han demostrado los múltiples conflictos socioambientales a lo largo del territorio, un medio ambiente sano es una condición sin la cual no es posible desarrollar prácticamente ninguna otra actividad humana de manera digna (educación, trabajo, salud, vivienda, etc.).
La única posibilidad de un futuro para Chiloé donde se respeten los equilibrios ecosistémicos que permiten el desarrollo natural y humano, requiere que sea la comunidad la que determine la mejor manera de vivir, no la industria salmonera o cualquier otra. Solo si esta participa de forma democrática en la gestión, el acceso y uso equitativo de nuestros bienes comunes, velando por su sustentabilidad ecológica y social, podremos evitar en el futuro situaciones de este tipo. Esto es aplicable a lo largo y ancho de todo el país, donde se padecen estos mismos patrones de extractivismo antidemocrático, sea en el ámbito minero, energético o forestal. En este sentido, la autodeterminación de los territorios debe ser parte de nuestro horizonte político común.
Para esto es necesario un Estado que reconozca y fortalezca formas de manejo y de cooperación que partan concretamente de las características del patrimonio natural y de la consideración de las circunstancias socioeconómicas, culturales y ambientales de las comunidades. En esta línea es que debemos elaborar conjuntamente una alternativa que dé una salida de perspectiva nacional a todos aquellos conflictos socioambientales y problematizarlos en aquellos espacios de definición que permitan a las comunidades ir dando cabida a estas alternativas.
Hoy, dentro del debate constitucional, tanto en la propuesta del gobierno como en las elaboraciones ciudadanas, debe darse la discusión sobre qué tipo de modelo de desarrollo económico y social queremos para el país, considerando sus características geográficas, las necesidades de las comunidades, la soberanía de los territorios y los efectos del cambio climático.
