Chile ostenta dos récords en América Latina. Por una parte, es el país que tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad (279 por cada 100 mil habitantes). Por otra, exhibe el índice más bajo de prisión preventiva de la región. De hecho, quienes esperan en la cárcel el veredicto de la justicia representan solo el 28,4% de la población penal total.
Curiosa ambivalencia. Porque en un sentido nos acerca a EE.UU., que encabeza el ranking mundial de reclusos por número de habitantes; y en el otro, al modelo europeo. Semejanza que, por lo demás, se considera casi siempre como un logro de la Reforma Procesal Penal, de reconocida militancia garantista.
Sin embargo, ni el rigor en una dirección, ni la benevolencia en la dirección opuesta, han resultado eficaces. De hecho, un 76% de las personas que delinquen en nuestro país es reincidente y no ha pasado más de 1 año en la cárcel. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las penas no tienen la fuerza suficiente como para ser disuasivas, pero tampoco la consistencia que se requiere para reintegrar socialmente al que ha cometido un delito.
La política en materia de seguridad, por tanto, ha fracasado. Probablemente porque no alcanza a satisfacer las exigencias de ningún modelo penal entre todos los posibles; y toma de ellos aspectos tan puntuales, tan aislados, que no alcanzan a cumplir con la función que tendrían si estuvieran insertos en un plan dotado de cierta organicidad.
En efecto, el aumento en la severidad de las penas es inconducente si en términos efectivos ellas no se cumplen. Y la disminución de la prisión preventiva no es garantía de nada si quienes gozan de ese privilegio no lo merecen.
El problema de la delincuencia se inserta, además, en un tejido social cuyos indicadores son, en algunos aspectos, alarmantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la familia: más de un 50% son monoparentales y están conformadas por hijos de diferentes padres. Y de cada 10 nacimientos que hay en el país, 7 corresponden a niños nacidos fuera del matrimonio y de cualquier otra forma de unión estable. La natalidad está liderada, además, por mujeres que tienen entre 15 y 19 años. En materia de educación, 7 de cada 100 niños abandonan la educación primaria; y 11 de cada 100 la secundaria.
[cita tipo=»destaque»]El problema de la delincuencia se inserta, además, en un tejido social cuyos indicadores son, en algunos aspectos, alarmantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la familia: más de un 50% son monoparentales y están conformadas por hijos de diferentes padres. Y de cada 10 nacimientos que hay en el país, 7 corresponden a niños nacidos fuera del matrimonio y de cualquier otra forma de unión estable. La natalidad está liderada, además, por mujeres que tienen entre 15 y 19 años. En materia de educación, 7 de cada 100 niños abandonan la educación primaria; y 11 de cada 100 la secundaria.[/cita]
Y no se trata de un prejuicio o de una asociación libre. Un 47% de la población penal empezó su carrera delictiva a los 13 años, y pertenece a los estratos donde la inestabilidad de la familia y la más absoluta falta de oportunidades (asociadas a una educación deficiente) constituyen una constante.
Chile ostenta dos récords en América Latina. Ninguno de ellos da cuenta, sin embargo, de un avance en materia de seguridad. Entretanto, las discusiones sobre la cuestión versan sobre la prohibición del uso de una capucha, sobre los derechos que vulnera el control de detención, en fin, sobre lo que no es más que la cáscara de una fruta podrida.
